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Se registraron 1.794 denuncias por violencia de género en la provincia

El Observatorio de la Víctima, presidido por la vicegobernadora Florencia López, realizó la primera sesión del año. Se puso a consideración los datos remitidos por el Poder Judicial y Ministerio Público, que indica que en el 2020 se registraron 1.794 denuncias por violencia de género en la provincia, lo que el organismo vio con preocupación. Además, solicitaron el cumplimiento irrestricto de la Ley de Víctimas, antes de dictar cualquier medida que pueda afectarla, como lo es la modificación de condiciones de detención de condenados sin escuchar a la víctima.

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Ante los recientes casos de víctimas fatales por violencia de género en la provincia, los integrantes del Observatorio de la Víctima de La Rioja (OVIDELAR) se reunieron y realizaron la primera sesión del año. En esta oportunidad, el Orden del Día contempló el análisis de los datos remitidos por el Poder Judicial y el Ministerio Público; el abordaje de los recientes casos con víctimas fatales por violencia de género y la revisión del otorgamiento de presión domiciliaria y la Ley de Víctimas.

Tras el análisis y debate entre los integrantes del OVIDELAR, la vicegobernadora y presidenta del organismo, Florencia López, manifestó que «nos convocamos ante los casos de delitos y violencia que se sucedieron en la provincia que vemos con preocupación. Por ello, intervenimos para evaluar y aconsejar acciones concretas que podrían llevarse adelante para evitar los hechos de violencia de género”. En este sentido, informó que se dispuso diagramar una campaña de comunicación sobre los derechos de las víctimas y cómo actuar ante situaciones de violencia de género, que debe ir de la mano con “los organismos públicos para que actúen y acompañen a las personas que están sufriendo violencia de género».

En cuanto a los datos remitidos al organismo por el Poder Judicial y Ministerio Público, la presidenta señaló que “éstos nos indican números alarmantes como que en el 2020 se realizaron 1.794 denuncias de violencia de género en la provincia, por eso rápidamente decidimos avanzar con distintas acciones». Finalmente, se refirió a la situación de medidas de libertad o arresto domiciliario de personas que cumplen su condena sin respetar la Ley de Víctimas, “emitimos un documento a las instituciones judiciales para el cumplimiento irrestricto de la Ley de Víctimas, antes de dictar cualquier medida que pueda afectarla, como lo es la modificación de condiciones de detención de condenados sin escuchar a la víctima y el protocolo que se debe observar en estos casos”.

Avanzar y aconsejar

Para la próxima reunión del OVIDELAR, prevista para el ocho de febrero, se espera la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal, que en el marco de la Ley de Víctimas tiene una oficina encargada de la asistencia y protección de la víctima. “Como organismo queremos interiorizarnos sobre cómo está trabajando y cómo avanza en lo que respecta a la asistencia a la víctima tanto en lo psicológico como en el resguardo de sus derechos», indicó la presidenta López.

Finalmente, explicó que “nosotros como organismo tenemos una visión que va por encima de las acciones de cada institución, nosotros debemos analizar la situación y en base a eso aconsejar, observar e intervenir cuando consideremos que corresponda, no somos órganos ejecutivos que podamos tomar acciones directas. La situación de la víctima en la provincia y la cuestión de género nos preocupa y ocupa por eso a la brevedad, podremos tener el mapa del delito y así ofrecer al Ejecutivo algunas acciones para llevar adelante o bien proyectos ante la Cámara de Diputados para sancionar alguna Ley».

Decreto provincial

Por su parte, el diputado Gustavo Galván, uno de los representantes de la Legislatura en el OVIDELAR, indicó que el Decreto Provincial N° 093 del 2018 se refiere al seguimiento de las medidas urgentes preventivas: «la Ley Nacional N° 25.48 establece el seguimiento que debe hacerse a las causas cuando se producen estos hechos de violencia de género. En ese sentido, la trajimos a colación en la reunión para que a raíz de lo que contempla el Decreto, que es una serie de exigencias que tiene que tener como por ejemplo la policía que tiene que haber un encargado una vez recibida la denuncia y hacer el seguimiento periódico de la víctima, entre otros».

Además, en relación a lo dicho, señaló que «esto dio pie a que convoquemos a distintas áreas del Gobierno para articular e informarnos si se están realizando este tipo de exigencias que establece el Decreto, que a nuestro modo de ver no se está cumpliendo el adecuado seguimiento a las denuncias preventivas que hace la víctima». Por último, el legislador resaltó que «la capacitación es muy importante para que quién reciba la denuncia pueda asesorar y orientar adecuadamente a la víctima».

En esta coyuntura, dolorosa y dramática, que conmueve a la sociedad y profundiza el reclamo legitimo de Justicia, el Observatorio adviertió:

1- la vigencia y necesario cumplimiento efectivo de la ley provincial número 10185 y su modificatoria 10286, conocida como ley de Victimas, que detalla los derechos de las victimas en todas las etapas administrativas, procesales y de ejecución de la pena de lxs condenadxs, por parte de la Policia y lxs operadorxs judiciales, especialmente en lo que concierne a la inmediata recepción de denuncias, la pronta tramitación correspondiente y la notificación y participación de la familia de la victima en cualquier medida respecto al acusado o condenado.

2- Cumplimiento del protocolo de actuación establecido en el decreto 093/2018, ratificado por Ley 10.057 que obliga a la Policia de la Provincia y organismos competentes en violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, la tarea de notificación, seguimiento, visita periódica a la victima y comunicación con la misma, a fin de protegerla y detectar cualquier incumplimiento que ponga en peligro su vida y su integridad y comunicarlo al órgano judicial interviniente en el caso.

3-Activar las medidas de prevención y protección en forma inmediata y continua sin ningún tipo de demora, dilación o relajamiento.

«La erradicación de toda violencia, la defensa de la vida y la integridad, la sanción penal efectiva del responsable del delito, está por encima de todo y no admite conceciones que deterioren la convivencia pacifica en la sociedad», sostuvieron desde OBIDELAR.

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