El documento, elaborado por la Dirección Nacional de Sistemas y Estadísticas de Empleo Público y Política Salarial, deja en claro que este esquema alcanza a todos los ministros, al jefe de Gabinete y a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo comprendidas en distintos regímenes (decretos 838/94, 1716/92 y 140/07), es decir, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rango equivalente. La actualización salarial fue consecuencia directa del decreto 931/2025, firmado por el presidente Javier Milei el 31 de diciembre de ese año, que trasladó a la cúpula del Ejecutivo los aumentos acordados en las paritarias estatales de 2024 y 2025 . De esta norma están exceptuados Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que siguen con sus sueldos congelados.
Antes de esa decisión, los salarios de los altos funcionarios —incluido Adorni— permanecían en los niveles fijados por el decreto 235/2024, congelados con referencia a diciembre de 2023. Hasta enero de 2026 Adorni y el resto de los ministros ganaban $3.500.000. La aplicación de los incrementos acumulados implicó en los hechos una recomposición significativa que, medida en términos nominales, llevó a duplicar los ingresos de la cúpula política en poco más de un año.
El incremento salarial coincidió con una etapa de fuerte exposición judicial para Adorni. El primer foco de conflicto se registró el 15 de febrero de 2026, cuando se hicieron públicos cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio. A partir de allí se abrieron distintas líneas de investigación que abarcan la adquisición de propiedades, inconsistencias entre ingresos declarados y gastos —incluidos consumos con tarjetas de crédito— y posibles conflictos de interés derivados de su rol en el Estado.
Entre los expedientes más relevantes se encuentra la causa vinculada al uso de recursos oficiales para viajes, en particular el traslado a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti. Ese expediente fue finalmente archivado por el juez federal Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Ramiro González, quienes concluyeron que no había elementos suficientes para sostener una imputación penal. Sin embargo, otras causas continúan en etapa de investigación preliminar en distintos juzgados federales, con pedidos de informes patrimoniales, cruces de datos fiscales y medidas orientadas a reconstruir la evolución de sus bienes.
En el plano institucional, Adorni deberá presentarse el 29 de abril ante el Congreso de la Nación para brindar su informe de gestión. Hasta el momento, no hay una cifra oficial pública confirmada sobre cuántas preguntas responderá en esa sesión. Los 19 bloques que contienen a los 257 diputados que conforman la Cámara presentaron 4.800 consultas para que responda el jefe de Gabinete, pero el número final de respuestas efectivas dependerá del desarrollo de la sesión y del formato acordado entre los bloques, por lo que no puede afirmarse con precisión un número cerrado.
Lo que gana la «casta» contra los ingresos de la gente
La evolución de los salarios de los altos funcionarios contrasta con la dinámica del resto de los ingresos en la economía. El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil disminuyó 39% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, según el informe “Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones” del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Sin embargo, esos ajustes quedaron por debajo de la inflación anual.
En ese contexto, tanto los empleados públicos como los jubilados sufrieron una marcada pérdida de poder adquisitivo. Las estimaciones coinciden en que los trabajadores estatales registraron caídas reales de un 30 por ciento (según un informe de ATE), mientras que los haberes previsionales perdieron alrededor de 20 puntos frente a la suba de precios. El INDEC, además informó que durante 2025 los salarios formales perdieron más de 2 % de poder adquisitivo real frente a la inflación.
En 2025, las jubilaciones que cobran la mínima con bono perdieron un 4,6% de poder de compra frente a la inflación, debido al congelamiento del bono de $70000. En contraste, los haberes por encima de la mínima se mantuvieron estables, con una mejora marginal del 0,4%, quedando prácticamente empatados contra la inflación.
La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados se refleja también en la distancia entre el valor de las jubilaciones y la canasta de consumo de los adultos mayores. Según los últimos datos Defensoría de la Tercera Edad porteña, la canasta de consumo de una pareja de personas adultas mayores con vivienda propia llegó en febrero de 2026 a $1.548.360 (5,5% más que el valor del mes anterior). Equivale a 3,4 jubilaciones mínimas, con bono, de abril.
Canasta del jubilado: en marzo 2026 supera $1,8 millones y la mínima solo cubre el 25%
Si esa misma pareja alquila, el costo de vida fue de $2.268.554 (lo que significó un incremento de 4,7% en el mes). En ese caso, la relación con el haber más bajo se amplía a 5 veces el monto actual.
La diferencia con los ingresos de la cúpula política radica en que estos últimos se actualizaron automáticamente por las paritarias acumuladas, mecanismo que no logró replicarse con igual eficacia en el resto de los sectores.
Así, el informe que Adorni llevará al Congreso no sólo estará atravesado por las preguntas sobre su gestión, sino también por el debate en torno a los ingresos de los funcionarios en un contexto de deterioro generalizado del poder de compra y de múltiples investigaciones judiciales aún abiertas.
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