Una comitiva libertaria, integrada por funcionarios nacionales del área de discapacidad y también legisladores, paseó por Dubái. Una legisladora porteña incluso presentó un proyecto desde Medio Oriente.
Para el miércoles está prevista una marcha de organizaciones al Senado para reclamar por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Romina Núñez, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, estuvo recorriendo Dubái y desató la furia de las ONG.
Núñez no estuvo sola: María Emilia Orozco, diputada de LLA y la legisladora porteña y karateca Lucía Montengro también viajaron a al emirato. Las tres estaban invitadas a Israel a un viaje con la temática «Accesibilidad y tecnologías para personas por discapacidad», según publicó Montenegro en su cuenta de Instagram.
«Las pensiones no contributivas por invalidez no alcanzan ni para cubrir una canasta básica.
Las personas con discapacidad siguen esperando turnos médicos, apoyos, acompañantes terapéuticos, accesibilidad, tratamientos, vivienda y dignidad. ¿Qué hacen quienes deberían estar gestionando soluciones? Se sacan selfies en Dubái», reclamaron desde Hablemos de Autismo en Quilmes.
En una de las fotografías que otro de los viajantes subió a las redes, se ve a la comitiva posando frente al Burj Khalifa, uno de los edificios más emblemáticos del mundo. También se sacaron una foto frente a la cascada de los clavadistas del Dubai Mall y disfrutaron de un «Qahwa», el café árabe tradicional.
No queda claro si por la guerra con Irán pudieron viajar a Israel o debieron permanecer en Dubai.
Su presencia física en Medio Oriente no le impidió a Montenegro presentar el martes un proyecto para declarar de interés legislativo la carta que un soldado argentino le envió a su padre durante la guerra de Malvinas.
“Idiota”, “imbécil”, “débil mental”: el Gobierno de Milei resucitó insultos para clasificar la discapacidad
En el mes de Febrero Argentina cambió la denominación legal de los distintos grados de afectación de aquellos que pueden pedir una pensión por invalidez . La Casa Rosada rectificó tras la difusión del texto en redes sociales y periódicos
Cualquier persona con algún grado de discapacidad intelectual en Argentina será considerada “idiota”, “imbécil” o “débil mental”. El Gobierno de Javier Milei desempolvó términos ya en desuso para la evaluación de aquellos merecedores de una pensión por invalidez. El decreto con la nueva escala, redactado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), mereció el repudio de las organizaciones que representan al colectivo, que lo consideraron arcaico y discriminatorio y violatorio de resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a las que adhiere Argentina.
Es habitual que Milei tilde a sus críticos de “idiotas”, “descerebrados” y “mogólicos”, cuando no apela al menos creativo “hijos de puta”. Suele decir que las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin eufemismos de la “cultura woke”, a la que considera un “cáncer” que es necesario extirpar de la sociedad. Su verborrea ha calado también en la Administración. A finales del año pasado, la ANDis revisó el reglamento para el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral, que utilizaba criterios acordes a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la ONU en 2008. En Argentina, ese texto tiene rango constitucional, pero la ultraderecha de Milei lo consideró demasiado laxo y, por lo tanto, una puerta al fraude. El 14 de enero, el Gobierno publicó en el boletín oficial un nuevo baremo que, en el apartado de Psiquismo cambia los niveles de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda por “idiota”, “imbécil”, “débil mental profundo, moderado o leve”.
El reclamo de las organizaciones no tuvo efecto alguno, hasta que el tema empezó a circular por las redes sociales y llegó a la prensa. Este mismo jueves, la ANDis publicó en Instagram que había sido “un error” usar “términos de la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual que, en la actualidad, han sido discontinuados”. La resolución y su anexo, adelantó la agencia, “serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes”.
El anexo del decreto, aún vigente, dice: “El idiota no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo. El imbécil no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias. El débil mental profundo solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”, dice el anexo del decreto. ”En algunos casos, el diagnóstico puede no requerir la interconsulta de un especialista, como en el Síndrome de Down, cuadros demenciales en período de estado, debilidades mentales profundas, ya que los parámetros clínicos serán soberanos”, es decir, a la vista de todos, agrega el texto.
El nuevo baremo se copió palabra por palabra de un decreto firmado en 1998 por el presidente Carlos Menem, peronista ultraliberal al que Milei considera fuente de inspiración. Bajo el título Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores, aquel texto desarrollaba en 48 páginas “una metodología de evaluación del deterioro psico-físico, con criterio uniforme, que permita determinar el grado de incapacidad” de aquellos que piden una pensión por invalidez. La norma fue modificada años más tarde para adaptarla a los requerimientos de la ONU.
Los cambios en la reglamentación pasaron en su momento desapercibidos. Hasta que la cuenta de X llamada Arrepentidos de Milei difundió el decreto y rápidamente lo volvió viral. Las organizaciones que representan al colectivo, sin embargo, ya habían hecho lo suyo. El 3 de febrero pasado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis ONGs presentaron un reclamo al Ejecutivo para que derogue la normativa. “Esta regulación”, dice el texto, “implica un retorno al modelo médico de la discapacidad, y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de este colectivo. El anexo de la resolución asume que hay personas que nunca podrán trabajar, y recurre a términos como ‘retraso mental’, ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Resulta innecesario ahondar en el carácter discriminatorio, obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar”.
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