Cabe recordar que la Ley Nacional N.º 26.737, sancionada en el año 2011, estableció límites razonables a la titularidad extranjera sobre tierras rurales, (Max.15%)con el objeto de preservar la soberanía territorial, proteger los recursos naturales estratégicos y resguardar el interés nacional y provincial.
El Fiscal de Estado Emilio Rodríguez explicó que «la experiencia argentina y, particularmente, la de nuestra provincia, demuestran la importancia de tales mecanismos de protección. Conflictos judiciales ventilados ante los tribunales riojanos, como el conocido caso de Valle Hermoso, en el cual junto a mi hermano defendimos en juicio al pueblo y sus derechos de posesión ancestral, convirtiéndose este en el caso de tierras más importante que se ventiló en los tribunales de la provincia, donde una operación de remate y venta a un extranjero de tierras, que involucró a una comunidad preexistente asentada dentro del inmueble objeto de la venta, evidenciaron la necesidad de una regulación adecuada del acceso y la titularidad de la tierra, por ello he tenido el honor de ser convocado por la entonces Senadora nacional Teresita Quintela, para asesorarla en el Senado de la nación donde hicimos nuestro aporte a los fundamentos del proyecto de la ley de tierras que finalmente se sancionó y promulgó como ley Nro 26.737, que puso límites a la venta de tierras de la patria a extranjeros, siendo los casos paradigmáticos, Benetton en la Patagonia, el caso Valle Hermoso en La Rioja y la venta de tierras cercano a las Cataratas en Misiones».
«Asimismo -continuó el Fiscal de Estado- corresponde recordar que, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias conservan el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, principio que constituye uno de los pilares del federalismo argentino».
Rodríguez consideró qeu «Considero que «la eliminación de los límites establecidos por la legislación vigente configura un grave retroceso en la defensa del patrimonio territorial argentino y favorece procesos de extranjerización de la tierra incompatibles con la preservación de la soberanía nacional y provincial. En tal sentido, se trata de una iniciativa de carácter claramente entreguista respecto del territorio nacional, que pone en riesgo la capacidad del Estado y de las provincias para resguardar recursos estratégicos y ejercer plenamente sus potestades soberanas sobre el territorio y sus bienes naturales».
Por último, sentenció: «reafirmamos el irrenunciable compromiso con la defensa del patrimonio territorial, los recursos naturales y los intereses permanentes del pueblo de La Rioja, y consideramos indispensable preservar las herramientas legales destinadas a evitar procesos de concentración y extranjerización de la tierra que puedan comprometer la soberanía de la Nación y de las provincias argentinas».
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