Redacción de RiojaLibre
«Unos policías me ofrecieron un abogado perteneciente a su equipo, el cuál cobraba entre 6.000 y 10.000 para sacarme en menos de ocho horas de la cárcel», disparó un ciudadano que dio positivo en un control de alcoholemia el último sábado, teniendo 1,8 gramos de alcohol en sangre.
No es la primera vez que se denuncia este ‘ofrecimiento’ por parte de la Policía. La semana pasada, una oyente de Radio Minuto 24, aseguró que su marido dio positivo, y en la Alacaidía se le ofreció un abogado para sacarlo inmediatamente. «Como no tenía el dinero, lo hicieron firmar un pagaré, al otro día fue a sacar un préstamo para poder pagarle al abogado», explicó.
A partir de estos casos resurge el debate sobre el ‘fin’ del Decreto 840: ¿Realmente se busca ‘proteger’ a los ciudadanos y ‘educarlos’ en materia vial? ¿O, como piensa la gran mayoría, su fin es meramente recaudatorio?
Con estos casos a la vista, lamentablemente nos tenemos que inclinar por la segunda alternativa.
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