La toma de la UNLAR ¿terrorismo o protesta legítima?
Por Pedro Nicolás Carreño
La ocupación de la UNLAR por la Asamblea de Estudiantes Autoconvocados, en el marco de la lucha que llevan adelante en procura del apartamiento y reemplazo de las autoridades que han concebido, instrumentado y sostenido por décadas el régimen de gobierno acusado de autoritario y antidemocrático, ha sido denunciada judicialmente como acto delictivo y terrorista, y se ha pedido la investigación y condena de los «autores desconocidos».
La protesta universitaria de nuestros alumnos y profesores y los actos que la materializan ¿es terrorismo o ejercicio de un derecho legítimo? ¿Qué es, delito o reclamo por los derechos individuales que el Estado democrático reconoce a los ciudadanos? ¿Está mal, tan mal como gravemente se denuncia ante la justicia o, por el contrario, está bien y debe ser legitimada?
No hace falta un análsis muy detenido para afirmar que no es delito. No hace falta un análsis para sostener que tampoco es actividad «terrorista». Hace falta, en cambio, un espíritu autoritario y mucho resentimiento para afirmar lo contrario.
A mi parecer, muy lejos de aquél absurdo, esta protesta es el ejercicio de un derecho, el derecho a la protesta social. El derecho internacional y la Constitución Nacional aseguran a todos los ciudadanos el derecho de protestar. No hay dudas de su legitimidad. El derecho de protesta está relacionado y acompaña a los derechos de libertad de conciencia, de pensamiento, de reunión, de asociación, de peticionar a las autoridades, etc., que garantiza a todos nuestra Constitución Nacional. Y también, en última instancia, al derecho a resistir la opresión.
Dos aspectos me convencen de ello en relación a este caso. El primero, la denunciada existencia de graves y comprobadas violaciones de los derechos individuales y colectivod de estudiantes, profesores y codocentes en la UNLAR (de naturaleza laboral, docente, académica, electoral, etc.) provenientes, según la misma denuncia, del accionar de las autoridades apartadas. Y segundo, la afirmada imposibilidad de su salvaguarda o reparación bajo el régimen vigente y por la indefinida permanencia en el poder precisamente de aquellas personas a quienes se atribuyen los atropellos.
A partir de su ejercicio legítimo y en el actual estado de cosas, la protesta de los Alumnos y Profesores Autoconvocados ha hecho ya todo lo que estaba a su alcance. Lo demás debe ser atendido y remediado por la autoridad superior competente: el gobierno federal, conforme las disposiciones de la Constitución Nacional y la Ley Federal de Educación Superior. Así debe ser resuelto. Y en el más breve plazo.
¿Terrorismo? No, claramente. Ejercicio del derecho de protestar y de resistir la opresión.
Pedro Nicolás Carreño
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