El abogado argumentó que «el pedido se hace por incumplimiento de la ley N° 10.185, la cual expresamente establece la obligación del Juez de dar participación a la víctima antes de disponer sobre cualquier cambio en el régimen de prisión del victimario».
«Observar y velar por el estricto cumplimiento de la ley es el objeto del OVIDELAR y estamos dando la pelea, haciendo todo lo posible para lograr que Jueces, Fiscales y policías cumplan y respeten los derechos de las personas víctimas de delitos», agregó.
Luego expuso: «También pondremos a consideración nuestro proyecto de Unidad de Control y Seguimiento de medidas de restricción que tenga como misión específica monitorear y hacer cumplir efectivamente resoluciones dictadas por los jueces en ese sentido..Actualmente nadie se hace cargo de ningún tipo de control».
Por último, explicó que «la Creacion con rango constitucional de la Defensoria Gral de la Víctima sin recursos para pagar un abogado, estas personas quedan a la deriva sin tener representante legal y en gran desventaja respecto al VICTIMARIO que si no puede costear un abogado se lo pone el estado.. Asimismo peticionamos la modificación del Código de Contravenciones de la dictadura, que viola garantías y derechos constitucionales. Ambos temas están en la agenda y los anunció el Gobernador Ricardo Quintela, instamos a su concresión y estaremos dando otro paso importante».
El TSJ expresa su adhesión a las normas de protección de la víctima
En un comunicado de prensa de la Función Judicial el Tribunal Superior de Justicia expresó que ante las afirmaciones periodísticas de víctimas y familiares sobre supuesta falta de intervención de los mismos en trámites excarcelatorios, prisiones domiciliarias.
Asimismo, el TSJ expresó que, de existir irregularidades en cualquier causa, la víctima o familiares, el Ministerio Público Fiscal y o el representante legal, deberán cuestionar dichas violaciones a los derechos de las víctimas, ante los jueces que generaron dichas resoluciones, mediante los mecanismos legales que el Código prevé.
Asimismo, para el caso en que la víctima o sus familiares considere dichas irregularidades graves, podrán recurrir a los resortes constitucionales de remoción.
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