Redacción de RiojaLibre
Hace dos semanas el martinista Miguel Medina fue proclamado como nuevo Director Ejecutivo de la ANSES en La Rioja. Hoy, se conoce que esa repartición despedirá al 25% de los cargos jerárquicos que tiene, dejando a una gran cantidad de familias riojanas sin sustento laboral. La misma suerte correrá el PAMI, a cargo de María Alejandra Díaz (Pro).
Por primera vez, la Tijera de Cambiemos se sentirá fuerte en la administración pública en La Rioja. Las secuelas del pacto con el FMI ya repercuten en nuestra Provincia. Con el aval de Julio Martínez, el Macrismo comenzó a ajustar el gasto público en La Rioja.
El Gobierno comprometió más ajuste en tarifas ante el FMI
En 2019 se deberá reducir el gasto en subsidios a servicios públicos y transporte por un 0,4% del PBI. Tendrá figurar en el proyecto de Presupuesto y será una batalla clave con la oposición.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) traerá, entre otras batallas complicadas, un complejo escenario de negociación para el Gobierno en 2019. Si se cumplen las promesas que se firmaron con el organismo internacional, el año próximo se deberán reducir subsidios a las tarifas de energía y al transporte público por un total de entre $70.000 a $80.000 millones, correspondientes a un 0,4% del PBI. El número final dependerá de la confección definitiva del ajuste fiscal primario que se deberá aplicar el próximo año, y que figurará en el proyecto de ley para 2019 que el Gobierno deberá aprobar en el Congreso. Este deberá incluir, con detalles, todos los capítulos del acuerdo con el FMI. En especial, la forma en que el oficialismo piensa cumplir con la baja del desequilibrio fiscal del 2,7% comprometido para 2018 al 1,3% que se le prometió al organismo en el acuerdo presentado el jueves pasado en sociedad.
Si bien se deberá esperar al primer trimestre del año próximo para conocer los datos finales del volumen del PBI argentino, se supone ya que el ahorro aproximado al que deberá llegar el Gobierno en 2019 rondará los $200.000 millones. Si se lo compara con el ritmo que venía manteniendo el oficialismo desde que llegó al poder en diciembre de 2015, será la reducción del déficit primario más importante desde que Mauricio Macri llegó al poder. Será además el único en el que no se podrá incurrir en desvíos, ya que están comprometidos los desembolsos que el organismo pactó con el Gobierno y que deben llegar para que el Ejecutivo pueda cumplir tanto este año como el próximo con lo pactado. El caso además se complica en 2019 dado que es año electoral, pero para el macrismo no habrá alternativa. Tendrá que cumplir sí o sí con la reducción del déficit comprometida al FMI. Antes de definir cuál será el monto concreto del gasto público a reducir en 2019, el Ejecutivo quiere tener dos datos que podrían aliviar el imprescindible ajuste para el próximo año. El primero es el dato final del déficit primario de este año el que, según las proyecciones acumuladas a mayo, podrían derivar en un porcentaje final para este ejercicio del 2,5%. Esto es, aunque de una manera leve, un resultado menor al 2,7% comprometido con el FMI para 2018. En millones de pesos serían unos $20.000 millones menos de ajuste en 2019. El otro dato que podría amortiguar la necesidad de profundizar la baja del gasto público el año próximo será la evolución de la recaudación impositiva que, con la ayuda de un mayor nivel de cumplimiento tributario, la ampliación de la base pos blanqueo, un cierto repunte en el combate a la evasión y, fundamentalmente, los mayores ingresos por la devaluación mejorarían los ingresos impositivos haciendo que el ajuste del año próximo sea menor al comprometido.
Más allá de ambas amortiguaciones, el ajuste en 2019 será inevitable y se dividirá en los siguientes porcentajes, según el compromiso ante el FMI: el 0,6% obra pública y gastos de capital (ver nota pag. 6), un 0,3% transferencias a provincias y el 0,1/0,2% salarios y bienes y servicios. A esto habrá que sumar el recorte más polémico y comprometido que tendrá que negociar el Gobierno cuando discuta el Presupuesto 2019: un 0,4% del ajuste sobre el PBI deberá provenir de una reducción en sus subsidios a las tarifas de los servicios públicos y el transporte. En dinero serían entre $70.000 y $80.000 millones, lo que implicaría un nivel similar a la reducción aplicada para este año, cuando el Presupuesto aprobado por el Congreso comprometía unos $77.000 millones totales. Se incluyen tanto el dinero destinado al transporte público como a la energía eléctrica, gas y agua.
Se descarta que de los cuatro capítulos de ajuste fiscal comprometidos ante el FMI para 2019, el tarifario será el más complejo de negociar y aprobar en el Congreso. Sólo teniendo en cuenta la batalla política que el Gobierno debió enfrentar en mayo contra la unión de casi la totalidad de la oposición, que llegó a aprobar un proyecto consensuado que limitaba el ajuste tarifario a lo que indicara la inflación. El Gobierno tendrá también que hacer magia verbal y extremar sus dotes de convencimiento ante la sociedad para que en un año electoral se acepte un alza en los costos de las tarifas de luz, gas y agua y los boletos de colectivos y trenes, similar al de este año.
El Gobierno es más optimista en otro de los capítulos de ajuste fiscal comprometidos ante el FMI, el referido a la reducción del 0,1%/ 0,2% correspondiente a los salarios y bienes y servicios. Es el ítem comprometido y anunciado por el flamante ministro coordinador Nicolás Dujovne ante el propio Mauricio Macri, y que se desprende de la orden que el funcionario le dio a toda la mesa del Gabinete económico para que aplique en cada una de las áreas correspondientes. Serían entre $10.000 y $20.000 millones, que comenzarían a ajustarse este año y que se verían contablemente en el primer trimestre de 2019.
La buena noticia del desagregado en el compromiso de ajuste fiscal ante el Gobierno es que el FMI cumplió con su palabra y no requirió ningún tipo de rebajas en los planes sociales tipo AUH o Trabajar. Lo contrario habría sido lapidario para las posibilidades electorales del macrismo en 2019.
En 2019 también habrá importante recorte de obras públicas
Frente a esto, el Gobierno tiene que apurar plan de inversiones a través del PPP. Son u$s20.000 millones hasta 2020. Hay atrasos en el programa.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya letra chica se conocerá el próximo 20 de junio, cuando el directorio del organismo apruebe el stand by de u$s50.000 millones, va a incluir un recorte de gastos en obra pública equivalente al 0,6 puntos del PBI, una cifra que equivale hoy a unos $60.000 millones. Este va a ser el capítulo más importante, porque el grueso del ajuste comprometido pasará por el plan de obras, con lo que todo el plan de inversiones está en revisión.
El recorte en gastos de capital, tal cual se denomina técnicamente, comenzó ya en este año, antes de la firma del compromiso con el Fondo, con un achique de $30.000 millones anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que no afectará a las obras en curso.
El achique de los gastos acordado con el FMI comenzará a regir desde 2019, por lo cual cobrará singular importancia el rol del Ministerio de Finanzas. La cartera que conduce Luis Caputo tiene a su cargo el programa de Participación Público Privada (PPP), un esquema por al cual el Gobierno podrá seguir haciendo obra pública, pero sin afectar al Presupuesto, todo con el visto bueno del organismo que conduce Christine Lagarde, que en general es remiso a aceptar este tipo de ingeniería financiera.
Según consta en el Presupuesto 2018, el Gobierno tiene un programa de 52 obras públicas a realizar entre este año y 2020 a través del sistema PPP, por una inversión del orden de los u$s20.000 millones de dólares.
Arrancó ahora con la construcción de la red de autopistas y rutas seguras. Se trata de seis corredores en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y Santa Fe y estiman se llevará a cabo en cuatro años, la inversión será de uno u$s6 mil millones para un total de 3.353 kilómetros.
A Caputo le quedan en carpeta el lanzamiento de licitaciones para la Red de Transmisión Electrica Etapa 1; la denominada Red de Expresos Regionales, y Eficiencia Energética en Alumbrado Público. Según consta en la página de la Subsecretaría de Participación Público Privada que organiza el proceso, de estas tres no hay todavía un cronograma licitatorio.
Las obras previstas incluyen también la construcción de cárceles en Mercedes, Mar del Plata, Junín y Ezeiza, la construcción de un nuevo hospital en Almirante Brown y ampliaciones en centros de salud de Lomas de Zamora y Quilmes.
El PPP también contempla la construcción de una planta potabilizadora en Rosario, y sistemas de cloacas para San Miguel de Tucumán y alrededores.
En tanto, el paquete que se firmará dentro de nueve días en Washington incluirá una ayuda adicional de u$s5.750 millones que se destinan a obras. Se trata de u$s2.500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que financia obras de redes de agua en el Gran Buenos Aires y el paso Cristo Redentor; u$s1.750 millones del Banco Mundial, que respalda el saneamiento del Riachuelo y la urbanización de la Villa 31, y u$s1.400 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que colabora en la Autopista Ribereña. Con estos fondos, mas que lo provenga del PPP el Gobierno tratará de mantener viva la obra pública, que fue el verdadero motor de la actividad económica en 2017.
Algunas de las obras que seguirán son la elaboración de un sistema integrado de riesgo rural, por u$s150 millones y la ampliación universal de salud, por u$s300 millones, a cargo del BM.
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