Estudiantes de universidades nacionales ingresaron este miércoles al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. Estudiantes presentes en la medida de fuerza señalaron a El Destape que el principal reclamo es que la Casa Rosada «garantice el aumento de la Beca Progresar como establece la ley«. Después de horas de protesta, los estudiantes consiguieron una reunión con funcionarios pero, después de tres minutos de conversación, fueron desalojados de forma violenta y el Ministerio de Capital Humano anunció que realizará una «denuncia judicial».
La protesta estudiantil no se dio en un día cualquiera: el martes, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei justificó la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto del Poder Ejecutivo. En el fallo, Cormick ordenó al Ejecutivo «el cumplimiento inmediato» de la norma.
Tras el fallo a favor de las universidades, los estudiantes se acercaron al Palacio Pizzurno para entregar el petitorio y exigir que las becas se actualicen tal como indica el artículo 6 del texto aprobado por los diputados y los senadores, que establece que el Gobierno nacional debe «disponer la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado» por la «variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor» en el período «comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 hasta el momento de la sanción» de la ley».
La sentada en el Palacio Pizzurno
En diálogo con El Destape, Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que la medida consta de «una juntada pacífica» realizada por «estudiantes de distintas universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)«.
El motivo es claro: a pesar de las exigencias de la Justicia, el Gobierno sigue sin cumplir la ley. «Ya pasó más de un año desde que se aprobó la ley, ya la Justicia falló sobre la cuestión de fondo diciendo que lo que está haciendo el Gobierno al incumplirla es inconstitucional, que los salarios de los trabajadores se tienen que aumentar, que las becas Progresar de los estudiantes se tienen que aumentar también», reclamó González Puente, quien opinó que «no es normal» la actitud del oficialismo. «Estamos esperando una respuesta del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que reciban el petitorio que trajimos pidiendo el aumento de la beca y para que nos den una respuesta de cuándo y cómo se va a implementar el aumento previsto en la ley», añadió.
El ajuste tiene impacto directo en los estudiantes
En su diálogo con este portal, la dirigente estudiantil detalló el impacto directo que tienen estas medidas de ajuste sobre los estudiantes. «Hay muchos compañeros nuestros que se están cayendo de la cursada y que no pueden seguir estudiando y nos están robando nuestros sueños de poder recibirnos en la universidad pública«.
El jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes y nodocentes confluirán en la quinta Marcha Federal Universitaria desde que Milei es Presidente. Pero la urgencia es tal que, ante la falta de respuesta del Gobierno, los estudiantes, así como los trabajadores universitarios, no tienen más tiempo. González Puente lo resumió en una frase: «No podemos seguir esperando. Perdimos la paciencia y no nos vamos a ir hasta tener una respuesta».
Abajo de una lluvia torrencial, los estudiantes presentes tuvieron que salir de la Secretaría de Educación después de una respuesta violenta de los funcionarios y las fuerzas de seguridad, tal como relataron a C5N, que estaba en la puerta del Palacio Pizzurno. En diálogo con ese canal, una joven que estuvo en la reunión con Torrendell dio detalles de lo que sucedió. Para empezar, puso en duda que la palabra «reunión» fuera adecuada. «Es mucho decir», cuestionó y relató: «Esa reunión duró alrededor de tres minutos, tres minutos y medio, donde recibió un llamado de Sandra Pettovello, que le dijo que no podía ni hablar ni negociar con los estudiantes que estábamos ahí. Se levantó y se fue. A los dos minutos entró (el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro) Álvarez con un celular. A nosotros a esa reunión no nos dejaron entrar con celulares. Él entró con un celular filmando».
La estudiante contrastó la actitud del funcionario -activo en X para atacar estudiantes y docentes pero poco visto en las propias universidades- con las exigencias que les pusieron a los referentes estudiantiles para poder tener la conversación, a quienes les prohibieron que ingresaran con teléfonos. «Entraron con un celular filmando, nos gritó», contó. «Nos dijo que nos teníamos que ir de ahí, que lo que estábamos haciendo era un delirio y que nos iban a echar o nos teníamos que ir», continuó y concluyó: «Bajamos y preguntamos qué es lo que pasó con la reunión que nos habían prometido que íbamos a tener para tener un tipo de respuesta después de dos años y medio. No nos dieron ningún tipo de respuesta y nos dijeron que si no nos íbamos nos iban a reprimir y nos iban a echar. Y así fue, nos sacaron a los empujones«.
Unos minutos después, el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado en el que aseguró que estudiantes habían realizado una «toma violenta» del edificio y que la cartera, conducida por Sandra Pettovello, «realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes».
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