La Iglesia se metió de lleno en el debate por la baja de edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, con fuertes cuestionamientos al proyecto oficial y la advertencia de que “no podemos caminar hacia una ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley penal en casi ‘enemigos sociales’”.
“No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del estado nacional, de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, sostuvo la Iglesia.
La postura fue plasmada en un documento de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que coordina el cura villero José María de Paola, el “padre Pepe”. La comisión depende de la Conferencia Episcopal Argentina.
De esta manera, la Iglesia cuestionó la oportunidad del debate -que vinculó críticamente con razones electorales- y fue enfática en la necesidad de incorporar a la discusión de un nuevo régimen penal juvenil -que no rechazó-, “otras perspectivas sociales y jurídicas”.
“No puede centrarse solamente en la persecución estatal a través del derecho penal de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”, señalaron los obispos. Al mismo tiempo, reclamaron advertir que buena parte de los adolescentes en conflicto con la ley penal “son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con un fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas y de baja calificación laboral”.
Los obispos sostuvieron además que la iniciativa oficial “no se corresponde” con el pedido de emergencia nacional en adicciones (“Ni un pibe menos por la droga”) que hicieron el 6 de noviembre pasado, y que el Gobierno finalmente declaró un mes más tarde a través del decreto 1249.
Desde que el Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia Germán Garavano, anunció la intención de promover un proyecto de nuevo régimen penal juvenil que incluya la baja de edad de imputabilidad, las reacciones no se hicieron esperar en todo el arco político.
Y la Iglesia mostró su vocación de ser parte activa de esta discusión recurrente en los últimos 20 años, que vuelve cada vez que aparece un delito resonante vinculado con menores, como antes de la Navidad el crimen en un barrio porteño de Brian Aguinaco, un chico de 14 años, asesinado por otro adolescente de 15.
CTERA en contra
Mediante un comunicado, el mayor gremio docente del país que nuclea a sus pares riojanos manifestó que no debe realizarse con estas medidas “retrógradas” y “electoralistas”, sino con políticas públicas de educación, de inclusión; con trabajo, salud y educación, terminando con los despidos, los ajustes; dando solución a los problemas de los sectores populares.
Además agregó que paralelo en educación, las políticas públicas pedagógicas culturales como los Programas Socioeducativos Nacionales, están siendo desmanteladas, perjudicando a decenas de miles de niños y jóvenes.
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