La canasta de los trabajadores, medida por la UMET, refleja un impacto inflacionario del 24,3 por ciento en diciembre, tras la devaluación del peso y la desregulación de precios
En diciembre la nominalidad de la economía cambió abruptamente y de allí los malos pronósticos que anticipa inclusive el gobierno. Los aumentos de precios se dieron en dos tandas: a comienzos de mes previo a la asunción del Presidente Milei y ante una inminente finalización de los acuerdos de precios y rumores de devaluación, y en la segunda mitad del mes luego de la megadevaluación cambiaria en un 118 por ciento.
Los primeros aumentos se dieron en alimentos, artículos de consumo masivo, naftas y medicamentos. En enero otro variopinto grupo de bienes y servicios se sumó a la lista, se trata de la medicina prepaga, las compañías de telefonía móvil, internet y cable, el transporte público, los taxis, la VTV, los peajes, los estacionamientos y los cigarrillos.
La inflación de las y los trabajadores fue 24,3 por ciento en diciembre, según el relevamiento de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). En noviembre había sido 12,1 por ciento, y apuntaron que “la aceleración inflacionaria obedeció al salto cambiario del 12 de diciembre, más la desregulación de precios: todos los capítulos de la canasta registraron alzas mayores al 15 por ciento”.
En su informe destacaron las subas en transporte, con un 31,7 por ciento debido al drástico aumento en naftas, en salud, del 25,8 por ciento por la desregulación en los planes de las prepagas y subas en medicamentos, en el rubro de comunicaciones, del 25 por ciento por la desregulación del sector y alzas en los equipos, y en alimentos y bebidas, con 24,6 por ciento por el salto cambiario y el abandono del programa Precios Justos.
“En la política del gobierno de Milei el único precio que no estaba reprimido parece ser el salario de los trabajadores”, recalcó Nicolás Trotta desde la UMET. El salario real en el sector privado registrado se encuentra en sus más bajos niveles en 18 años, y si no hay recomposición salarial habrá fuertes consecuencias de largo plazo, anticiparon.
“Tras la caída del salario real en 2002, a la sociedad le llevó casi una década (hasta 2011) regresar al nivel de las remuneraciones promedio vigentes en 2001”, de modo que el perjuicio social será muy severo. El “2023 terminó con una inflación del 207,7 por ciento, la más alta desde la hiperinflación de 1990, y en el top 10 de las más altas de la historia argentina”, advirtieron.
En enero los planes de medicina prepaga aumentaron 40 por ciento en base a un acuerdo alcanzado entre las principales compañías del sector, además evalúan otro incremento del 30 por ciento en febrero. Y realizaron cálculos y están dispuestos a perder al 30 por ciento de sus afiliados en esta reestructuración, recién a partir de allí se ajustarían a una dinámica de precios promedio en el resto de la economía.
A su vez, los aumentos en telefonía móvil, internet y televisión por cable oscilaron entre un 14 y 20 por ciento en enero y algunas compañías ya enviaron avisos a sus clientes de una suba adicional del 30 por ciento en febrero. Este sector había sido declarado servicio esencial durante el gobierno de Alberto Fernández de modo que sus aumentos debían ser regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que estipulaba un 4,5 por ciento mensual. Pero un amparo judicial detuvo los alcances del DNU de Fernández y las gigantes telcos aplicaron incrementos mucho mayores, del 10 por ciento por ejemplo en diciembre.
Por su parte, los medicamentos tuvieron “aumentos desproporcionados entre noviembre y diciembre, en un 90 por ciento promedio y con picos que llegan al 140 por ciento», señaló un reciente informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar). Esa suba se originó al finalizar el acuedo de precios entre el Gobierno y los laboratorios el pasado 31 de octubre, y continúa durante enero.
«En ningún país del mundo se aumentaron los medicamentos como ahora en Argentina», advirtió el presidente de Ceprofar, Rubén Sajem. «Con este nivel de incrementos resulta preocupante la posibilidad la cobertura a través de las obras sociales, que tienen sus ingresos atados a los salarios de sus afiliados», afirmó Sajem. «También preocupa la posibilidad de que se vea afectada la entrega gratuita de medicamentos a través del PAMI, que hoy beneficia a nueve de cada diez jubilados», agregó.
El transporte público en colectivos y trenes aumentó 45 por ciento en enero y se indexará con la inflación promedio a partir de febrero. El subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) subió 37,5 por ciento. Los taxis ajustaron 20 por ciento en enero y aplicarán otro aumento del 30 por ciento en marzo. Y lo propio ocurrirá también con quienes tienen su medio de transporte.
Las naftas tuvieron un derrotero imparable: aumentaron 27 por ciento la primera semana de enero, pero en diciembre habían tenido dos aumentos –un 37 por ciento a mitad de mes luego de la devaluación y en promedio casi 25 por ciento en los primeros días-, los cuales se sumaron a otros dos en noviembre apenas cayeron los acuerdos de precios con el Gobierno. Y se esperan nuevas subas en febrero. También trepó el precio del gasoil y del GNC correlativamente. Además de los peajes (50 por ciento en CABA), estacionamientos (118 por ciento) y la VTV (104 por ciento).
También el sector tabacalero anunció un aumento del 300 por ciento en los precios a partir de este mes.
Los pelotazos en contra de Milei durante su primer mes en el gobierno
Peleas internas, un megadecreto que se salta el Congreso, fallos en contra, un reto de la ONU, el paro, movilización de la CGT y la tensión con la familia militar: la hoja de ruta del libertario en sus 30 días en la Rosada.
“Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final”. La frase futbolera la dijo el presidente Javier Milei en un intento por justificar «el gol» en contra que bien puede significar la cautelar dictada por la justicia que suspende la reforma laboral que promueve el DNU 70/23. En esa línea, por así decirlo, de pensamiento, se podría afirmar que en estos 30 días de gobierno o en estos 43.200 minutos que el Presidente y su equipo van jugando, la valla ha sido vencida en varias oportunidades. Algunos pueden ser –como dicen los comentaristas deportivos– errores no forzados fruto de los yerros de un equipo que carece de coordinación tanto para el ataque pero sobre todo para la defensa.
Milei buscó aprovechar al máximo los primeros días para avanzar en sus «reformas» y no confiarse en los tradicionales 100 días de luna de miel que dicen que goza un nuevo gobierno. El punto fue que su pretendida guerra relámpago contra el agobio estatista sobre la sociedad y las empresas, terminó por mostrar que en su gobierno predomina la improvisación antes una que una estrategia planificada.
En minoría y rompiento puentes
La Libertad Avanza (LLA) tiene 38 diputados propios y siete senadores. Poco y nada para manejar el Congreso. Lejos de haber intentado una política de seducción con legisladores de otros bloques, Milei se arrojó a acusarlos de coimeros por la decisión de debatir los proyectos de ley. El domingo también dijo que él no tenía nada para negociar. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y quien tiene que buscar los consensos, salió tratar de enmendar la bravuconada de su jefe y decir que, en realidad, el Presidente no negocia el rumbo pero sí está abierto al trabajo y al «diálogo» parlamentario.
Este martes, el que tiró más nafta al fuego fue el vocero Manuel Adorni, que dijo que la suba del dólar blue es una “muestra gratis” de lo que pasará si no se aprueban las leyes en el Congreso.
La pelea con Villarruel
Milei arrancó la gestión enemistado con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien le achaca alguna deslealtad a partir de haber gestionado a solas una reunión con Mauricio Macri. Los rumores sobre los encuentros entre la vice –que suele ser más entusiasta a la hora de defender los golpes de Estado que los 40 años de democracia– y Macri volvieron con fuerza durante el fin de semana. Sin embargo, en el entorno del líder del PRO confirman que hay diálogo, pero que la última vez que conversaron fue cerca de un mes atrás. La fecha coincide con la asunción de Milei, cuando él ni siquiera le guardó a su número dos un asiento para escuchar su discurso inaugural.
Villarruel buscó mostrar músculo para la negociación en el Senado y un afán por cercar al peronismo. Se anotó una primera victoria al poder correr al formoseño Francisco Paoltroni del rol que le había elegido Milei como presidente provisional del Senado –y, por ende, tercero en la sucesión–. Colocó en su lugar al puntano Bartolomé Abdala –que supo recorrer todo el arco político, desde ser funcionario de los Rodríguez Saá hasta un salto al PRO–. El otro triunfo de Villarruel fue conseguir una mayoría circunstancial para desconocer la mayoría que el peronismo tiene en el Senado a la hora de repartir los asientos en las comisiones. Pese a eso, Villarruel perdió en una jugada que parecía fácil: conseguir dictamen para tratar la Boleta Única de Papel (BUP), que ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados.
El plan motosierra
El 12 de diciembre y tras varias idas y vueltas sobre la hora de la transmisión, el flamante ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el plan motosierra con el que pretende terminar con la inflación, reducir el Estado y liberar de una vez y para siempre la economía. En esa línea anunció la devaluación de casi 120 por ciento del peso argentino respecto del dólar. Esto provocó no sólo una feroz pérdida del poder adquisitivo de los salarios sino una rápida elevación de los precios que, sin control estatal, crece de manera desmesurada y, por ahora, sin techo.
La tensión con los gobernadores
El vínculo con los mandatarios provinciales arrancó tenso. Algunos de ellos denuncian que Milei condiciona la llegada de recursos al apoyo que puedan prestarle en el Congreso. Sin embargo, una de las tantas medidas incorporadas dentro de la ley ómnibus que Milei envió para ser tratada en el Parlamento despertó la ira de los gobernadores de la Patagonia: los cambios en la actividad pesquera. La medida provocó la conformación de un grupo variopinto, integrado por Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), que le arrancó un compromiso de cambio al ministro del Interior, Guillermo Francos.
Decretazo y ajuste
Diez días después de asumir, Milei anunció que había firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que iba a sentar las nuevas bases para la economía argentina. En la práctica el DNU, regula a favor de los grandes grupos económicos y empeora la vida de millones de argentinos que tienen que alquilar, comprar comida o remedios, buscar trabajo o intentar mantener una prepaga.
En una entrevista en TN, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona celebró que haya menos de 100 amparos presentados contra el DNU. La Cámara Nacional del Trabajo frenó la semana pasada la aplicación de la reforma laboral que estaba incorporada en el capítulo IV del megadecreto. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, salió rápido a decir que en una semana tenía revocada esa cautelar. Sin embargo, hasta ahora, no logró tampoco que le saliera su jugada magistral: concentrar todos los cuestionamientos en el fuero contencioso-administrativo, que son los tribunales que él conoce mejor.
Uno de los datos que destacaban desde la CGT –que fue la primera organización en lograr ponerle un freno al DNU– fue que uno de los jueces que resolvió –y hasta citó a Juan Bautista Alberdi para hablar del poder despótico– fue José Alejandro Sudera, integrante de la lista bordó de la Asociación de Magistrados. La bordó es la agrupación más conservadora, insospechada de tener simpatías con el kirchnerismo o la izquierda. Lo que pasó también es que en la Asociación de Magistrados se registró otro malestar por una jugada del gobierno: en la ley ómnibus incluyó el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
Paro y movilización
Una vez que Milei anunció el DNU, las organizaciones sindicales y sociales comenzaron a debatir internamente cómo resistir y, sobre todo, anular el decreto que termina con la estructura legal que sostiene la economía, la protección social, el trabajo, la educación y la salud pública. El recurso fue adoptado de inmediato por un cuerpo de abogados que responden a la CGT. Otro tanto hicieron las dos CTA.
Sin embargo, fue la CGT la que decidió avanzar sobre medidas de acción directa de corte nacional al aprobar un plan de lucha que incluye el paro y una movilización hacia el Congreso el próximo 24 de enero. Fue así que Milei se convirtió en el primer presidente en afrontar un paro nacional que se concretará 44 días después de asumir el gobierno. Todo indica que la movilización será largamente multitudinaria y, si se suman los cacerolazos de la clase media que van creciendo de a poco, este gol en contra puede valer algo más que uno.
Un reto de la ONU
Patricia Bullrich logró concentrar gran parte de la atención mediática con el anuncio de un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad para impedir las manifestaciones sociales que corten calles. La resolución ministerial provocó que centenares de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos hicieran presentaciones ante organismos de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos. La estrategia fue coordinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Tan solo un día después de que la resolución de Bullrich apareciera publicada en el Boletín Oficial, el relator especial de la ONU para la libertad de reunión pacífica y asociación, Clement Nyaletsossi Voule, advirtió en redes sociales: “Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”.
Puesto en marcha el 20 y el 27 de diciembre, no logró frenar las manifestaciones. Tendrá su verdadera prueba de fuego el 24 de enero con la movilización convocada por la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y la izquierda contra el DNU de Milei. Lo cierto es que el frente internacional de derechos humanos ya está abierto para el gobierno de LLA.
La familia militar enojada
Milei y Villarruel llegaron al gobierno con el aval de la familia militar, pero paradójicamente hicieron méritos para defraudarla. El Presidente logró generar una tensión insólita en las filas castrenses para designar a Carlos Alberto Presti al frente del Ejército. El ascenso de Presti –hijo de Roque Presti, quien fue el jefe del Regimiento 7 de La Plata y responsable del Área 113 y de sus centros clandestinos– significó una purga de 22 generales, un número sólo superado por el corrimiento que debió propiciar Raúl Alfonsín tras el fin de la dictadura. El Ejército y la Armada también se vieron corridos del Estado Mayor Conjunto, que estará a cargo de la Fuerza Aérea. El titiritero detrás de esas decisiones sería el exbrigadier Jorge Antelo, número dos de Nicolás Posse en la Jefatura de Gabinete.
Hay otra fracción de la familia militar que está enojado con Milei y Villarruel: son los familiares y amigos de los represores presos. La activista pro-impunidad Cecilia Pando reconoció que hubo contactos con el entorno de Milei y con Villarruel para pedirles por la libertad de los militares que están en las cárceles. La semana pasada, Pando había sido una de las firmantes de una carta en la que se le reclamaba al gobierno que cumpliera con su promesa. Cumplir con esa promesa –si efectivamente existe– será difícil.
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