El estudio considera once ejes: la transparencia activa, producción de datos, actos jurisdiccionales, compras públicas, selección y remoción de magistrados, interacción, personal, código de ética, capacitación, sistemas de control y de participación ciudadana. Hoy solo tiene peor desempeño que el riojano el Poder Judicial de San Juan.
El segundo puntaje más bajo del país. Eso es lo que consiguió el Poder Judicial de La Rioja tras un estudio minucioso que realizó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en todo el país. La nota que obtuvo la justicia en esta provincia fue de 15 puntos, una calificación muy baja y lejana a la que ocupa la cabeza del estudio, Formosa con 55 puntos.
El trabajo estuvo en manos de Sandra Elena y Ana Pichón Riviere, integrantes del área Instituciones y Gestión Pública del CIPPEC, quienes realizaron la medición en función del índice de acceso a la información judicial a través de los sitios web oficiales de las provincias.
En ese contexto, San Juan lidera los índices de poca transparencia y escaso acceso a la información judicial de todo el país seguido por La Rioja con 15 puntos; Catamarca con 19; La Pampa con 25 y Santa Cruz con 29. En el lado opuesto está Formosa con 55 puntos, Ciudad de Buenos Aires con 54, Neuquén y Salta con 50 cada una, y Chubut con 49. Sin embargo sólo la primera publica en su sitio web las declaraciones juradas de los magistrados judiciales.
El relevamiento se hizo entre julio y septiembre de 2013 y fue revisado entre enero y febrero de 2014. Éste considera once ejes: transparencia activa, producción de datos, actos jurisdiccionales, compras públicas, selección y remoción de magistrados, interacción, personal, código de ética, capacitación, sistemas de control y participación ciudadana.
El informe aclara que este índice “no evalúa la cantidad de información producida ni su calidad sino su disponibilidad en el sitio web oficial del Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura de cada jurisdicción”.
Además destacan que “la transparencia de la Justicia proporciona un triple beneficio: mientras que el monitoreo ciudadano promueve mejoras en la gestión, la publicidad de los datos facilita la rendición de cuentas y produce información veraz para diseñar políticas y tomar decisiones basadas en evidencia”.
Finalmente concluye que el Poder Judicial “es una de las instituciones públicas menos sometidas al escrutinio público”.
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