Megaminería: insustentable e incontrolable
Por: Enrique Viale
En respuesta al Ministro de Ambiente de la Nación
El martes 17 de mayo, el ministro de Ambiente de la nación, Sergio Bergman, publicó aquí un artículo denominado “Minería con licencia social, un cambio cultural”. Corresponde una respuesta porque, entre otras cosas, el ministro parte de premisas falsas, desconoce las largas luchas territoriales y olvida su condición de máxima autoridad ambiental federal.
Bergman ignora las largas luchas ciudadanas en los pueblos cordilleranos y precordilleranos que son las que están marcando huellas históricas en la defensa de los territorios en nuestro país y un punto de inflexión en el saqueo económico, la devastación ambiental, social, cultural e institucional que significa la figura extrema del extractivismo: la megaminería. Desconoce el ministro que son las asambleas ciudadanas las que vienen teniendo desde hace años un debate serio sobre la problemática, que tanto se reclama, a través del trabajo reflexivo de los compañeros en las manifestaciones, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades y llevando adelante medidas de carácter institucional.
Sergio Bergman también desconoce que fue a partir del andamiaje jurídico montado en los noventa —sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país. Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.
Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo total de la energía de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).
Con estas características, en la medida en que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, la energía y otros recursos, termina por reorientar la economía del lugar donde se implanta; se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad.
Por su parte, en cuanto al marcado énfasis del ministro de Ambiente de la nación en el cumplimiento de las leyes, parecería olvidar que él es la autoridad de aplicación de la ley de glaciares y, como tal, responsable de su aplicación efectiva. En este sentido, el emprendimiento minero Veladero está operando sobre glaciares y ambiente periglacial, tal como se desprende del propio Informe de impacto ambiental realizado por la empresa. Esto convierte allí a la actividad en ilegal, al contradecir la ley de glaciares, que establece taxativamente la prohibición de actividades mineras sobre esas superficies. Recordemos que fue este emprendimiento minero en San Juan el que provocó, en septiembre pasado, el peor incidente minero ambiental de la historia de nuestro país al contaminar con 5 millones de litros de solución cianurada la cuenca del río Jáchal. Hecho que, a pesar de su brutalidad y su flagrancia, aún permanece impune y con el agravante de la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de enviar la investigación del hecho a la complaciente Justicia de San Juan.
Asimismo, el ministro, al decir: “La minería es una actividad que nos acompañará en nuestras vidas como en nuestras actividades productivas, así también en el crecimiento de la nación que la adopta”, también cae en una falsedad difundida insistentemente por el lobby de la minería transnacional. El destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, a su vez, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a todo el subcontinente latinoamericano. Por ejemplo, América Latina produce el 26,2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume el 2,9%; en cuanto al cobre, produce el 45,1% y consume el 6,1 por ciento. Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 por cuento. A esto hay que agregar que la minería aurífera, muy expandida en nuestro país, refiere a un metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 83% de su producción es utilizado para reservas bancarias y joyería.
Y en Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que posibilita que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En efecto, en las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo.
Después de más de tres lustros de explotación de La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la asignación universal por hijo).
Lo mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan —elegida como modelo del lobby minero—, que, a pesar de tener en funcionamiento hace muchos años algunos de los mayores emprendimientos mineros del país y de la transferencia de la nación durante los últimos años del doble de recursos per cápita que la media nacional, la pobreza y la indigencia (según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos) son las más altas de su región y se mantienen en mayor proporciones que las provincias vecinas que no desarrollan la actividad. En esta provincia, la empresa Barrick, por Veladero (la mina más grande de la provincia), aporta en concepto de regalías menos del 1% del total de ingresos provinciales. La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500 personas en forma directa, sólo el 1% del total del empleo en esa provincia.
Lo cierto es que pese a las reiteradas promesas del sector, la minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura.
No existe en el mundo ninguna región que haya logrado un desarrollo socioeconómico con la gran minería, como tampoco hay lugar en el mundo donde se desarrollen (o intenten) proyectos de megaminería y no haya gran conflictividad social. El sistemático ataque a las libertades individuales más básicas para imponer este modelo conlleva a un nuevo capítulo de violación de derechos humanos en nuestro país que reduce al mínimo los alcances de la propia democracia.
En suma, esta actividad está concentrada en unas pocas empresas transnacionales, que generan una exigua mano de obra, cuya producción está orientada de modo exclusivo a la exportación masiva de minerales (sin valor agregado), con altísima conflictividad social. Dejan como herencia pasivos ambientales durante y tras el cierre de las minas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio) que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones.
Por estas razones es que el economista ecuatoriano Alberto Acosta difundió la frase: “La maldición de la abundancia” para caracterizar el extractivismo extremo en nuestra región, a la cual históricamente se le ha reservado el papel de exportadora de naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la población ni los efectos socioambientales. La historia lo demuestra: por donde pasa la gran minería sólo quedan saqueo, territorios devastados y empresas colosalmente ricas. Aunque los Gobiernos no lo adviertan, como el ministro Sergio Bergman, serán los pueblos en los territorios los que no dejarán que se sigan escribiendo nuevos capítulos de Las venas abiertas de América Latina.
Esta es la Columna que había escrito el Ministro:
Minería con licencia social, un cambio cultural
Por: Sergio Bergman
La minería es una actividad extractiva y, como tal, que sea sustentable es una aspiración que sólo podrá concretarse cuando se implemente como práctica responsable y como un instrumento hacia un desarrollo sustentable integral de las regiones donde esta ocurre.
El desarrollo de nuestras vidas cotidianas, como el progreso de nuestras sociedades, tiene en los minerales un recurso que es un insumo indispensable para hacer viable la tecnología, que nadie quiere abandonar en su calidad de vida. Además, es recurso de desarrollo económico para las comunidades locales, provinciales y nacionales.
La minería es una actividad que nos acompañará en nuestras vidas como en nuestras actividades productivas, así también en el crecimiento de la nación que la adopta y ratifica como política de Estado económica, productiva, energética y ambiental. Todas dimensiones que deben ser concurrentes en un desarrollo sustentable.
Se trata de una actividad que está regulada por la ley. Eso no impide que, en este desarrollo productivo como en otros, haya prácticas criminales que no pueden ni deben esconderse bajo las argumentaciones de minería sustentable o responsable. Cuando sus acciones voluntarias, negligentes o accidentales sean conscientes del daño que ocasionan, al que son indiferentes, se debe poner a estos actores frente a una Justicia eficiente e independiente y actuar en tiempo y forma, con todo el rigor de la ley.
Aquí es donde el Estado debe estar presente y es nuestra responsabilidad cumplir con esta función. Los legisladores, con leyes, reglamentaciones y códigos que ajusten a derecho y amplíen los resguardos para que la minería sea no sólo actividad lícita y legal, sino responsable de cuidar la salud de las personas y el ambiente, aun cuando extraiga minerales y, en especial, cuando utilice agua, con su impacto en el entorno y en los múltiples recursos naturales.
Así también una Justicia ambiental, civil y penal que, en tiempo y forma, ejerza su función con fiscales y jueces que intervengan para proteger con la ley a los ciudadanos, como así también al ambiente.
El Poder Ejecutivo, tanto en su órbita local como provincial y nacional, ajustado a derecho, ordenado por las leyes, y colaborativamente con la Justicia, debe articular las políticas preventivas, los controles, el monitoreo y la fiscalización de los proyectos en actividad. Debe ejercer tanto el poder de policía como el de inspección para que se desarrolle la minería con responsabilidad y se evalúen con seriedad sus prospectos y sus proyectos futuros.
Junto con los correspondientes estudios de impacto ambiental y herramientas como el ordenamiento ambiental del territorio, que son requisitos indispensables de la ley para desarrollar estas actividades productivas, no es menor la importancia que tiene otra dimensión indispensable desde el derecho, el sentido común, la sensibilidad social y los derechos humanos que tiene la licencia social.
Las audiencias públicas y la participación ciudadana no sólo son una etapa de un proceso formal. Son una oportunidad única de validar la tensión que la minería tiene implícita cuando, sin poder ser sustentable, por ser extractiva y tener impacto ambiental, debe estar contenida en regulación legal, pero, al mismo tiempo, abre la oportunidad, respetando estas regulaciones que la hacen actividad lícita y legal, de atraer inversiones, expandir la economía, desarrollar regiones y provincias que tienen en este recurso económico su potencial de crecer, ofrecer trabajo y generar nuevas alternativas de desarrollo posterior o simultáneo.
Es en esta instancia donde el diálogo ciudadano, la participación y, en especial, el puente de representación que debe ser la conversación tienen que ser una prioridad, una práctica cultural y, para la sociedad, también una política de Estado.
Es decir, la minería no puede ser política de Estado energética, económica y productiva sin ir de la mano de otras políticas que la hacen viable: el diálogo participativo, el planeamiento colaborativo, la discusión, en la cual, sin pensar igual, haya respeto. Sin ceder las convicciones propias, se acepta que también haya otras para asegurar que todas ellas se puedan y deban expresar, pero ninguna se podrá transformar en práctica sin que sea legal y esté regulada no por una razón, un interés o una convicción, sino por lo que establece la ley.
Quienes quieren hacer minería de otra forma, sin someterse a estos límites y estas regulaciones, deben saber que el Estado, junto a la licencia social y la comunidad, no lo permitirá. Desde las asambleas hasta los funcionarios de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo estamos, como establece la ley, para cuidar un ambiente sano y equilibrado, que no puede ser degradado ni contaminado por ninguna acción productiva.
Quienes por sus ideas están convencidos de que ninguna minería debe permitirse, o quienes sostienen que es legal, pero no acuerdan con sus métodos o sus prácticas, deberán pacíficamente lograr que los legisladores modifiquen las leyes, que los Gobiernos locales, provinciales y nacionales tengan representantes que compartan sus convicciones y las cumplan cuando asuman sus funciones y no cuando las prometen en campañas. Esto también vale para referentes en la Justicia y en el derecho: que interpreten leyes o propongan reglamentaciones que lleven la actividad minera a esas prácticas que son posibles de transformar en un nuevo estándar, pero que no son hoy los límites que impone la ley.
Los argentinos nos hemos acostumbrado a que haya leyes que no se cumplen, a que las licencias sociales sean un trámite que puede manipularse, a que los intereses económicos siempre estén por encima de los principios, a que el interés de un sector o una actividad prevalezca siempre sobre el bien común, a que como populistas se diga lo que no se hace y se queme en el presente todo futuro. A que no haya confianza en nada ni en nadie y a que la vida de la gente sea descartada, vendida o comprada sin la menor consideración.
Todo lo recién detallado no está vinculado con la minería sino con la crisis de valores y prácticas de la sociedad argentina. Ese cambio indispensable es un cambio cultural que no se resuelve sólo con una herramienta formal exterior a nosotros mismos que propone la ley, sino con un cambio espiritual interior de aquello que somos en lo que hacemos, mucho más que lo que aspiramos en lo que decimos o proponemos.
Es tiempo de comprometer más que prometer y de hacer más que decir. Este debate sobre minería, responsabilidad, licencia social, impacto ambiental, desarrollo económico, inversiones, trabajo, calidad de vida, remediación, conflicto de intereses, diálogo, encuentro, consensos y, fundamentalmente, bien común, es el glosario de un nuevo tiempo donde el encuentro entre los argentinos nos permitirá estar unidos bajo una misma ley, un mismo cielo y haciendo en este mismo suelo, de nuestra Argentina, una tierra prometida en la que habrá, como promueve nuestra Constitución, prosperidad y, entre otras actividades, minería, pero nunca a expensas de la vida.
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