El periodista relató en el inicio de PPT que hay sospechas de irregularidades en una contratación de una empresa ligada al sindicalista del SOMU, Omar “Caballo” Suárez, en la cual queda implicado el Ministro de Defensa de la Nación Julio Martínez. Mirá el Video:
En su monólogo de Periodismo para todos, Jorge Lanata contó que existe una investigación interna dentro del gobierno macrista por una contratación en la que presuntamente hubo sobreprecios en la contratación de una compañía marítima ligada al sindicalista Omar “Caballo” Súarez.
“Ahora en este gobierno se hizo una licitación con sobreprecios. Meridian, una empresa marítima, ganó una licitacion para prestar servicios remolcadores a barcos de GNL que contratata Enarsa. Esa compañía está muy vinculada a Suárez, uno de los sindicalistas del SOMU, que posiblemente puedan detener en los próximos días”, denunció el periodista.
Lanata explicó que esa compañía, Meridian, al no tener barcos remolcadores se asoció con Maersk para ejecutar supuestamente lo que se pactó. “Mientras el gobierno busca pruebas contra Suárez, otra parte contrata a una empresa de él”, sostuvo.
De acuerdo a lo que manifestó el conductor, la Fundación Azul, del sindicato de Suárez, el SOMU, cobró 400 mil dólares por mes para que 33 marineros aprendieran hablar inglés. Estos cursos no se dieron, pero pago se hacía a la empresa Marítima San Jorge, también ligada a Suárez.
“Por todas las sospechas que hay, la Oficina Anticorrupción trabó esta licitacion porque piensa que hubo sobreprecios”, analizó Lanata.
La denuncia que hizo Mashasha el año pasado
Las contradicciones del relato son inocultables y resultan harto evidentes: sobreactúan la cuestión Malvinas, insultan a David Cameron, a los holdouts y al juez Thomas Giresa, pero contratan empresas británicas para los vuelos de la Presidenta a paraísos fiscales y se asocian a Chevron para explotar Vaca Muerta”, señalan parte de los fundamentos del pedido de informes al Poder Ejecutivo que acaba de realizar el diputado Julio Martínez (La Rioja-UCR).
El mismo exige conocer por qué una empresa extranjera ha estado presente en las Islas Malvinas y en la Argentina, contrariamente a lo expresado en una resolución de 2007 por la que las empresas que hayan operado u operan en las islas no podrán hacerlo en el Continente. La disposición fue reforzada luego por la ley 26.659.
Con ambas normativas, el kirchnerismo eliminó los acuerdos de cooperación hidrocarburíferos firmados con Gran Bretaña por Carlos Menem en los 90. Y ambas buscaron hacer más difíciles las exploraciones que emprendieron los británicos en el archipiélago con fines de extraer gas y crudo.
En su reclamo al Poder Ejectuvio Nacional, Martínez, ex candidato a gobernador en las últimas elecciones de La Rioja, remarcó que las empresas AHTS Maersk Traveller y AHTS Maersk Pacer, ambas del grupo dinamarqués AP Moller Maersk que participó en el remolque de Ocean Guardian, una plataforma petrolera que la empresa Rockhopper Exploration contrató para las exploraciones que se iniciaron en febrero de 2010.
A su vez el buque tanque de la misma, el Maersk Rapier, llevó combustible desde la Isla Ascensión a las Malvinas. Pero al mismo tiempo los remolcadores con bandera del Registro Internacional de Dinamarca, AHTS Maersk Searcher y Maersk Seeker, acreditan trabajos para Total en su proyecto Vega Pléyade. Según el sitio Capitanes.org, el “Vega Pléyade es un proyecto offshore emplazado a 20 km de la costa, al sur de la Bahía de San Sebastián, en Tierra del Fuego”. Es un yacimiento offshore de gas y condensados.
Martínez presentó un largo informe que muestra el ruido entre el discurso del kirchnerismo en estos años y sus controles, más que laxos: Chevron, con un acuerdo con YPF en el yacimiento de Vaca Muerta, es socio inversor de Oil Spill Response Limited, que presta servicios a las empresas en Malvinas. British Petroleum, tiene entre sus accionistas a Black Rock, también accionista de Barrick Gold y con participación en las petroleras de Malvinas Rockhopper, Desire petroleum y Falkland Oil and Gas.
En la Revista Puerto, mencionan otro caso de larga data pero en materia de pesca. “La empresa Pesantar fue denunciada por formar parte del conglomerado japonés Nissui que opera en Malvinas a con otra empresa de ese grupo radicada en Chile. El sumario sobre Pesantar sigue los procesos administrativos en la Argentina. Los nuevos dueños de la firma ya hicieron el descargo y ahora debe decidir el Estado Nacional si corresponde la aplicación de sanciones y cuál es la autoridad que debe aplicarla”.
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