Delgado se pronunció a favor de «abrir una investigación penal» en el marco de una denuncia realizada el lunes contra el presidente de la Nación Mauricio Macri y senadores y diputados nacionales por su supuesta «autoría o participación» en la negociación del pago de la deuda con los fondos buitre.
«Creemos que hay que abrir una investigación penal», dijo el fiscal, aunque reconoció que «las causas que giran en derredor de la deuda externa en general no avanzan», de acuerdo a lo publicado en su dictamen.
Casanello recibió ayer la denuncia presentada por los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis en representación del instituto «Arturo Sampay» por los supuestos delitos de «traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público». Hoy el fiscal Delgado presentó su dictamen a Casanello, en el que impulsa la apertura de la investigación.
Entre las medidas, el fiscal recomendó al juez «librar una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los ‘fondos buitres’, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo».
«Con esos instrumentos, VS deberá encomendar también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154», consideró el fiscal.
El fiscal estimó que existen limitaciones en este tipo de investigaciones. «Cuando ocurre en derredor de los holdouts (fondos buitres) es verdaderamente complejo. Más el límite del sistema judicial está fijado por los hechos que ya ocurrieron y eventualmente sobre sus consecuencias: no sobre lo que está por ocurrir. Ello significa que si se derogan y sancionan nuevas leyes para nuevas políticas públicas, la fiscalía tampoco puede hacer nada», indicó el fiscal.
Sin embargo, advirtió «de todas maneras, es factible investigar lo que pasó hasta ahora. No abarca toda la cuestión obviamente. Quizás es un simple grano de arena en una gran playa pero, después de todo, las playas son más que un agregado de granos de arena».
En la denuncia, la entidad pide investigar una supuesta «delictiva negociación» con los «fondos buitre». Solicitaron además a Casanello que dicte una medida cautelar para frenar el pago hasta que haya «sentencia definitiva» en la causa.
En la denuncia reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por U$S 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, mientras que para los 93% que si lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, 30.000 millones de dólares.
Kicillof: «El 93% de los buitres va a reclamar lo mismo que Singer»
En la sesión especial, el ex ministro advirtió que el acuerdo con los holdouts puede generar más deuda con los fondos que no negociaron.
El oficialismo en la Cámara de Diputados consiguió el quórum necesario para abrir la maratónica sesión especial en la que se debate el proyecto de ley que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, lo que permitirá un endeudamiento por 12 mil millones de dólares para cerrar el acuerdo con los fondos buitre.
El oficialismo pudo habilitar la sesión tras la decisión del bloque justicialista, que levantó su pedido de suspender la deliberación luego de la reunión que mantuvo el secretario de Hacienda, Luis Caputo, con los jefes de las bancadas parlamentarias.
Al llegar su turno de hablar, el ex ministro de Economía y actual diputado del FpV, Axel Kicillof, alertó que el acuerdo con los holdouts impulsará litigios con los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010. «No me cabe duda de que van a venir con el tema del Fondo y que si no, van a pasar las mil desgracias», aseguró.
«Decir que no rige la cláusula RUFO no nos protege del peligro de que el 93 por ciento venga a reclamar lo mismo que Singer», alertó.
“Es un mal acuerdo, pero no critico a los negociadores sino a quien les dio la orden de aprobar el acuerdo a cualquier costo”, disparó. “Probablemente sea el extremo el reconocimiento de 235 millones por premio a Paul Singer”, agregó el ex ministro.
Además, sostuvo: «Este proyecto, para pagar esta enormidad y con estos riesgos, no pone ningún límite a la emisión (de deuda)».
“Le pedimos al Ejecutivo que expliquen por qué creen que es una solución, dicen que creen que no va a haber reclamos, pero no hay dictamen. Lo único que queríamos era un dictamen que le explique al Congreso los riesgos, no lo tenemos”, sequejó. “Se va a emitir deuda, no sabemos cuánto, yo sumo 750 millones”, alertó después. “¿No es esta una vuelta al FMI cuando nos prestan el JP Morgan y el HSBC?”, continuó.
“Decimos que hay que respectar los principios de la ONU, que no están derogados, de modo que violamos el orden público. Propongo que se discuta. Con esos principios salta que hay apoyo para pagar, pero no a cualquier costo”, explicó y pidió saldar el resto de la deuda tomando como parámetro lo que se pagó en el canje de 2005.
La postura del macrismo
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, fue uno de los primeros en exponer: «Se trata de poner fin a una saga que llevó a nuestro país a una situación que por lamentable no deja de ser insólita. Argentina consumió unos 55 mil millones de dólares de sus reservas en pagos a acreedores externos de 2005 en adelante, incluyendo al FMI, e incluye casi la totalidad de su deuda en default y ha imposibilitado a los argentinos hacer las obras que se necesitan».
«No es cuestión de buscar culpables en el pasado, sino encontrar soluciones al presente», agregó Laspina, y aseguró «el presidente (Mauricio) Macri vino a traer soluciones para todos los argentinos».
Laspina aseguró luego que la negociación del Gobierno fue «tremendamente exitosa» porque de los 18.000 millones de dólares de deuda original se acordó pagar menos de 12 mil millones de dólares. Se trata, dijo, de una «quita esperada del 38 por ciento o a una quita de los intereses acumulados equivalente al 56 por ciento».
«Tenemos que avanzar para sacarnos de encima a esta lacra del sistema financiero global que ha puesto a la Argentina de rodillas», remarcó.
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