Margarita Stolbizer denunció en la Justicia federal al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por «transferencias millonarias» y «sin cuentas claras» a una asociación civil de Venado Tuerto.
Fuentes judiciales informaron que se trata de la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN), que por varios convenios suscritos con la cartera energética supuestamente recibió «la suma de $ 13.510.986» hasta marzo, de los cuales se quedó con «el 10%, es decir $ 1.351.098».
Stolbizer enmarcó que esos pagos se produjeron luego de que Aranguren firmara, el 15 de marzo de 2016, un convenio de asistencia técnica con la regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), representada por su decano Jorge Fernando Amigo.
«El objeto del convenio es la realización y coordinación de tareas de análisis y seguimiento de diferentes asuntos que se realizan en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo», sostuvo la presentación. E indicó que la regional Venado Tuerto «se comprometía a afectar personal idóneo y especializado aportando los recursos técnicos necesarios».
Stolbizer subrayó que entre los trabajadores «que supuestamente prestaron servicios en el Ministerio» había «una gran cantidad de jubilados de más de 70 años» o «personas que se encuentran en el mismo periodo bajo relación de dependencia de otra empresa» o «tienen domicilio en otra provincia».
La denuncia consideró que la operación fue «un circuito de dinero bajo la máscara de un convenio con la UTN» que se caracterizó por «cláusulas genéricas sin cuentas claras y con transferencias millonarias manchadas por la intermediación de asociaciones civiles que no poseen ningún tipo de control».
Stolbizer pidió entonces que se investigue si Aranguren pudo haber perpetrado los delitos de «malversación de caudales públicos» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La presentación fue radicada en la fiscalía federal número 9, cuyo titular Guillermo Marijuan denunció en 2016 a los titulares de 52 universidades nacionales para que se investiguen los millonarios fondos transferidos a esas instituciones por parte de los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015.
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