El ajuste presupuestario con que justificó el mega decreto de necesidad y urgencia que anunció apenas asumió, junto a una devaluación de 53 por ciento de la moneda, fueron el mascarón de proa de una política de licuación de salarios y jubilaciones –tanto de ingresos como de ahorros—que se lleva adelante para hacer un país barato en mano de obra y primarizado. El resultado de las salvajes políticas implementadas por el gobierno de La Libertad Avanza derivó en un desplome del consumo de alimentos y de medicamentos (en este último caso de hasta 45 por ciento interanual).
El recorte presupuestario y la desregulación que decretó a distintos mercados, como prepagas, colegios privados, costos bancarios, alquileres y sobre prácticas monopólicas en precios de alimentos y medicamentos generaron una oleada de aumentos que llevó la inflación a superar el 25 por ciento mensual, para bajar lentamente y mantenerse, sin embargo, en los dos dígitos durante la primera parte del año.
El decreto, pese a que se encuentra en vísperas de ser rechazado por el Congreso, generó un fuerte daño en los ingresos de los hogares en los poco más de tres meses de vigencia. Los medicamentos registraron alzas superiores al 100 por ciento, al igual que el acumulado de ajustes de las cuotas de las prepagas, lo que obliga a que los hogares tengan que dejar la prestación.
La devaluación de la moneda fue impulso extra para los precios, cuyo impacto se sintió de lleno en diciembre y derramó en los valores de enero. Esto derivó en un importante retroceso en el consumo. Los datos de febrero dan cuenta de ese impacto. De acuerdo con el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de pymes de alimentos y bebidas bajaron 33,3 por ciento respecto de febrero de 2023, mientras que a precios constantes y acumulan una caída de 35,2 por ciento en los primeros dos meses del año frente al mismo periodo del año previo. En medicamentos, las ventas se desplomaron 39 por ciento interanual a precios constantes y llevan acumulada una baja de 42,4 por ciento en los primeros dos meses del año.
El ajuste salvaje en el gasto para mostrar un ficticio e insustentable equilibrio presupuestario se sustentó en un recorte en las jubilaciones en términos reales (descontada la inflación), la paralización de la obra pública a casi cero y una reducción de las transferencias a las provincias de casi el 90 por ciento. El consumo interno de cemento se desplomó un 32,4 por ciento entre noviembre y febrero, producto de la parálisis de la actividad de la Construcción, dejando en riesgo unos 500.000 puestos directos e indirectos de trabajo. La producción manufacturera se contrajo 19,4 por ciento en los primeros cien días de Mieli, mientras que el uso de la uso de la capacidad instalada se redujo de 62 a 54,6 por ciento.
El decreto dispuso, además, la eliminación de la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Compre Nacional, lo que dio vía libre a los incrementos al mostrador. De acuerdo al costo de canastas del INDEC, la variación costo de crianza subió un 50,1 por ciento y una jubilación mínima alcanza a adquirir solo una canasta, frente a una y media que podían adquirir hasta noviembre. Algo similar sucedió en el peso de los servicios. En el caso del transporte, producto de la quita de subsidios, con un salario mínimo se podía acceder a 2757 boletos, mientras que ahora solo se accede a 751 viajes, según el relevamiento realizado por la Celag.
Estos recortes se dan junto a la eliminación de planes sociales, incluyendo a pacientes oncológicos, que hace aún más drástico el ajuste. Mientras tanto, el equipo económico que conduce Luis Caputo lleva adelante un mega endeudamiento, con un canje por 50 billones de pesos, lo que derivó en una leve baja de la brecha cambiaria. Esa caída del diferencial de precios es utilizado mediáticamente por el Gobierno como un paso cerca de la dolarización o competencia de monedas.
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