Financiamiento de películas, jornadas partidarias, stands en Tecnópolis y hasta la creación de una medidora de audiencia televisiva que compita con Ibope. El menú es amplio y millonario. Los convenios que firman organismos del gobierno nacional con las universidades públicas, sobre todo las del conurbano bonaerense creadas en los últimos años, abren cada vez más sospechas y críticas acerca de su transparencia y control.
El sistema, que en los últimos años creció en volumen de dinero y en diversidad temática, permite a los ministerios del Gobierno evitarse los pasos burocráticos y de control que por ley rigen las contrataciones por parte del Estado, como las licitaciones.
Uno de los ejemplos más polémicos de esta política, que fue cuestionada por la Auditoría General de la Nación (AGN) por su falta de transparencia (ver aparte), ocurrió cuando el Ministerio de Educación le aportó a la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) casi 46 millones de pesos -pagados en dos tramos, de 22 millones, en 2010, y de 23,5 millones, en junio pasado- para la creación de una medidora estatal de audiencias. Sobre esta especie de «Ibope kirchnerista» existen inquietudes no sólo acerca de la falta de control del monto invertido, que algunas fuentes juzgaron muy abultado, sino también por su funcionamiento. El resultado de ese convenio, que además de la medidora de audiencia incluía la creación de un «laboratorio de análisis social de la ciudadanía latinoamericana», aún no se conoce. Lo que sí se sabe es que la Unsam finalmente contrató a una agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la licitación del desarrollo de la tecnología, que cerró en 17 millones de pesos en favor de una empresa uruguaya, Transix SA. Éste es apenas un capítulo de un entramado bastante turbio, dado que no existen registros sobre los convenios ni un control centralizado.
Desde el Ministerio de Educación afirmaron a LA NACION que «el tema de la administración de los fondos y del control pasa por los mecanismos internos de cada universidad». «Tenemos controles administrativos que cumplimos siempre y contamos con todos los expedientes en regla», indicó a su vez una fuente de la Unsam que no quiso ser identificada.
Otro caso controvertido lo puso en evidencia el presidente de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, Jorge D’Agostino, cuando denunció al gobernador de esa provincia, Sergio Urribarri, por un «convenio de cooperación» pactado con la Universidad Tres de Febrero (Untref), por el cual se le entregó a esa casa de estudios un subsidio de un millón de pesos destinados, en realidad, a la película Puerta de Hierro , actuada y dirigida por Víctor Laplace.
«La película se hizo y se estrenó en Paraná, pero carecemos de posibilidades del seguimiento del dinero y de su aplicación. Además, nuestro reclamo es por la absoluta inequidad que supone una ayuda a una película de la Untref mientras que a los docentes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que tienen dificultades con sus salarios y las coberturas económicas para la extensión y la investigación, ni se los mira», expresó D’Agostino.
El número de universidades nacionales en el conurbano bonaerense creció en los últimos años. Durante la gestión kirchnerista se fundaron doce universidades nacionales, seis de las cuales están ubicadas en la provincia de Buenos Aires.
El 13 de mayo pasado, el Ministerio de Educación remitió a la Universidad Nacional de La Matanza (Unam) 889.781 pesos para la realización de un evento denominado Congreso Nacional de Democratización de la Justicia. Según pudo saber LA NACION, se trató de un acto de un día en el que participaron la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Garbó. Semanas antes, el 19 de febrero, el Ministerio de Educación había rubricado otro polémico convenio por dos millones de pesos con la Universidad de Lomas de Zamora para «financiar actividades con el objetivo de abordar la temática de derechos humanos» en el espacio cultural Ecunhi de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ubicado en la ex ESMA. No se informó de más detalles.
Alejandro Estupiñan, concejal del GEN de Florencio Varela, donde se fundó la Universidad Nacional Arturo Jauretche en 2009, hace una descripción de esa nueva casa de estudios que puede contribuir a entender el modelo: «Acá la universidad es una extensión del municipio, los empleados son todas personas cercanas al intendente y al gobierno nacional». En la entrada de esta universidad hay un gran cartel que dice «Gracias Cristina».
Marcos Novaro, director del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, hace tiempo que critica el manejo del presupuesto universitario y los subterfugios creados a través de estos convenios. «Estamos escuchando de varios casos en que se usan las universidades para no tener que hacer licitaciones y evadir contratos, porque los mecanismos de control que deberían fiscalizar a las universidades ya no cumplen con su función. Así, a los intendentes les conviene tener una universidad en su distrito, que pueden utilizar de caja, aprovechando el descontrol de los fondos», afirmó Novaro.
Las universidades no publican todos los convenios de cooperación que firman y el Ministerio de Educación, a cargo de Alberto Sileoni, sólo informa de aquellos en los cuales participa, por lo que no hay una manera de acceder al detalle de todos los suscriptos. Este año LA NACION publicó dos casos de convenios firmados con las universidades nacionales de La Matanza y de San Martín para la construcción de stands en la feria Tecnópolis, que costaron entre 11 y 15 millones de pesos. De esta manera los organismos oficiales se evitaron la licitación pública que debería haberse abierto.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) auditó los mecanismos de control interno de varias universidades nacionales entre 2010 y 2011. LA NACION realizó un pedido formal de esos informes por mesa de entrada, pero fue infructuoso.
Consultada por esta maraña de convenios, que incluso llegaron a implementarse a través de algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN-provincia de Buenos Aires), opinó: «Las universidades se prestan para el manejo irregular de fondos y vemos muchas que son funcionales al kirchnerismo. Por medio de los convenios y los subsidios, el gobierno nacional logra cooptarlas funcionalmente, aun cuando en muchos casos las universidades no se benefician directamente».
El «Ibope oficial» tuvo repercusión en el Senado. En 2011, por iniciativa de la senadora Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba), se le solicitó al Poder Ejecutivo que informara sobre la implementación del «laboratorio de análisis social de la ciudadanía audiovisual». Pero el pedido de informe que intentaba indagar en las formas de contratación y transparencia no se aprobó.
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