Julio Martínez recordó que Carlos Santander, candidato a diputado nacional por la alianza Compromiso Federal, tiene causas judiciales por supuestos irregularidades en su gestión cuando fue funcionario del PAMI durante la presidencia de Carlos Menem.
El diputado nacional y precandidato por la alianza Fuerza Cívica Riojana, Julio Martínez, recordó que Carlos Santander, precandidato a diputado nacional por la alianza Compromiso Federal, tiene causas judiciales por supuestos irregularidades en su gestión cuando fue funcionario del PAMI durante la presidencia de Carlos Menem.
En declaraciones a Radio Nacional, Martínez admitió que Fuerza Cívica Riojana pensó en incluir a Santander en su lista de candidatos e incluso confirmó que el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, fue quien actuó de intermediario, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.
Santander es precandidato del partido “Es Posible” y Nacionalista Constitucionalista, que conformaron la Alianza Compromiso Federal. “Lo que pasa que Santander tiene diferencias con nosotros por no haber sido incluido en nuestro frente. Pero puntualmente él no está por razones judiciales. Tiene causas abiertas tras su paso por el PAMI cuando estaba con (Carlos) Alderete, (ex interventor de la obra social), y eso es incompatible para estar junto a nosotros y por eso nos critica y reacciona de esa forma”, sentenció Martínez.
Horas después, Santander salió a defender su honor y rechazó cualquier tipo de imputación al respecto de su paso por el PAMI. “Yo fui director del PAMI durante la época de Menem, y luego se abrieron causas judiciales en las cuales fui sobreseído y nunca fui condenado”.
“Yo soy una persona honesta y por eso me presento, doy la cara y me enfrento al poder, pero está claro que Martínez quiere entrar en una campaña sucia y tratando de desprestigiarme, luego de que ellos me llamaron para formar un frente y yo les dije que no porque los candidatos estaban puestos a dedo de antemano”, agregó Santander molesto y dolido por las imputaciones del radical.
Según la agencia DyN, a través de un cable del 26 de febrero de 20009, la Cámara Federal confirmó el procesamiento contra ex directores y síndicos del PAMI en tiempos en que su titular era Víctor Alderete, por el presunto delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública”.
El caso está vinculado con la contratación de una consultora de comunicación que prestaba servicios para el PAMI y por ese expediente también está procesado Alderete, ex titular de la obra social de los jubilados y pensionados durante el gobierno de Carlos Menem.
Según un fallo de nueve carillas firmado por los integrantes de la Sala Segunda de la Cámara, Horacio Cattani y Eduardo Farah, seis ex directores y dos ex síndicos del PAMI habrían “incumplido con el deber de control en la contratación de una consultora para realizar tareas de comunicación, entre 1997 y 1999, por un monto superior a 25 millones de pesos”.
El contrato bajo investigación fue firmado por el PAMI con la empresa A.B. Grupo de Comunicaciones.
“Existe prueba de que los directores han omitido cumplir con ese deber de control cuando analizaron las obligaciones abusivas firmadas por Alderete en el contrato inicial con esa empresa y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, deber cuya omisión que a esta altura cabe reputar de maliciosa- también configura una conducta de posible reproche penal”, sostuvieron los camaristas.
“En ninguna ocasión surge que los encartados (los síndicos y directores) hayan intentado interiorizarse sobre el desarrollo del contrato y, en su caso, evitar que se continuara perjudicando los intereses patrimoniales del instituto que ellos representaban”, añade el fallo.
Esa conducta causó “un daño sobre los bienes que les fueron confiados, razón por la cual corresponde confirmar el procesamiento de los encartados al hecho que se les endilga”.
El procesamiento alcanza a los ex funcionarios Domingo Petrecca, Eduardo Polemann, Dora Terrón, Santiago Tomaghelli, María Maina de González, Carlos Santander, Fernando Dapero y Carlos Morán, según informó la agencia DyN.
Todos ellos podrían ser pasibles de una condena de un mes a seis años de prisión, prevista para quienes tuvieran “a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar un daño, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos”.
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