La entrega de antenas Starlink en escuelas rurales por parte del diputado nacional Gino Visconti expone una discusión que va mucho más allá de la conectividad. Mientras La Rioja lleva años construyendo una política pública para garantizar el acceso a internet y lo incorporó como un derecho en su Constitución, desde Nación se impulsa un esquema que abre las puertas a una empresa privada extranjera.
En La Rioja hay una definición política que no admite demasiadas interpretaciones: la conectividad no es un negocio ni una dádiva, es un derecho. Así lo estableció la reforma de la Constitución Provincial de 2024, sostenida a través de una política pública destinada a reducir las desigualdades que producen las distancias y garantizar el acceso incluso allí donde una lógica estrictamente comercial difícilmente encontraría rentabilidad.
Por eso la aparición de Gino Visconti entregando antenas Starlink en escuelas rurales merece una discusión que excede ampliamente la fotografía a la que suele ser tan afecto. Un diputado nacional por La Rioja debería conocer la realidad de las escuelas de la provincia que representa, la infraestructura existente y el trabajo que desde hace años realizan el sistema educativo y las empresas estatales para sostener la conectividad en el territorio.
Las escuelas rurales riojanas no comenzaron a tener conectividad con la llegada de Visconti ni estaban esperando que una empresa extranjera descubriera sus necesidades. Detrás de cada establecimiento existe una política pública, inversión provincial, equipos técnicos, docentes, mantenimiento e infraestructura. También existen dificultades y lugares a los que todavía hay que llegar, pero justamente para eso existe una planificación que debe ser fortalecida y no ignorada.
Ese desconocimiento de Visconti resulta todavía más preocupante cuando termina convirtiéndose en una oportunidad política. Las necesidades de una comunidad educativa no deberían utilizarse para construir una imagen de gestión personal ni para presentar como una solución novedosa aquello sobre lo que la Provincia viene trabajando desde hace años. La conectividad de los estudiantes es demasiado importante para transformarla en una foto o en una herramienta de posicionamiento partidario.
La discusión con Visconti tampoco es acerca de una antena. Es sobre el modelo que esa antena representa cuando se la presenta como alternativa a una política pública. Mientras La Rioja construyó capacidades propias y convirtió la conectividad en un derecho constitucional, el Gobierno nacional promueve un esquema que incorpora a una corporación privada extranjera en un área estratégica y utiliza recursos públicos para hacerlo.
Allí aparece la contradicción central: recursos públicos para fortalecer un negocio privado mientras existen capacidades estatales que podrían ser fortalecidas. Argentina cuenta con ARSAT y La Rioja desarrolló Internet Para Todos precisamente para llegar a lugares donde el mercado no necesariamente llega. Debilitar esas herramientas para aumentar la dependencia de un proveedor extranjero no es una decisión meramente tecnológica: es una definición política.
Una empresa presta un servicio mientras resulte conveniente dentro de su modelo comercial. El Estado, en cambio, tiene la obligación de garantizarlo aunque la escuela tenga diez alumnos, esté a cientos de kilómetros de una ciudad o llegar hasta allí resulte costoso. Esa es la diferencia entre un cliente y un ciudadano. Y también entre concebir la conectividad como mercado o entenderla como derecho.
Visconti tiene todo el derecho a querer posicionarse políticamente y en definitiva es lo que intenta. Lo que no puede hacer es actuar como si en las escuelas rurales riojanas no existiera una política de conectividad, porque existe y lleva años construyéndose. Y mucho menos presentar acciones aisladas como respuesta a un supuesto abandono sin conocer -o sin reconocer- el trabajo que sostiene cotidianamente a esos establecimientos.
En definitiva, no se discute una antena: se discuten dos maneras de entender al Estado. Una considera que derechos esenciales pueden quedar progresivamente en manos del mercado; la otra entiende que el Estado debe construir las herramientas necesarias para garantizarlos.
El Gobierno de La Rioja, encabezado por Ricardo Quintela, ya eligió. Lo hizo y lo hace con inversión (aun a pesar de la enorme deuda que Nación mantiene con la Provincia), infraestructura y presencia territorial. Incluso, terminó consagrándolo en su propia Constitución: la conectividad es un derecho.
Por eso, antes de convertir una escuela rural en escenario de una acción política, sería conveniente que Visconti conociera lo que ocurre todos los días cuando las cámaras se apagan. Porque garantizar conectividad no es llegar una vez con una antena. Es estar, sostener y responder todos los días.
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