“Con esta ley el gobernador, tendrán la suma del poder público para decidir qué vender, cómo vender, a quién vender y por cuánto vender, se convalida con esto, la entrega del patrimonio de los riojanos”, disparó la diputada Inés Brizuela y Doria al fundamentar el dictamen de minoría que presentó su bancada para rechazar el proyecto este jueves.
Como miembro informante de su bloque, desmenuzó artículo por artículo de la iniciativa bederista, y tras cuestionarlos ironizó: “la única innovación que plantea la ley en discusión, es otorgarle a la Función Ejecutiva plenos poderes para que decida por sí sola, sin previa autorización, la venta del patrimonio de todos los riojanos, con la facultad de fijar el precio de venta en base a una fórmula tramposa, que determina un valor irrisorio para la inversión que el estado ha realizado hasta ahora”.
Por su parte, con documentación en mano su colega Walter Cruz puso de ejemplo algunas SAPEM que este año emitieron cheques sin fondo, y cuestionó “¿estas son las empresas en las que se fijaran por privados para venir a invertir?”.
También la presidenta del bloque, Marta de León, cuestionó la escasa y pobre de información enviada por el Ejecutivo, para analizar la real situación de las empresas del Estado.
Brizuela y Doria cerró la exposición de su bancada pidiendo “que revean su decisión, que replanteen la cuestión y que tengan en cuenta que su responsabilidad será demandada por el pueblo de la provincia, y la alternativa que planteamos es que se abstengan de vender las empresas del Estado porque eso lo va a disponer el próximo gobierno que va a encabezar Fuerza Cívica Riojana”.
Principales puntos cuestionados
En el artículo 5º se establece que las Empresas Productivas deberán fijar su organización empresarial. Es decir, que las mismas empresas determinarán qué figura socetaria utilizar, SA, SRL, Cooperativa, etc. Asimismo fijaran los órganos que la gobiernen (gerentes, presidentes, etc) como también si van a tener órganos de control o no. Esto es INACEPTABLE si tenemos en cuenta que estamos hablando de dineros públicos.
A partir del artículo 10º se puede observar el otorgamiento de un cheque en blanco por parte de la Cámara al Ejecutivo, lo que es peor aún, a las Empresas Productivas. En el mismo establece que: “las Empresas Productivas y/o la Función Ejecutiva,…, podrán implementar los siguientes mecanismos de cooperación, integración y reestructuración…”
Pero el mayor obstáculo que advertimos para acompañar el proyecto en estudio, y que tiñe la norma de inconstitucionalidad palmaria, es la facultad que el Art. 30 le confiere al Gobernador de la Provincia: “…la Función ejecutiva tendrá facultades para realizar la correspondiente transferencia sin necesidad de aprobación previa”. Ésta “delegación” de facultades es absolutamente inaceptable. Implica que la Función Legislativa abdique, lisa y llanamente, de facultades y obligaciones que le son propias e indelegables.
Es interesante analizar el artículo 30º de este proyecto de Ley que fija las pauta de valuación de las Empresas Productivas: … la Función Ejecutiva tendrá facultades para realizar la correspondiente transferencia SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN PREVIA, siempre que la correspondiente valuación no sea inferior al valor de los activos con deducción de las amortizaciones y del pasivo en relación con la cantidad de participaciones societarias objeto de la transferencia.
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