El Ministerio de Trabajo se sacará de encima el estrés de la negociación con las organizaciones populares. Con una porción de sus programas laborales y educativos transferidos a Desarrollo Social (por un total de 1.233 millones de pesos anuales), otro segmento directamente eliminado (unos 1.575 millones), el ministerio de Triaca ensaya un cambio de rumbo conceptual. Supervisado por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, su objetivo declamado es eliminar los subsidios encubiertos. Y a la pasada encarar un ajuste de casi el 30% de sus programas.
A partir de este año, las intervenciones del ministerio serán cada vez más técnicas, módicas y focalizadas sobre los beneficiarios. Una vez que finalicen los acuerdos hechos con las organizaciones, como CTEP, el movimiento Evita y Barrio de Pie, la mayoría de los programas de empleo y capacitación pasará al Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley. El resto será dado de baja o requerirá un pedido de renovación presentado por los individuos, y ya no por las “orgas”. Y a la vez serán más rigurosos los requisitos para su solicitud: desde abril, se exigirá que todos los beneficiarios carguen mensualmente su CV en una plataforma del ministerio, como condición para cobrar.
“Nos retiramos de la contención. Las organizaciones muchas veces exigían asistencia, y para eso está Desarrollo. Ahora apuntaremos a generar empleabilidad en los individuos. Y claro, todos deberemos colaborar en achicar el déficit”, reconoce un funcionario macrista. Así se anticipa al rechazo en ciernes de los dirigentes populares.
Como consecuencia de esa decisión, las agrupaciones solo contarán con una ventanilla (el ministerio de Stanley) para reclamar y negociar programas en nombre de sus militantes y cooperativas.
Uno de los encargados de aplicar las nuevas medidas es el secretario de Empleo, Miguel Ponte, ex gerente de Recursos Humanos de Techint y suerte de viceministro de Triaca. Ponte les dará prioridad a los programas Jóvenes, Empalme y Entrenamiento Para el Trabajo (EPT).
Según un documento interno al que accedió PERFL, el recorte previsto en los subsidios a personas es del 27%. En 2017, los subsidios que dio el ministerio representaron 6.500 millones de pesos. Pero este año ya se activó el traspaso de varios programas a Desarrollo Social: desde enero y hasta abril, 29.042 beneficiarios vinculados a organizaciones populares, como el Evita y Barrios de Pie, mudaron su relación hacia el ministerio de Stanley. Ese trueque se tradujo en una reducción de 725,5 millones para la cartera de Triaca. Proyectado a todo el año, el ahorro sería de 1.233 millones.
Ahí no se terminará el achique. Para 2018, el presupuesto con el que cuenta Ponte es de 4.200 millones. Es decir, deberá concretar un ajuste del 27% en los programas de la secretaría.
La mayoría de los vinculados a la “terminalidad educativa”, por ejemplo, será suspendida: Orientación y Apoyo y Certificación de Estudios Formales, entre otros. También serán dados de baja algunos de formación profesional, como la Red de Empresas y Sectorial Construcción.
Tal decisión, orientada a simplificar, ajustar y a concentrarse en el apuntalamiento del empleo formal (en un país con más de un tercio de trabajo en negro), se complementará con otra ya en marcha. También por iniciativa de Quintana, Desarrollo Social unificará los planes Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio, repartidos entre unas 260 mil personas. El objetivo del Gobierno es, en adelante, prescindir de la mediación de las organizaciones.
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