“Presentamos hoy (por ayer) una denuncia en el Juzgado Federal porque analizando la situación de Héctor Olivares para intentar cobrar la deuda que él tiene, hemos detectado ciertas irregularidades, presuntos delitos de competencia federal que consideramos deben investigarse. Lo que se va a a investigar es, a partir de la actuación del Fiscal y de las pruebas que hemos presentado, si es lícito el origen de los fondos de empresas socias de Olivares; si hay préstamos otorgados de manera legítima; si hay intervención de apoderadas o letradas tanto del diputado como del banco intervinientes en esos préstamos. Y además si hay registración de las operaciones que se le adeudan a Segundo Brizuela y pago de impuestos sobre los mismos”, explicó la abogada Romano Casco.
Hay que destacar que en la presentación realizada en el fuero federal, Romano Casco aportó documentación en la que se acreditaría la existencia de una sociedad que formaría parte de la empresa de Olivares y que se llama Salema SRL.
El pedido de investigación de Alicia Brizuela apunta a que dicha sociedad estaría constituída por un hijo y dos sobrinos del legislador y donde el valor de la participación en la empresa de estas tres personas rondaría los 2.200.000 pesos.
La ofensiva judicial de Brizuela busca demostrar que ni el hijo ni los sobrinos de Olivares tendrían ingresos declarados y que por lo tanto no podrían justificar su participación dentro de esa sociedad.
Por otra parte, la acción judicial en el fuero federal también se fundamenta en que Olivares tendría embargos e hipotecas sobre los bienes de su empresa debido a unos créditos hipotecarios que habría solicitado. Los embargos serían tanto del Banco Nación como de la AFIP.
Finalmente, también se pide investigar si en su empresa, Olivares empleó mano de obra no registrada. La intención de Brizuela es demostrar que Olivares no habría pagado aportes previsionales a sus cosecheros.
Las otras acciones judiciales presentadas contra el diputado Héctor Olivares
Además de la denuncia en la Justicia Federal, Olivares también enfrenta otras dos denuncias que están judicializadas a nivel provincial.
De acuerdo a lo relatado por Romano Casco, la primera denuncia judicial se realizó en pasado 8 de octubre en el fuero civil, donde la denunciante -Alicia Brizuela- tramita el juicio sucesorio de su padre, Segundo Brizuela.
“En esta primera denuncia judicial se presentaron dos acciones. En una se solicita el cobro de pesos de una deuda que está fijada una parte en pesos y una parte en dólares. Y la segunda presentación, es una solicitud de rendición de cuentas por los 10 años de cosecha que Héctor Olivares percibió y no rindió a Segundo Brizuela”, comentó la letrada.
Romano Casco recordó que se trata de una deuda de 23.500 dólares y de 100 mil pesos. “Lo que se reclama es el pago de los 100 mil pesos y de los 10 años de cosecha. Por un lado está el monto a cobrar en pesos. Y lo otro es una rendición de cuentas para que Olivares diga cuánto cosechó. Es la rendición de cuentas que se pide por los 10 años de cosecha de la finca del señor Segundo Brizuela”, indicó.
La otra acción judicial presentada contra Olivares fue realizada ante la Fiscalía de la Provincia y allí se denuncia al diputado opositor por presunta estafa calificada.
Romano Casco explicó que la denuncia por presunta estafa calificada es “por el abuso de confianza”. “Se llama administración infiel debido a esta situación de desconocimiento de la deuda, de engaño, de manipulación, del resultado de la cosecha de esta finca que nunca ha sido rendido ni entregado a las herederas de Segundo Brizuela. La presunta estafa es porque Olivares, como administrador, no habría cumplido con los deberes que le correspondían, sin rendir el producido de la administración”, dijo la abogada.
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