Guillermo Galván, defensor de Mauricio Pansa y Leandro Seoane, apuntó contra Jorge Brizuela Cáceres, quien denunció a los dos jóvenes militantes de la UCR para generar su expulsión. Esta mañana se llevó a cabo la Audiencia donde el Tribunal de Disciplina escuchó los alegatos de la defensa de Seoane y Pansa.
Galván impugnó todas las pruebas presentadas por Brizuela Cáceres. Contra Seoane, Brizuela Cáceres había asegurado que era funcionario del Gobierno Provincial. Galván lo rebatió y Brizuela Cáceres debió dar marcha atrás: «no me consta que sea funcionarios». Por otra parte, las capturas de Facebook y de artículos periodísticos de RL presentados por Brizuela Cáceres fueron impugnados por no tener la certificación de un escribano o perito técnico.
Veamos un fragmento de la auditoría, donde Galván embiste contra Brizuela Cáceres, asegurando que lo denunciarán ante el INADI e impedirán su asunción en cualquier cargo público:
Los momentos tensos se extendieron durante un largo tiempo. La madre de Álvaro Recalde -Bochita- fue testigo y aseguró que vio trabajar y militar en el radicalismo a Pansa y Seoane como a ningún otro joven. Mientras ella hablaba, la Dra. Natalia De la Fuente (‘pupila’ de Brizuela y Doria) lanzó una carcajada, gesto que provocó la ira de ‘Bochita’.
“Brizuela Cáceres no pudo acreditar sus acusaciones,que Seoane milite para otro partido”, aseveró Galván. A su vez, comentó que Brizuela Cáceres quiere ocupar un cargo a nivel nacional y dijo que no lo permitirán porque “no tiene idoneidad, ya que discrimina a todo el que no piensa como él”. “Si Brizuela Cáceres asume en Radio Nacional va a discriminar a todos los que no piensen como él, va a ser el 678 del radicalismo local”, expresó.
Galván aseguró que la ‘vara’ para medir el trabajo de los radicales no es igual: recordó que Inés Brizuela y Doria fue empleada del Ministerio de Salud durante el Gobierno de Luis Beder Herrera, que Julio Martínez firmó un acuerdo político con Beder Herrera en el 2009, y que se alquilaron vehículos de la Barrick Gold para la campaña de Martínez.
Ahora, el Tribunal de Disciplina tendrá una semana para tomar la decisión. ¿Asumirán el costo político de expulsar a dos jóvenes militantes que son radicales desde el día que nacieron?
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