Redacción de RiojaLibre
El 12 de Abril de este año el TSJ ordenó reconocer a los empleados municipales designados durante el último tramo de la gestión de Ricardo Quintela. Mediáticamente, se ‘presentó’ el fallo como un golpe al Municipio, pero lo curiosos es que es el Gobierno Provincial el que NO actualiza (y por ende, NO reconoce) a más de 2.500 empleados que fueron designados durante el 2015.
Cada mes que el Gobierno Provincial envía fondos al Municipio Capitalino para pagar los sueldos toma como referencia la Planilla de Diciembre de 2014, cuando los empleados eran 2.800. Tras las designaciones hechas en 2015, esa cifra asciende a 5.400. Es decir, el Gobierno Provincial desconoce a 2.600 empleados capitalinos, a los que NO envía fondos para el pago de sus salarios.
Esta discriminación NO es nueva: el ex Intendente Ricardo Quintela sacaba plata de los ‘gastos de funcionamiento’ para pagar el salario de los 2.000 empleados NO reconocidos por Provincia. Cuando asumen Casas y Paredes Urquiza, y ante la sanción de la nueva Ley de Coparticipación, ambos ‘acuerdan’ que Provincia se comenzaría a hacer cargo de esos sueldos. Así fue durante los primeros meses, pero cuando el Intendente comenzó a hablar de la ‘vieja política’, Ricardo Guerra recibió la orden de volver a desconocer a los empleados municipales.
Resumiendo, Provincia toma como referencia solo a 2.800 empleados (Diciembre de 2014) cuando hoy el Municipio tiene 5.400. El TSJ ordena al Municipio reconocer TODAS las designaciones hechas en el último tramo de la Gestión anterior (Ricardo Quintela), pero Provincia NO actualiza el envío fondos para salarios desde Diciembre de 2014. Otro dato: Provincia le pasa a Chilecito (que tiene menos 33 mil habitantes contra los 200 mil de Capital) fondos para costear casi 10.000 empleados Municipales.
Tal como lo hacía Ricardo Quintela años atrás, las actuales autoridades capitalinas NO piden que Provincia se ‘recorte gastos’ a Chilecito, sino que se actualicen los números con Capital.
Veamos lo que dice el artículo 10 de la Ley 9.782 (de Coparticipación Municipal): “ARTICULO 10º.- La Función Ejecutiva fijará la política en materia salarial para todo el Territorio Provincial y garantizará a los Municipios los recursos financieros para la atención del pago de haberes, incluidos los aumentos salariales ya otorgados a la fecha y los que se establezcan en el futuro, conforme con las Plantas de Personal Permanente y Transitoria declaradas a los efectos previsionales ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al 31 de diciembre de 2.014. A partir de dicha fecha los valores referenciales de agentes establecidos, podrán incrementarse atendiendo a estrictas razones de servicios debidamente justificadas y previa autorización de la Función Ejecutiva. Los Municipios se obligan a aplicar la política salarial que se adopte a nivel provincial y a observar las pautas, prohibiciones y excepciones que se establezcan al respecto.”
Teniendo en cuenta ese artículo, resulta inexplicable que Provincia no envíe fondos para costear el aumento salarial que ellos mismos anunciaron a principios de Julio. Tal como lo dice el artículo 10 es la Provincia la que debe «garantizar a los Municipios los recursos financieros para la atención del pago de haberes».
La gran pregunta es: ¿Por qué NO los garantiza?
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