Por Alfredo Zaiat
En los últimos tres meses, la tasa de inflación se ha acelerado pero, con muy fuertes aumentos en tarifas, combustibles y del tipo de cambio, aparece la sospecha de que la medición oficial esta subestimada. Con el Índice de Precios al Consumidor, indicador utilizado para hablar de la inflación, está pasando algo que técnicos y analistas expertos en estadísticas deberían dar explicaciones. Los registros oficiales de la tasa de inflación son muy similares con programas económicos distintos, de gobiernos de signo político opuestos y con medidas que son contracaras. Las cifras publicadas lo certifican. Para evitar discrepancias con los números del Indec se utiliza un indicador que no es cuestionado, así queda en evidencia lo relevante: con escenarios económicos contrarios la tasa de inflación es muy parecida. Veamos algunas cifras:
En 2014, IPC-CABA: 38%.
En 2016, IPC-CABA: 41%.
Datos de otras fuentes también muestran lo mismo: el IPC-9 provincias 2014 medido por Cifra-CTA fue de 36,8 por ciento, casi igual al 36,6 por ciento que el gobierno de Macri decretó para el 2016 con una medición del BCRA debido al apagón estadístico del Indec.
En los años siguientes, el comportamiento de la tasa de inflación también fue casi idéntico:
En 2015, IPC-CABA: 26,9%.
En 2017, IPC-CABA: 26,1%.
En los dos saltos inflacionarios mencionados hubo una devaluación que los unifica: en 2014 fue de 32 por ciento, y en 2016, 40 por ciento. La intriga estadística aparece en los años que le siguen al ajuste cambiario debido a que la política económica desplegada fue divergente. Mientras la de 2015 es con administración de precios, la de 2017 es con liberación de precios, pero sorprendentemente ambos índices de precios son casi idénticos. Existen otras diferencias notorias en las políticas económicas.
En el gobierno anterior, las tarifas estaban casi congeladas, había alza de los combustibles pero administrada, estaba el programa de Precios Cuidados que ponía límites a la suba de bienes sensibles de la canasta del hogar, el trigo tenía retenciones del 23 por ciento lo que permitía precios más bajos en toda la cadena de la harina, y los salarios le ganaban unos puntos a la inflación. Y el Indec estaba desprestigiado.
En el gobierno de Macri, los aumentos de tarifas en gas, luz, agua y transporte son impresionantes, el precios de los combustibles fue liberado y dolarizado, se diluyó hasta casi la desaparición Precios Cuidados, se eliminaron las retenciones al trigo y maíz con lo que el precios internacional de esos granos impacta directamente en el mercado doméstico, y los salarios habrían ganado 4 puntos a la inflación el año pasado, según el cálculo oficial. Y el Indec habría recuperado credibilidad.
Es muy extraño que con semejante cambio en la orientación de la política económica, que implica una brusca alteración de los precios relativos, los IPC 2015 y 2017 sean similares. Algo no encaja en ese resultado.
El dato del último año del gobierno anterior no puede estar sobreestimado; por el contrario, el consenso era que había inflación reprimida, además de la pérdida de confianza acerca de la información proporcionada por el Indec. La duda que irrumpe entonces es si el dato de la tasa de inflación durante el gobierno de Macri está subestimado y, si en realidad, es más elevado que el registro oficial.
Técnicos
En esa instancia, aparecen dos explicaciones, que no son excluyentes y pueden aportar una aproximación para abordar el problema que sólo con el cotejo de las cifras no alcanza.
La muy débil captación de los fortísimos aumentos de los últimos dos años puede estar originada en que, para medir el IPC, el Indec de Macri utiliza una vieja encuesta de gasto de los hogares, además de desactualizados ponderadores de los rubros que componen la canasta de bienes y servicios.
Otra razón puede ser la implementación de picardías metodológicas para subestimar los datos malos y sobrestimar los buenos, realizadas en forma más prolija y silenciosa por el Indec de Macri en comparación con la gestión anterior. Una cuestión no menor de esa evaluación es que esos manejos cuentan con la complicidad de los técnicos maltratados en el período 2007-2015, motivada por las broncas pasadas, y también de la mayoría de los especialistas que se rasgaban las vestiduras estadísticas en años pasados y hoy se hacen los distraídos.
El silencio fue atronador cuando el titular del Indec, Jorge Todesca, desplazó a Graciela Bevacqua y Cynthia Pok, dos emblemas de quienes eran muy firmes opositores de la gestión anterior. También fue sorprendente el silencio de esas dos técnicas y de la junta gremial interna del Instituto, cuando habían tenido una meritoria conducta combativa en defensa de la rigurosidad estadística. Otro técnico movido de su lugar fue Alejandro Baranek, un experto en IPC que fue a parar a otra Dirección en noviembre de 2016, cuando Alejandra Clemente (encargada de la Dirección que se ocupa del IPC) exigió a las autoridades que lo sacaran de la tarea del IPC. No se le renovó el contrato hasta marzo del año pasado, cuando fue asignado a otra área, al parecer por pedido de él.
Picardías
El más reciente retoque a las estadísticas públicas del Indec de Macri fue en el IPC de febrero, que anotó 2,4 por ciento cuando podía haber sido un poco más elevado. Para lograr esa marca, el Indec promedió la suba del transporte con los descuentos del sistema multimodal en el área metropolitana. En estas columna se había alertado de la posibilidad de ese manoseo (“El boletazo”, 7 de enero pasado), para diluir el tarifazo en el IPC. La manipulación fue realizada en el dato de febrero, que se replicará en abril y junio con los otros aumentos previstos de los boletos de tren, colectivos y subte.
Se sabe que el transporte tiene una carga importante en la canasta de consumo de la población. El Indec estima que representa el 11,6 por ciento de los gastos de una persona en el área metropolitana, siendo el segundo rubro con mayor ponderación en el presupuesto después de Alimentos y Bebidas. Calcular un menor aumento de la tarifa que el real disminuye su incidencia en el IPC. Esto es lo que hizo el Indec.
El nuevo sistema multimodal de transporte urbano de pasajeros tiene un descuento de 50 por ciento para la primera combinación y del 75 por ciento a partir de la segunda. Es importante precisar el porcentaje de la población alcanzada con el sistema de tarifa integrada para medir cuánto impacta en el IPC. El Ministerio de Transporte informó a través del canal oficial de medios privados que alcanza al 40 por ciento de la población, orientando así la tarea de manipulación del Indec. En la conferencia de prensa de presentación de la Red SUBE se había indicado, en cambio, que beneficiaba al 20 por ciento, mientras que otro informe (Encuesta de Movilidad Domiciliaria 2009-2010) precisa que apenas el 11 por ciento del total de los pasajeros podría recibir una rebaja parcial por el nuevo sistema de tarifa integrada.
Otro de los argumentos para subestimar el tarifazo en el IPC apunta a que el incremento del boleto se aplica en el área metropolitana y no en el resto de las provincias, donde ya se abona precios más altos del transporte público. Por eso en el IPC Nacional, que es el indicador de referencia del Indec para comunicar cada mes la marcha de la inflación, se diluyó el tarifazo.
Así la magia macrista en el Indec logró que el tarifazo en el transporte tenga un menor impacto en el cálculo del Indice de Precios al Consumidor. No es algo infrecuente: los fortísimos aumentos en diferentes rubros no se reflejan plenamente en las estadísticas oficiales de inflación como sí sucede en el presupuesto de las familias. Deficiencias en la encuesta de gasto de los hogares o en los ponderadores de los rubros o picardías metodológicas tienen como saldo que los ajustes sucesivos de los combustibles, los tarifazos en servicios públicos, alzas en servicios privados y suba de precios en alimentos y bebidas no se reflejen plenamente en el IPC-Indec.
El Centro de Economía Política Argentina precisó en ese sentido que ya hubo tres cambios metodológicos en la elaboración del IPC-Indec en la gestión Todesca. Está anunciado otro más el año próximo. Un índice de precios mide la evolución del costo de una canasta representativa de consumo, que es definida con una Encuesta Nacional de Gastos. La actual administración del Instituto utiliza la de 2004-2005 al descartar la realizada en el 2012-2013, pese a que fue avalada por el FMI. Como la elegida esta desactualizada, subestima la fuerte carga que los servicios públicos representan hoy en el presupuesto de los hogares. El índice de precios resultante de la medición de esa canasta también está subestimado. El IPC está calculado utilizando la estructura de consumo diseñada hace casi 15 años, que no hay dudas de que ha cambiado y, por lo tanto, ofrece una tasa de inflación alejada de la realidad.
Aceleración
Cuando la tasa de inflación informada no disminuye pese a los manejos del Indec para subestimar la suba, la mirada se traslada hacia la consistencia de la política económica y sus responsables para abordar la cuestión de los precios. En forma coordinada, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Hacienda con cargo de ministro, Nicolás Dujovne, afirmaron que la inflación está bajando, en el mismo momento en que se difundió que el IPC subió, y mucho más lo hizo el Índice de Precios Mayorista por el impacto de la devaluación (ver nota aparte). El IPC-CABA de los últimos tres meses (diciembre-febrero) anualizado fue 34,5 por ciento.
La secuencia de aumentos próximos adelanta que la tensión inflacionaria no aflojará. En marzo, alzas en taxi, parquímetros, VTV y educación privada; en abril, subas en peajes, más ajustes en la tarifa de gas y otra vuelta en el transporte. En los meses siguientes, incremento en la tarifa de agua y otro ajuste en el transporte. En el Ministerio de Hacienda prometen que la inflación bajará en el segundo semestre, pero están previstos más aumentos en las tarifas de gas (octubre) y luz (noviembre).
Economistas de la city afirman, como si fuera un desafío al gobierno, que no se cumplirá la meta de inflación oficial del 15 por ciento, estimando que se ubicará en el 20 por ciento. Pero ese porcentaje es una visión bastante optimista. La actual tendencia la ubica por encima del 25 por ciento. Para evitar que los precios suban a ese escalón, el Banco Central tendrá que pisar muy fuerte la paridad del dólar en 20/21 pesos, como lo hizo en los últimos días liquidando en total unos 1000 millones de dólares de reservas. En el último comunicado, informando que no modificará la tasa de interés de referencia, el BCRA admitió finalmente que la devaluación se traslada a precios, evidencia empírica de varias décadas en la economía argentina.
Para enfrentar la aceleración inflacionaria, el gobierno está pisando las paritarias en el 15 por ciento, lo que adelanta un sendero de retracción del consumo. La apuesta oficial es poder mostrar una tasa de inflación más baja en el segundo semestre y, fundamentalmente, en el año electoral 2019. Para ello ya anunció que, además de contener los salarios, postergará los aumentos de tarifas programados para el año próximo y, si no es suficiente, apostará al atraso cambiario como ancla inflacionaria, lo que es un riesgo porque profundizará los actuales desequilibrios externos.