El presidente Javier Milei está empecinado en mostrar cuentas balanceadas, sin importar cuánto haya de dibujo o mentira en esos números, ni cuántas personas pierdan sus derechos a trabajar, estudiar y acceder a la salud. La marcha de este martes va en defensa de una de esas batallas que no se pueden perder. El ataque a las universidades públicas empezó con un ahogo financiero y ahora se sumó lo discursivo.
Los números que asfixian
El presidente quiere implementar el presupuesto más bajo desde 1997, año en el cual se empezó a tener registro del programa: el Ministerio de Educación de la Nación recibirá el 5,34 por ciento de los recursos nacionales en 2024, según el proyecto de Presupuesto, lo que implica una caída nominal respecto al 6,02 por ciento asignado en 2023, equivalente a una pérdida real (descontada la inflación) del 48 por ciento interanual.
En Desarrollo de la Educación Superior, el ítem que representa aproximadamente el 90 por ciento de las partidas que se destinan a las universidades públicas, se prorrogó el presupuesto del año anterior, lo que implica una reducción del 72 por ciento en términos reales. Las demás se explican en las becas Progresar, infraestructura universitaria, y evaluación y acreditación. «De no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, este será el presupuesto universitario más bajo en 27 años.
De acuerdo con cifras de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre el 90 y 95 por ciento del presupuesto es para los sueldos docentes y no docentes. Dentro del desagregado del informe, los principales recortes se realizaron en los primeros tres meses del año en transferencias a provincias para Educación (-80 por ciento), a municipios –donde se transfirió 0 pesos— y al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (-34 por ciento).
En salarios a docentes universitarios se redujo 32 por ciento en términos reales (descontada la inflación), a no docentes (-28 por ciento) y funcionamiento y refacción de universidades -66 por ciento). «Las Transferencias Corrientes dirigidas a las Universidades experimentaron una reducción del 40 por ciento interanual ajustada por inflación en marzo y del 32,5 por ciento real en el acumulado del trimestre», según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Lo que se analiza ahora son los gastos de funcionamiento, que no llegan al 5 por ciento del total. Para que se entienda, son los gastos que uno tiene en sus casas como agua, luz, internet, insumos de limpieza, mantenimiento. Hay facultades que pagaban una factura de luz de 500.000 pesos y ahora les llegan de 5 a 10 millones.
En resumen, el recorte en todos los gastos nacionales de educación fue de un 48 por ciento interanual, medido en precios constantes, en el primer trimestre. Esto ya está generando problemas graves. “Se cortaron las obras para jardines de infantes, para formación técnico profesional, salarios docentes, insumos como libros o computadoras. Además, las tarifas de luz para universidades y escuelas van a venir con aumentos de al menos el 246 por ciento”, explicaron desde el colectivo OCIPEX.
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También se eliminaron o redujeron a sus mínimos las becas. En concepto de libros hubo 0 pesos de transferencias, en construcción de jardines y escuelas se redujeron las transferencias en un 80 por ciento y en el programa conectar igual se redujo en 83 por ciento.
El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso mostró que el gasto total devengado (15,3 billones de pesos) representa el 28 por ciento del crédito vigente al primer trimestre. Los otros gastos corrientes (44 por ciento), los intereses de la deuda (38,7 por ciento) y las transferencias a universidades (36 por ciento%) sobresalen por su nivel de ejecución avanzado. En tanto, las transferencias a provincias (6 por ciento) y los gastos de capital (7 por ciento) son los rubros de menor ejecución.
Si el discurso del ajuste presupuestario intenta justificar la posibilidad del arancelamiento de la universidad pública, estamos ante el riesgo seguro de que quienes hoy acceden libremente a la educación superior no puedan seguir haciéndolo, privándose no sólo del ascenso social que implica poder ser profesional, sino también privando al país de una población más capacitada y formada para un desarrollo económico y social más sostenible a futuro.
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