La Salud y la Educación al borde del colapso

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En un encendido discurso en el Yacht Club de Puerto Madero, el presidente Javier Milei proclamó sin vueltas: “¿La crueldad? Sí, soy cruel. Soy cruel, ‘kukas’ inmundos. Soy cruel con ustedes, los gastadores, los empleados públicos, los estatistas, los que les rompen el culo a los argentinos de bien”.
Esta autoproclamación no es mera retórica: define la filosofía que sustenta las políticas de ajuste y desguace del Estado que Milei ha impulsado desde su asunción el 10 de diciembre de 2023, cuando puso en marcha la “motosierra”, apodo con el que resume el alcance de los recortes presupuestarios: eliminación o drástica reducción de ministerios, organismos y programas sociales.
El plan de Milei incluye además una fuerte caída presupuestaria -en los primeros seis meses de gestión, la ejecución del gasto público sufrió una contracción interanual del 28%, afectando salud, educación, ciencia y seguridad- y un fuerte endeudamiento, ya que Nación profundizó el vínculo con el FMI, condicionando aún más la soberanía económica a la disciplina fiscal externa. Esta política descarta, claramente, cualquier lógica de “compromiso social”. El único objetivo es restablecer un superávit primario a costa de las prestaciones básicas.
Sin embargo, el desguace que La Libertad Avanza pretende hacer del Estado suma otros puntos:

Desmantelamiento del aparato público
La persecución ideológica y los despidos masivos en la administración pública buscan “depurar” el Estado de funcionarios y trabajadores considerados “estatalistas”. Organismos clave como INADI, ANSES, el Ministerio de Mujeres y diversos institutos culturales y científicos sufrieron recortes y cesantías arbitrarias. El impacto alcanza también a los derechos humanos y culturales: el debilitamiento del INADI y de institutos de defensa de derechos civiles reduce la capacidad estatal de combate a la discriminación y de promoción de políticas de género. Asimismo, la reducción de personal en ANSES compromete la gestión de jubilaciones, asignaciones familiares y subsidios de emergencia, dejando a miles de familias sin atención oportuna. Este vaciamiento no solo ahorra fondos, sino que reconfigura el Estado como árbitro mínimo, subordinado al mercado.
La salud al borde del colapso
Milei desfinanció el sistema de salud pública y limitó los fondos del PAMI, generando un aumento de costos para jubilados y pacientes crónicos. Según la Secretaría de Salud, más de 5 mil centros privados de salud estaban al borde de la quiebra tras las homologaciones salariales y la supresión de subsidios, y el PAMI recortó la cobertura de 1.200 medicamentos, pasando de cobertura total a copagos del 40–80%. Además, la creciente preeminencia de la medicina privada, con tarifas más altas, deja afuera del sistema a quienes no pueden afrontar los nuevos precios y los recortes en campañas de prevención (dengue, vacunación) han coincidido con brotes epidémicos, elevando la mortalidad prevenible. La “crueldad” se traduce aquí en enfermos sin medicamentos y emergencia social en hospitales.
Retroceso educativo y científico
El presupuesto universitario cayó drásticamente, con un recorte del 25% en partidas de investigación y salarios congelados para docentes y no docentes. La comunidad académica exige una Ley de Financiamiento Universitario que Milei ha rechazado por considerarla “gasto clientelar”. Como consecuencia directa de esto, investigadores sin recursos optan por emigrar, debilitando la capacidad de innovación y desarrollo. Además, becas y programas de ayuda estudiantil, como Progresar, sufrieron recortes de hasta el 63,3%, limitando el acceso de jóvenes de bajos ingresos. Es así como la inversión en conocimiento se sacrifica en nombre de un balance fiscal.
Pensión y precarización de jubilados
La moderación de aumentos jubilatorios y el veto a proyectos de mejora aprobados por la oposición han hundido el poder adquisitivo de los adultos mayores. El proyecto de elevar la jubilación mínima a 400 USD fue vetado bajo el argumento de “amenaza al equilibrio fiscal”. La tasa de pobreza en el segmento mayor de 65 años escaló al 40%, según ONGs de ayuda social, mientras que la eliminación de subsidios para servicios básicos (gas, electricidad) golpea directamente el presupuesto de los jubilados. La crueldad oficial se expresa en que quienes contribuyeron toda su vida al sistema hoy no logren cubrir sus necesidades básicas.
Desarme de la red de protección social
Programas asistenciales como Potenciar Trabajo y cooperativas sociales registraron recortes de hasta el 59,8%, mientras que las redes de cuidado (comedores comunitarios) ven reducida su ayuda. En ese marco, más de 4 millones de personas acuden diariamente a comedores, según el Observatorio de la Deuda Social, en tanto que las mujeres, especialmente jefas de hogar, son las más afectadas por la supresión de programas de cuidado infantil y becas.
Se consolida un modelo en el que la “responsabilidad individual” sustituye al deber colectivo de solidaridad.
Ataque a los derechos laborales
La reforma laboral y decretos vinculados (DNU 340/2025) han limitado severamente el derecho de huelga, estableciendo mínimos de operación del 75% en servicios esenciales y multas a sindicatos que bloqueen actividades. Aunque la Justicia laboral frenó parte de estas disposiciones, persisten medidas que persiguen la precarización el empleo -el nuevo fondo de cese optativo reemplaza indemnizaciones por aportes privados, disminuyendo la indemnización por despido- y obstaculizan la negociación, ya que se amplían los períodos de prueba y se abre la posibilidad de renunciar a derechos mínimos de convenio, reduciendo la capacidad de los trabajadores de reclamar mejoras. La lógica es clara: encuadrar al trabajador como un costo ajustable al ritmo del mercado.
Bajo la bandera de la “austeridad” y el “equilibrio fiscal”, el gobierno de Milei ha convertido el recorte social en un instrumento de poder. La disparidad económica se acentúa, la clase media retrocede y los sectores más vulnerables -jubilados, trabajadores estatales, pacientes crónicos, estudiantes- pagan la factura de una tesis política que ensalza la crueldad como virtud.
Lejos de ser una anécdota de campaña, la declaración “Soy cruel” resume un proyecto de transformación social que busca reducir el Estado a su mínima expresión, despojándolo de su función protectora. El desafío para la sociedad argentina consiste en recuperar la solidaridad colectiva y revalidar el rol del Estado como garante de derechos en un momento en que la política de la crueldad amenaza con profundizar la crisis humanitaria.