A través del pedido de informe, el bloque pretende conocer las rediciones de cuenta de las SAPEM KAYNE y su correspondiente aprobación. También especificaciones de su situación impositiva, antecedentes generales, decretos, resoluciones de creación, compra de acciones y transferencia de acciones de las ambas SAPEM; y especialmente, conocer la nómina de “clientes” que compran las cabezas de ganado a ésta Sociedad estatal, entre otros puntos de importancia.
Sería bochornoso confirmar que KAYNE SAPEM le vende a funcionarios, en lugar de ofrecer los terneros a bajo precio a los productores, que la están pasando mal producto del abandono de muchos años.
“Especialmente en la zona de los Llanos, las asociaciones de productores ganaderos necesitan de políticas de ayuda y fomento a su actividad. No vaya a ser que nos demos con que las empresas del Estado sirven solo para beneficiar a los mismos funcionarios o amigos”- concluyó Brizuela y Doria.
PROPUESTAS DE FUERZA CÍVICA EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES ESTATALES
Tomaron estado parlamentario sendos proyectos de Ley del Bloque de FCR tendientes a beneficiar y proteger a los trabajadores de la administración pública provincial y municipal.
Fuerza Cívica Riojana ingresó nuevamente para la sesión de éste jueves, el proyecto de ley de Derogación del Decreto 897/15. Además, mediante otro proyecto de ley solicitan la equiparación de las asignaciones familiares de los trabajadores provinciales y municipales, a la que perciben los agentes de la Administración Pública Nacional.
La diputada Inés Brizuela y Doria se refirió al proyecto de derogación del decreto 897/15 y recordó que, mediante este instrumento, el Ejecutivo modificó una Ley provincial, la 3870 (Estatuto para el personal de la Administración Pública Provincial y Municipal), facultad que le compete pura y exclusivamente a la cámara de diputados, por lo que la calificó de inconstitucional dicho decreto.
Además señaló que la modificación del Ejecutivo (gestión Beder Herrera) prevé la facultad de suspender el pago de haberes al inicio de un sumario administrativo, lo cual es violatorio de los Principios de Inocencia y del debido proceso, ambos principios de raigambre Constitucional. Agregó: “no existe justificativo alguno para sancionar a los empleados de la Administración Pública Provincial y Municipal, sin que se efectúe debido proceso. Suspender el goce de haberes no solo ocasionaría un daño a su economía familiar, sino que también dificultaría el acceso del trabajador a la asistencia letrada ante el sumario administrativo que se sustancie contra él, violándose así su derecho constitucional de Defensa”.
Por último advirtió que al consentir esta normativa contraria a las garantías constitucionales, “dejamos la vía abierta para posibles persecuciones políticas y que se afecte la libertad de pensamiento y expresión de los empleados públicos. Ya que se faculta a la Función Ejecutiva a sancionar antes de efectuar el debido proceso, que tiene lugar mediante un sumario administrativo respectivo”.
Cabe recordar que este pedido ya se había presentado con anterioridad para ser tratado en la cámara de diputados, pero nunca se le dio tratamiento, es por ello que los legisladores de FCR consideran oportuno volver a generar su tratamiento y aprobación para proteger al empleado público riojano.
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