Al igual que otros sectores que dependen de la administración pública nacional, las universidades ya comienzan a comunicar sus primeros signos de alerta. El gobierno decidió prorrogar el presupuesto de 2023 para este año y según lo estimado a partir de la inflación de los últimos meses (25,5 por ciento en diciembre y 20 por ciento en enero), las casas de estudio podrán funcionar, con suerte, hasta abril o mayo, ya que a partir de ese momento ya no estarán en condiciones de cumplir con funciones básicas. Tampoco hay muchos avances en materia de paritarias para docentes y trabajadores no docentes. Bajo esta premisa, algunas universidades optan por poner en marcha estrategias de recorte de la oferta académica para reducir gastos, mientras que otras –de manera más rotunda– ponen en duda el inicio del ciclo lectivo. A tan solo dos meses de la asunción de Milei, el deterioro ya comienza a observarse.
La UBA, a través de su Consejo Superior, expresó su “extrema preocupación”. Así, por intermedio de una declaración, las autoridades difundieron: “Se solicitará al Gobierno Nacional que disponga de un presupuesto actualizado para el presente año que garantice la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, salud y extensión, además de la actualización de las partidas vinculadas a paritarias docente y no docente”. La Universidad Nacional de Quilmes, por su parte, va un paso más allá y la semana que viene podría declarar la emergencia económica.
Desde la Universidad Nacional de Río Cuarto se pronunciaron en la misma línea y, a través de un comunicado oficial, difundieron: “El presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, devaluación de las becas, afectación del sistema alimentario, adquisición de insumos para docencia e investigación, programas especiales, entre otras tantas actividades que hacen al quehacer institucional”.
El malestar no es la excepción sino la norma. En declaraciones recientes a Télam, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, manifestó que el presente de la UNR “es muy complejo” y que “será muy difícil llegar más allá del primer semestre”.
Uno de los nudos más sensibles se vincula con la paritaria y el objetivo que tienen las casas de estudio de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. En la última semana, se ofreció un 6 por ciento de incremento para febrero y fue rechazado por el Frente Sindical Universitario, que nuclea a los principales gremios del sector. Desde las agrupaciones comunicaron: «La pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50 por ciento respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero», advirtieron. Y completaron: «Lo mínimo que reclamamos es que nuestros salarios no pierdan respecto de la inflación; la propuesta del Gobierno está muy lejos de esa equiparación».
A diferencia de lo que sucedía con el gobierno anterior en que Educación tenía una cartera exclusiva y rango de ministerio, en el presente, los gremios y las autoridades universitarias nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional conversan con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y específicamente con Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Ambos funcionarios responden al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Decisiones en tiempos de crisis
Hay que tener en cuenta que de no modificarse la situación presupuestaria, difícilmente, las universidades puedan seguir con sus funciones de educación, investigación y extensión. Más allá de las diversas manifestaciones de preocupación ante un presente penoso y un porvenir aún más oscuro, hay algunas instituciones que ya se han visto obligadas a adoptar medidas.
Es el caso de la Universidad Nacional de Quilmes que, hace unos días, comunicó a sus estudiantes: “El Gobierno Nacional decidió prorrogar el presupuesto de 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024. Esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades. Como consecuencia del congelamiento presupuestario, una parte de la oferta académica de grado y pregrado se adecuará a las posibilidades presupuestarias actuales. Ya no será posible costear cursos adicionales y contratos de docentes extra”.
Como resultado, en los próximos períodos de inscripción a materias se establecen nuevos topes: en la modalidad presencial, por caso, los alumnos podrán anotarse en dos materias y se habilitará la inscripción a una tercera en una fecha prevista de manera específica. Desde la UNQ, advierten: “Lamentamos tener que adoptar estas medidas, y exhortamos, una vez más, a las autoridades nacionales a revertir estas decisiones en el menor tiempo posible”.
Buenos Aires, la provincia oasis
Mientras que el gobierno a nivel nacional niega el rol fundamental que cumplen las universidades nacionales como base para el modelo de desarrollo productivo e inclusivo de la sociedad, a nivel provincial sucede todo lo contrario.
De manera reciente, el gobernador bonaerense Axel Kicillof comunicó una noticia que apunta a jerarquizar el área de la ciencia y la tecnología, y su vínculo con las universidades. Mientras que Roberto Salvarezza –ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación– fue designado al frente de la Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires (CIC) –un organismo similar al Conicet, pero a nivel provincial–, Alejandro Villar, exrector de la UNQ, fue nombrado nuevo director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico.
El objetivo de este espacio institucional, precisamente, es desarrollar acciones de transferencia tecnológica para la solución de problemáticas provinciales y asesorar sobre procesos de integración regional. El conocimiento, en este caso y a contramano de lo que ocurre a nivel país, es definido como un medio para transformar realidades y resolver necesidades.
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