Luego de que el Gobierno nacional clausure las negociaciones sobre el Presupuesto 2025, así como también desestimaron incluir el debate cuando convoque Javier Milei a sesiones extraordinarias, la oposición habla de incluir el debate sobre la ley de leyes el año próximo. En este marco, una de las provincias que más se pronunció para el tratamiento del Presupuesto fue La Rioja, debido a la necesidad de obras públicas e infraestructura para el territorio.
En comunicación con El Destape 1070, la diputada Gabriela Pedrali explicó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue uno de los principales actores para «invisibilizar y negar» la deuda que mantiene Nación con la provincia, por un total de «482 mil millones de pesos y 482 millones de dólares».
Bajo la misma línea, subrayó la importancia del punto de coparticipación que recibía la provincia en compensación por un recorte que hicieron sobre la misma en 1987: «Llega a través de la ley de leyes un punto de coparticipación perdido en ese año, donde se incluye el apoyo para La Rioja. Ahora los fondos de la provincia no están en el Presupuesto 2025 y nos negaron ese punto durante toda la gestión».
🎙️ "Desde Unión por la Patria no acompañamos la reelección de Martín Menem como presidente porque no vamos a naturalizar las graves arbitrariedades todo este año"
— eldestape1070 (@eldestape_radio) December 6, 2024
🗣️ Gabriela Pedrali sobre la reelección de Martin Menem en la presidencia del Congreso de la Nación. pic.twitter.com/vrwNs84UYL
«Al no querer tratar el Presupuesto 2025 se deja en claro que no hay un plan de Gobierno por parte de Nación. No hay mayor previsibilidad para las provincias que tener un presupuesto, que es una herramienta fundamental para que la ciudadanía también controle qué es lo que hace el Gobierno, que es lo que aportamos todos los argentinos por nuestro presupuesto», agregó.
Por último, la diputada señaló que desde los distintos bloques que conforman el Congreso Nacional suelen llevar un resumen de las obras de infraestructura más importantes para cada territorio, para que luego el Gobierno nacional las analice y determine el presupuesto en base a tal información. Sin embargo, la gestión libertaria «directamente no acepta» el diálogo sobre las obras públicas.
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