La propuestas del ministerio de Economía deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley. La postura del Gobierno es que el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y que además no consiguió proteger el poder de compra de los haberes y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley.
La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.
La fórmula actual reemplazó en 2021 la que Macri había impulsado en 2017. Ninguna de las dos impidió que los haberes se retrasen frente a la inflación
En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
Con su diseño actual, la fórmula rige desde 2021, tras la modificación impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández sobre lo sancionado en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri. En ese caso, la fórmula se regía en un 70% en base a la inflación y el 30% en base a los salarios. Ante el avance de la inflación, constante desde entonces, ni uno ni otro mecanismo han conseguido que los haberes previsionales no pierdan poder adquisitivo frente a los incrementos de precios.
Más cerca o más lejos de los números del Indice de Precios al Consumidor (IPC), ambas fórmulas fallaron al momento de igualar los haberes jubilatorios con el avance acelerado de los precios. Además, el sistema de indexación ajusta con rezago, tomando como referencia la inflación del trimestre previo y todo indica que la inflación para octubre-diciembre será menor a la proyectada para enero a marzo del año próximo, ya durante la presidencia de Javier Milei. Eso indica que, de aplicarse la fórmula vigente, es prácticamente un hecho que las jubilaciones y otros haberes previsionales se seguirán retrasando.
Además del ajuste de las jubilaciones y pensiones, la fórmula se utiliza para actualizar las asignaciones familiares y otros beneficios sociales, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo
Por otra parte, el gasto previsional representa una clave para las cuentas públicas. Según un informe de la Fundación Capital, las jubilaciones y pensiones “ya se encuentran en niveles muy bajos, habiendo exhibido una baja de 1 punto del PBI en la gestión de Alberto Fernández, al tiempo que su poder adquisitivo también se vio muy perjudicado, con una caída real de 13,4% i.a. en los haberes medios en 2023 (y -30,3% vs. 2017)”.
El informe destaca que los jubilados que cobran el haber mínimo vienen percibiendo bonos de manera ininterrumpida desde septiembre del 2022 para compensar la caída del poder adquisitivo por la fórmula de movilidad. “En particular, estos bonos representaron un 0,7% del PBI en 2023 (del 7,6% total). Respecto de las otras prestaciones sociales, si bien luego de la pandemia se establecieron en un escalón superior al previo (nótese que entre 2016 y 2019 representaban 2,6% del PBI y en 2021 y 2022 un 3,7%), cualquier cambio en estas partidas deberá estudiarse profundamente por el impacto social que pueda tener en un contexto de recrudecimiento de la estanflación, al menos en la primera mitad de 2024″, señaló la Fundación Capital.
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