El presidente Javier Milei designó como Director Titular de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado al contador público Hugo Alejandro Pascarelli, hijo del coronel Hugo Idelbrando Pascarelli, genocida de la última dictadura militar que fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino «El Vesubio», entre abril de 1976 y septiembre de 1978, en la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza. Desde la agrupación H.I.J.O.S. Capital apuntan contra casos que «no son aislados», alertan sobre la vulneración de derechos humanos en el DNU y la Ley Ómnibus y sostienen que están «armando una especie de ‘familia’ de la descendencia» de aquel terrorismo de Estado pero en democracia.
Dicha confirmación se dio, el pasado miércoles 24 de enero, a través del decreto 79/2024, que lleva las firmas del presidente de la Nación y también del actual ministro de Defensa nacional, Luis Petri. Pascarelli padre, fallecido a los 88 años en junio del 2017, fue Jefe del Grupo I de Artillería Mecanizada de Ciudadela (1975-1976) y presuntamente, responsable de 33 fusilamientos entre el 5 de enero y el 3 de febrero de 1977.
«La postura nuestra como organismo de DD.HH., con estas designaciones, es evidenciar que con este gobierno no solamente está la continuidad de los civiles del terrorismo de Estado como cabeza del plan económico, sino que también en las designaciones que ya tienen que ver con otros lugares como defensa, está apareciendo la familia militar. En ese sentido, encontramos distintas designaciones que tienen que ver con familiares directos o indirectos de genocidas que fueron investigados o -en algunos casos- condenados», señalaron desde la organización H.I.J.O.S. Capital a El Destape. Y apuntan que «no existe una herencia biológica de la culpabilidad en delitos de lesa humanidad» pero sí entienden como organización que hay otras «personas idóneas» para ocupar los cargos para los que fueron designados.
Hugo Idelbrando Pascarelli fue condenado a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, en septiembre del 2011, por sus crímenes en el Centro Clandestino de Detención (CCD) «El Vesubio» y a su vez, estaba procesado en otras causas como las del Pozo de Quilmes y el de Banfield. Junto a él, también fueron condenados otros militares como Roberto Carlos Zeolitti, Ramón Antonio Erlán, Ricardo Néstor Martínez, Jorge Néstor Maidana, Diego Salvador Chemes y Héctor Humberto Gamen.
Entre los principales delitos por los que fue acusado el padre del nuevo director de Fabricaciones Militares, los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Jorge Luciano Gorini señalan: «homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas» -reiterado en tres oportunidades- y en concurso real con el delito de «privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes» -en ocho oportunidades-, en concurso real con el delito de «imposición de tormentos, agravados por la condición de perseguido político de la víctima».
«Entendemos que los eligieron por ser quienes son, por tener una continuidad en ideas y que efectivamente constituye una gran provocación a la lucha histórica de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de derechos y de la población en general, una lucha que es reconocida en el mundo», sostuvieron desde hijos. Y marcaron: «Pensar que ciertos apellidos vuelven a las instituciones del Estado… Entendemos que hay una sociedad que votó, que puso la democracia en las urnas a su manera y a su forma de interpretar cuál debía ser el proyecto que represente al país, pero de ninguna manera podemos permitir que en las instituciones del Estado entren estas personas».
Otras designaciones con vínculos en la dictadura
Cabe señalar que, además de Pascarelli, se suman otros nombres relacionados con la última dictadura militar que también tienen algún tipo de vínculo con genocidas y condenados por estos delitos. Según indicó la agrupación H.I.J.O.S. Capital, también se destaca la designación de Claudio Pasqualini, como Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, quien además de ser «defensor de la memoria completa» y de que su esposa María Laura impulsa el reclamo de impunidad considerándolos «presos políticos», es yerno del coronel represor Athos Renés.
En diálogo con El Destape, Giselle Tepper señaló que -en algunos casos- no solo está la vinculación sino también una apología al terrorismo de Estado, la teoría de los dos demonios o la idea de memoria completa «explícita en las formas discursivas» que reflejan, según su mirada, «el proyecto de país de Victoria Villarruel», generando importantes alarmas en los organismos.
El Mayor del Ejército Renés fue condenado a prisión perpetua, en mayo del 2011, por su participación en la Masacre de Margarita Belén (1976), como coautor responsable de 11 homicidios doblemente agravados (por alevosía y por el número de partícipes) y por el delito de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia. Durante dicha masacre, el 13 de diciembre de 1976, se desempeñaba como Jefe de la Compañía de Comunicaciones VII (en Resistencia).
A los ya mencionados se suma Alberto Presti, como nuevo jefe del Ejército del Gobierno de Javier Milei, quien se desempeñó como comandante de la IV Brigada Aerotransportada de Córdoba. Se trata del hijo del genocida Roque Carlos Presti, muerto impune pero imputado por estar a cargo del Regimiento N°7 de La Plata y el secuestro, desaparición y tortura de 44 personas. Además, el coronel estaba a cargo de centros clandestinos como «La Cacha», «Arana», «La Calesita» y las Comisaría 5ta y 8a de La Plata y una Guardia de Infantería.
Según indicaron diversas organizaciones, Presti padre fue quien secuestró a Clara Anahí Mariani, a los tres meses de vida, cuando allanaron y atacaron a tiros la casa de sus papás Diana y Daniel, en la ciudad capitalina de Buenos Aires. Al intentar escapar del operativo, Diana fue asesinada y su beba, raptada por las fuerzas de seguridad. Los restos de ambos no pudieron ser recuperados y Clara continúa desaparecida hasta el día de hoy. Su abuela, María Isabel «Chicha» Chorobik de Mariani, fundadora de la organización, falleció en agosto del 2018 sin poder conocerla.
Desde H.I.J.O.S. Capital señalan que entienden a dichas designaciones como «representación de una matriz ideológica sobre el país» y se dan en un contexto donde el Congreso de la Nación se encuentra debatiendo la Ley Ómnibus que «de manera totalmente irregular, viene a vulnerar derechos y entendemos que dicha vulneración siempre viene de la mano de un plan represivo». Y añadió: «Entendemos que cuando aparece un funcionario ligado al terrorismo de Estado, que no ha hecho una distancia ideológica de esto como lo ha sido Massot con respecto a su familia, tenemos que estar alertas. Después, en las políticas públicas que pueden llevar adelante con el cargo que tienen están representando a eso».
«¿Es posible que en Alemania un familiar de un nazi integre el Estado, que tres familiares de nazis o acusados por el Holocausto integren el Estado? Son cosas que no son tolerables en sociedades que han revisado sus genocidios, sin embargo con esta gestión y en este país están sucediendo», sentenció Tepper a este medio.
La lucha contra el negacionismo en el tiempo que se viene
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) es una organización de derechos humanos, con filiales en diferentes puntos del país, que se creó en la década de los ’90 a partir de la congregación deferentes activistas. «Busca poner en evidencia y mostrar quiénes estaban en ese momento en los barrios y no podían ser juzgados por las leyes de impunidad vigentes pero, sin embargo, podían tener condena social», explican desde el organismo a El Destape.
«Lo que estamos tratando de generar, ante este gobierno, es también eso: la condena social, que obviamente se asienta sobre la memoria popular y que tiene que ver con lo que no queremos, lo que no toleramos y lo que no corresponde con los consensos democráticos de nuestro país», añaden. La lucha contra la impunidad, la reconstrucción de la historia y la restitución de las identidades siguen siendo luchas cada vez más vigentes ante los discursos alternativos y negacionistas.
De cara al futuro, Tepper señaló que desde la organización se mantienen en alerta y van a seguir visibilizando cada designación similar. «Entendemos que será una continuidad, que no son casos aislados, justamente hay una familia militar detrás de este gobierno y no es una familia que respete las instituciones sino más bien todo lo contrario», subrayó. Y apuntó: «Por el momento no son objetables en términos de tener algún tipo de denuncia previa en lo judicial. Sí nos parece que hay una activación muy fuerte en nuestra sociedad, como característica, que tiene que ver con la condena social».
«De alguna manera hay un espejo con (la vicepresidenta) Victoria Villarruel, no es ella la culpable de las acusaciones de su padre ni la culpable de las acusaciones a su tío pero sin embargo está ahí. Entendemos que está armando como una especie de ‘familia’ de la descendencia de aquel terrorismo, ahora en las instituciones del Estado y en la democracia. Nos preocupa muchísimo, no es tolerable que esos apellidos retornen para una democracia», sentenciaron.
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