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La maldita incoherencia de ser Juez y Parte

La Rioja es la única Provincia del mundo donde se designa en un ente que debe defender los intereses de los Usuarios (EUCOP) a un funcionario que tienen vinculaciones directas con los intereses de la empresa (EDELaR). Que Bolognesi cumpla correctamente su tarea implica que accione en contra de él mismo. Obviamente, no lo hace: pidió a los usuarios que ‘paguen las boletas’, contrariamente a lo que dictamina un fallo de la Justicia Federal.

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Compartimos una queja de la Mesa Provincial del Frente Grande La Rioja que sintetiza el escenario:

El Frente Grande de La Rioja desea expresar su rechazo a la política tarifaria del Ente Único de Control de Privatizaciones EUCOP, manifestada por su titular Remo Bolognesi, quien se encargó de comunicar por todos los medios, que se debe pagar EL TARIFAZO ELECTRICO incluido el exorbitante aumento a julio de 2016, actuando como si fuera el vocero de la empresa y no el funcionario facultado por la ley prov. 7010 de creación del EUCOP para defender los intereses de los usuarios – en particular el artículo 7 – inciso 7 de dicha ley.

Sus argumentos, por cierto endebles, desconocen los derechos del usuario, consagrados por la Constitución Nacional en el Art. 42, la implementación de las audiencias, el Art 1 de la Ley de Creaciòn del EUCOP, que reza que “el Ente tendrá por objeto preservar y tutelar los derechos de los usuarios frente a la privatización de los servicios públicos de pertenecia pública”.

Desconoce también, el fallo de la Jueza Forns del Juzgado de San Martìn que establece “que ante la ausencia del “requisito constitucional” de la audiencia pública y por los “exorbitantes y desproporcionados” aumentos dispuestos en las resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía y Minería. “La audiencia pública no sólo resulta un requisito constitucional, haya o no norma que la establezca en materia de modificación de tarifas, sino que máxime que las aplicadas con las resoluciones atacadas por el amparista constituyen ‘prima facie’ ajustes exorbitantes, desproporcionados y fuera de la realidad económica actual de los ‘clientes cautivos’”, precisó Forns en su fallo.

La magistrada resolvió “ordenando a las demandadas Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Energía y Minería-, en Ente Nacional Regulador de la Electricidad), la inmediata suspensión de los efectos de las Resoluciones nros. 6/2016, 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y 1/2016 del ENRE”. Asimismo, ordena a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) “que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario aprobado por la primera de las resoluciones citadas, respecto de todas las distribuidoras del país, hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública”.

Teniendo en cuenta todos estas medidas judiciales de alcance nacional, que marcan un claro rumbo en contra del tarifazo – dispuesto por el gobierno de Macri para beneficiar a sus socios, y perjudicar al pueblo argentino – el funcionario Bolognesi pone en evidencia que no es su intención cumplir con el cometido para el que fue designado sino todo lo contrario. Reiteramos como lo vienen haciendo los vecinos autoconvocados, usuarios del servicio eléctrico: “la empresa no cumple con la ley, es la empresa la que realiza actos ilegales al no cumplir con las resoluciones judiciales que tienen alcance en el territorio de la provincia.

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