El último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advierte de un nuevo retroceso de la actividad manufacturera pyme, con una caída en julio de 1,8 por ciento mensual y de 17,8 por ciento interanual. Con la seguidilla de caídas más extensa y profunda de la historia, en apenas nueve meses de gobierno anarco-capitalistas, dos de cada diez pymes advierten que tiene problemas para pagar salarios.
El primer semestre de la gestión de Milei, momento en que se profundizó el ajuste, estuvo marcado por la recesión económica, lo que provocó el cierre de casi 10.000 empresas, plantas de producción, negocios y emprendimientos. Este colapso afectó principalmente a pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo del país. No obstante, un 70 por ciento de los despidos fueron de las grandes empresas (aquellas con más de 500 trabajadores), según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). De acuerdo con el informe, las grandes empresas son las responsables del 70 por ciento de los despidos registrados entre noviembre y mayo últimos, a pesar de que el 99,5 por ciento de los cierres que se produjeron afectaron a las firmas con menos de 500 trabajadores. Esto se debe a que las pymes que no se ven obligadas a cerrar intentan hasta último momento mantener sus plantillas. Primero, porque las plantillas son más reducidas y un recorte las deja en muchos casos al borde de la imposibilidad de seguir operando. Segundo, estas empresas tienen, en caso de una recuperación, mayores dificultades para la re-contratación de mano de obra calificada.
De todos modos, las pymes hacen malabares para mantenerse a flote. Es el octavo mes consecutivo en caída, en un mercado donde los precios se han estabilizado pero la pérdida de poder adquisitivo continúa afectando la demanda interna. Este escenario se agrava por las dificultades en el acceso al financiamiento y los altos costos operativos, lo que coloca a muchas pymes en una situación difícil y con márgenes de rentabilidad estrechos. La semana pasada nos 150 empresarios pyme llevaron su reclamo de una ley de emergencia a la Plaza de Mayo. Convocados por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) se reunieron para denunciar que desde diciembre cerraron 10.000 pequeñas empresas. A lo largo de los primeros 6 meses de gestión del Presidente Javier Milei y del Ministro de Economía Luis Caputo cerraron 10.000 pymes como resultado de la política económica de ajuste. Dentro de los cierres, 6.000 son comercios, y apuntan contra un plan de desarrollo.
Tras los últimos datos sobre el derrumbe del consumo, con una caída de 16,1 por ciento en julio, la mayor en tres años, la percepción en este sector tan dependiente del mercado interno es que la recuperación de la actividad se hace esperar. Esta semana las pymes se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para dialogar sobre la situación de los sectores y transmitir propuestas para fomentar la producción y el empleo. Desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), la Confederación General Económica (CGE), la Confederación de Comercio y Servicios (CGCyS), la Federal Pymes y las Cámaras y Federaciones asociadas manifestaron la propuesta de retomar los programas Ahora 12 y 18 para fomentar el consumo. Además, se remarcó la necesidad de capacitar a la personas desocupadas, que estas tengan un plan social, y que se formen en las nuevas tecnologías. Finalmente, se propuso la Creación de Comercializadoras de Productos Argentinos de PYMES, y que se evalúe la posibilidad de que los sectores utilicen dólares propios para pagar importaciones.
Después de semejantes derrotero, algunos informes privados comienzan a avizorar el final de una extensa y profunda recesión, aunque los datos mes a mes se encargan de descartar un rebote económico. Para la consultora Orlando Ferreres y Asociados, uno de los más relevantes para el sector empresarial, la producción industrial mostró una recuperación del 3,5 por ciento en julio respecto de junio, según el índice que elabora la consultora Orlando Ferreres y Asociados, uno de los más relevantes para el sector empresarial. De acuerdo con el IPI-OJF, la producción industrial acumuló para los primeros siete meses del año una caída de 8,6 por ciento. Sin embargo, el Monitor de Desempeño Industrial (índice MDI), que elabora la Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) y adelanta el ciclo de actividad, se encontró nuevamente por debajo de 50 (niveles de contracción). Fue el noveno registro consecutivo en esta situación.
El indicador permanece en terreno de contracción, pero se aleja de los mínimos alcanzados en enero de este año. El indicador pondera los resultados de la producción, las ventas, el empleo, los tiempos de entrega y los niveles de stock de insumos. El 38,9 por ciento de las empresas encuestadas reportó disminuciones en la producción, el 43,7 por ciento en las ventas, el 28,2 por ciento en las exportaciones y el 17,3 por ciento en el empleo. “En todos los casos, estos porcentajes fueron inferiores a los del relevamiento anterior”, destaca el informe de la principal entidad fabril del país.
Pero el desplome se hace más dañino cuando se acerca la lupa en el segmento pyme. La actividad manufacturera de las pymes cayó 17,8 por ciento anual en julio y acumula una retracción de 18,6 por ciento en los siete meses del año frente al mismo período de 2023. En la comparación mensual desestacionalizada la producción bajó 1,8 por ciento. Las pymes trabajaron en julio con el 60,6 por ciento de su capacidad instalada (en junio había sido el 60,1por ciento). Los seis sectores manufactureros del segmento pyme tuvieron fuertes caídas en la comparación anual, siendo los más afectados “Químicos y plásticos” (-27,5 por ciento), “Papel e impresiones” (-26,9 por ciento ) y “Metal, maquinaria y equipo” (-18,2 por ciento). En el acumulado del año, la mayor retracción la muestra “Químicos y plásticos” (-26,6 por ciento), seguido por “Metal, maquinaria y equipo” (-21,3 por ciento) y “Papel e impresiones” (-21,2 por ciento).
Las empresas consideran que una reducción impositiva podría liberar recursos financieros para mantener operaciones, invertir en crecimiento y mejorar la competitividad. Con un 13,6 por ciento de las respuestas, las empresas advierten, además, sobre la necesidad de políticas que estimulen la demanda interna para reactivar el consumo y sostener la producción. “Sin una demanda sólida los incentivos fiscales por sí solos no serían suficientes para revertir la tendencia negativa en la actividad manufacturera”, señala la encuesta cualitativa de la CAME. En tanto, la importancia de crear incentivos para la contratación de personal es otro de los reclamos mencionados con más frecuencia (7,7 por ciento de las respuestas).
Las empresas manifiestan estar produciendo en un entorno donde la demanda insuficiente, los altos costos y las dificultades financieras se combinan para crear un escenario complicado. Los principales obstáculos que enfrentan en estos momentos tuvieron como protagonista con el 39,3 por ciento a la falta de ventas, mientras que el 37,2 por ciento se refirió a los altos costos de producción y logísticos, el 12,2 por ciento a la falta de acceso al financiamiento y otro 5,9 por ciento a los problemas de cobranza.
Como consecuencia, el 33,4 por ciento de los encuestados tuvo que reducir gastos operativos en los últimos meses, otro 23,9 por ciento diversificó sus productos y el 15,9 por ciento tuvo que reducir la cantidad de horas laborales. Por último, en diferentes sectores industriales se consultó si la pyme tuvo dificultades para afrontar el pago de salarios del mes en curso. Allí, el 19,3 por ciento de las industrias pyme presentaron problemas para pagar salarios (sin incluir aguinaldo u otros conceptos). Los sectores más afectados fueron Textil e indumentaria y Alimentos y bebidas con tasas de dificultades del orden del 24,5 y 24,4 por ciento respectivamente. Papel e impresiones presentó los menores conflictos, con 13,7 por ciento.