Superado el miedo a represalias que aún subsiste, varios de ellos comenzaron a denunciar historias desgarradoras. La inseguridad jurídica es regla en esta provincia de caudillos.
El cacique diaguita Roberto Aballay aseguró ante LA NACION que el gobernador «se apropió de tierras de pueblos originarios» y que «un hermano del Beder» le «robó sus 30 hectáreas». La familia Minuzzi de la Colina relató que fue despojada de parte de sus 25.000 hectáreas en esta capital, donde se instalaron el Parque de la Ciudad, el Golf Club, «donde tiene casa Carlos Menem», y «le dieron una franja al ex ministro menemista Raúl Granillo Ocampo».
El empresario Mario Gueimunde no puede pisar la provincia: teme que lo detengan por denunciar que le expropiaron 398 hectáreas.
Enfermo y discapacitado, Juan Nino Rizzo aseguró que en sus 67 hectáreas instalaron ilegalmente un supermercado y un albergue estudiantil llamado «Néstor Carlos Kirchner».
Frente a sus 61 hectáreas, Teresa Gaitán vio con lágrimas en los ojos junto a LA NACION cómo una pala mecánica nivelaba sus terrenos confiscados.
En Chilecito, a 200 kilómetros de aquí, Isidro Ferro mostró que su viejo hotel es ocupado por la policía sin que le pagaran un peso. A unas cuadras, Angélica Waidatt lloró frente a sus 7 hectáreas donde el gobierno construye ahora un paseo público. Sólo reclama una justa indemnización.
El odontólogo y abogado Jorge Barberis perdió su lote en el que muestra que hay un hospital sin terminar. Demandó a los gobiernos nacional y provincial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y patrocina a otras 235 víctimas con reserva de nombre por temor a represalias. De esto nadie habla.
El gobierno de Herrera sancionó 179 leyes de «utilidad pública y expropiación urgente». Son sólo las publicadas en el Boletín Oficial.
Pero hay decenas que son secretas y existen también otras centenares de resoluciones del Instituto de Minifundios de Tierras Indivisas (IMTI).
En un acto junto a la presidenta Cristina Kirchner el 30 de abril último, el gobernador Beder Herrera argumentó que «si no expropiaba tierras, no podía construir viviendas» para los más humildes ni emprendimientos productivos.
Además, justificó su política ejecutada por el secretario de Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, en que esas tierras son improductivas, pertenecen a empresarios en quiebra, no pagan impuestos o tienen empleados en negro.
Según comprobó LA NACION en una recorrida, las víctimas de La Rioja quedaron indignadas luego de que la Presidenta lo respaldó y acusó a este diario, que informó sobre ese conflicto el 27 de abril, con un argumento insólito: que el diario participó de la Campaña del Desierto (1878-1885) y «expropió tierras de pueblos originarios».
El cacique diaguita Aballay denunció ante LA NACION que Luis Beder Herrera construyó su propia finca en un imponente paraje montañoso en Aimogasta «en tierras que pertenecen a los pueblos originarios».
«Beder dijo que no hay indígenas acá. Pero ¿quiere que caminemos en bolas por acá y con una pluma para que sepa que es nuestro?», se preguntó.
Al llegar a Anguinán, en Chilecito, relata conmovido que las 30 hectáreas que tenía «las agarró el gobierno y se las dio al hermano del gobernador: Carlos «Lalo» Herrera».
Muestra la resolución 358 de 2006 que dispuso «la adjudicación y la escrituración» del lote sin dar motivos. Nunca lo indemnizaron. Señala con el dedo: «La casa está ahí…». No hace juicio porque los jueces «son de ellos». Sus dominios también eran de los diaguitas. «Les roban a los pueblos originarios, son ellos», acusó Aballay.
0
0
