La aprobación llegó apenas unos días antes del vencimiento del plazo fijado en la negociación judicial desarrollada en Estados Unidos. El acuerdo debía contar con ratificación parlamentaria antes del 30 de junio para que pudiera entrar en vigencia y cerrar definitivamente los reclamos que aún permanecían activos en los tribunales norteamericanos.
Los beneficiarios del pago son Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, dos de los últimos holdouts que quedaron fuera de los distintos procesos de reestructuración de deuda realizados por la Argentina tras la cesación de pagos declarada a fines de 2001.
Según los términos aprobados por el Congreso, el Estado abonará 67 millones de dólares a Bainbridge y otros 104 millones de dólares al grupo liderado por Attestor. El monto total surge de un acuerdo de conciliación que, según destacó el oficialismo, contempla una reducción cercana al 30 por ciento respecto de las sumas originalmente reclamadas en la Justicia estadounidense.
La discusión volvió a poner en escena uno de los capítulos más extensos de la historia reciente de la deuda argentina. Los llamados fondos buitre adquirieron títulos en default a precios muy bajos tras la crisis de 2001 y posteriormente iniciaron demandas judiciales para cobrar el valor completo de esos bonos. Durante años, los distintos gobiernos enfrentaron litigios, embargos y negociaciones vinculadas a esos reclamos.
El miembro informante del proyecto fue el diputado libertario Alberto Benegas Lynch, quien defendió la iniciativa al sostener que la Argentina tiene la oportunidad de cerrar una disputa que se arrastra desde hace casi un cuarto de siglo y terminar con una etapa de conflictos judiciales que dañó la imagen financiera internacional del país.
Desde el oficialismo argumentaron además que los acreedores aceptaron una quita sobre las sentencias obtenidas en los tribunales estadounidenses, renunciaron al cobro de honorarios legales y se comprometieron a no impulsar nuevas acciones judiciales vinculadas a esos reclamos.
La diputada Silvana Giudici sostuvo que el entendimiento también permitirá recuperar activos que se encontraban involucrados en las disputas judiciales. Entre ellos mencionó acciones vinculadas a YPF que permanecían alcanzadas por los procesos de ejecución impulsados por los acreedores.
Del otro lado, Unión por la Patria rechazó de manera unificada el proyecto. El diputado Itai Hagman cuestionó la caracterización de los acreedores como simples holdouts y remarcó que se trata de fondos buitre que especularon durante años con títulos de deuda argentina. Según planteó, el objetivo principal del Gobierno es mejorar la percepción de los mercados para volver a acceder al endeudamiento externo.
Hagman también vinculó la discusión con la historia reciente de la deuda pública argentina. Recordó que el default de 2001 se produjo tras el colapso del modelo económico de la convertibilidad y sostuvo que los ciclos de endeudamiento externo terminaron generando crisis recurrentes. Para el legislador, la estrategia económica actual reproduce parte de esa lógica.
Las críticas no provinieron únicamente de Unión por la Patria. El diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, también manifestó objeciones al proyecto. Aunque reconoció la necesidad de resolver los litigios pendientes, advirtió que la iniciativa no incorpora una asignación presupuestaria específica para afrontar el desembolso, algo que consideró incompatible con los criterios establecidos por la Ley de Administración Financiera.
Pese a esos cuestionamientos, el oficialismo consiguió una mayoría amplia. Acompañaron el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, y aquellos legisladores que responden a los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Salta. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos monobloques.
Con la sanción definitiva, el Gobierno busca dar por cerrado uno de los últimos litigios derivados de la cesación de pagos de 2001. La administración de Javier Milei sostiene que la resolución permitirá reducir riesgos judiciales y mejorar la posición financiera del país. Para la oposición, en cambio, el pago vuelve a poner recursos públicos al servicio de acreedores que construyeron su negocio alrededor de la especulación con la deuda argentina.
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