Por Antonella Sánchez Maltese – Para Marea Verde
Cualquier diagnóstico que se haga con el diario del lunes, no nos sorprende. Al día siguiente de anunciarse el decreto presidencial que disponía el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país, el movimiento feminista salió a advertirlo: las mujeres correrán más peligro al permanecer encerradas con sus agresores 24/7.
Pero esa convivencia obligada no es el único factor que aumenta la vulnerabilidad de muchas mujeres y personas LGBTIQ. Las violencias se manifiestan de muchas formas que cada vez son más perceptibles para quienes las sufren: económica o patrimonial, psicológica, simbólica, sexual.
“Desde que empezó la cuarentena recibimos muchísimas consultas por tipos de violencias que antes no se consultaban porque estaban más invisibilizadas, pero que con la cuarentena se pusieron en evidencia, como la psicológica”, afirman desde el área de Asistencia Integral de la secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja.
Apenas empezó la cuarentena el pasado 20 de marzo, la secretaría a cargo de Lourdes Ortiz habilitó una línea telefónica para asistir los casos de emergencias. Las llamadas explotaron en un teléfono que está habilitado las 24 horas desde entonces. Marcan el notable aumento de la violencia psicológica, dentro de los hogares y a través de medios electrónicos como redes sociales o sistemas de mensajería.
De un lado están las mujeres a las cuales hay que asistir y proteger. Del otro los agresores, o potenciales, que sin denuncias o abordajes acechan.
DAR EL PRIMER PASO
Uno de los datos a resaltar es que la mayor parte de las consultas que llegan en contexto de encierro no terminan en denuncias judiciales como debería ser para los casos donde hay un delito, sino que las mujeres piden ayuda y luego quedan con asistencia de las psicólogas del equipo.
Este dato es confirmado también por los Juzgados de Violencia de Género y Protección de Menores de La Rioja: en total se realizaron 205 denuncias (104 en el N° 1 y 101 en el N°2) , que no son más en relación con el mes más próximo cuando no había cuarentena (febrero). Todas fueron en capital excepto una que se registró en Tama, que junto a Patquía, Talamuyuna, Punta de los LLanos y Sanagasta son parte de esta circunscripción judicial.
“Esto no significa claramente que no existan más hechos, sino que no llegan a denuncias”, aclaran enfáticos desde del fuero especial de violencia.
Desde que se dispuso el aislamiento obligatorio solo en uno de los Juzgados, a cargo de la jueza Magdalena Azcurra, dictaron cerca de 100 medidas de protección (exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y otorgamiento de dispositivo de alerta como el botón antipánico), aunque 30 de esas corresponden a causas que existían antes que se desató la pandemia. Durante este turno entraron 67 concretamente, cuatro procesamientos, seis faltas de mérito y 10 órdenes de detención.
CICLOS DE LA VIOLENCIA
La pandemia que puso en jaque al mundo entero, vino también a desnudar la otra pandemia que lleva décadas de luchas en las calles e implementación de políticas institucionales: las violencias por razones de género en sus múltiples formas, que en muchos casos van en escalada y terminan en femicidio o travesticidio.
Argentina contabiliza 32 femicidios entre el 20 de marzo y el 26 de abril (período del aislamiento social, preventivo y obligatorio), según el observatorio de las violencias de género “Ahora que si nos ven”. En muchos de esos asesinatos había amenazas u denuncias previas por algún tipo de violencia, botones antipánico y tobilleras, prohibición de acercamiento. Nada alcanzó para prevenir el peor final.
En ese encierro obligatorio sin dudas entran en juego las tensiones por las tareas del hogar y el cuidado (que recaen notablemente en las mujeres), o la falta de generación de recursos que en muchos casos está en manos de ellos. Como consecuencia de este contexto la figura del “hombre proveedor” se desdibuja y pierde poder en esa relación.
“La mayoría de las mujeres llaman para pedir asistencia pero luego no denuncian porque ellas no tienen un trabajo remunerado, y son los varones los que aportan económicamente en ese hogar”, explican desde la secretaría de la Mujer y Diversidad para entender por qué muchas veces no se llega a sede judicial. También confirman los pedidos de asistencia alimentaria y medicación.
En la misma línea desde el Juzgado de Violencia confirmaron que en este periodo hubo varias denuncias de incumplimiento familiar por parte de los padres, la famosa cuota alimentaria que en muchos casos depende de la changa del día y se complica con este parate económico. Pero en otros no está relacionado con el poder adquisitivo y la disponibilidad de recursos, sino con una forma de coerción para menoscabar a la mujer: violencia económica o patrimonial.
Desde la secretaría Legal y Técnica del municipio Capital también confirmaron muchos llamados desde que habilitaron una línea de acompañamiento y asesoramiento hace 20 días: recibieron consultas de personas entre 19 y 35 años y asistieron casos de alto riesgo dentro de los hogares.
“El rol de los terceros es importante, ya que la mayoría de las comunicaciones no son de las víctimas, si no de allegados que observaron señales de violencia”, explicó Carolina Figueroa, coordinadora de Legal y Técnica del municipio que gobierna Inés Brizuela y Doria.
TELÉFONOS ROTOS
“Hubo muchos teléfonos rotos”, comentaron fuentes judiciales para simbolizar ese círculo que tiene la punta de ovillo en el control de la intimidad y luego va acompañado por la violencia psicológica, física, para terminar en la más extrema.
Un denominador común que aparece en los análisis estadísticos que hacen en la justicia es el consumo de alcohol. “Es determinante”, consideran en las oficinas que receptan las denuncias y advierten que cuando hubo prohibición en la venta se notó la disminución, como en Semana Santa cuando el gobierno provincial la restringió por primera vez. “Seguro no es el único elemento, pero aparece y hay que analizarlo”, dicen en la justicia.
¿Y LOS VARONES QUÉ?
Los números que se pusieron a disposición desde las áreas estatales, al igual que las líneas nacionales como el 144 y el 911 no son para realizar denuncias sino asistencia, asesoramiento o acompañamiento. Y en muchos casos es un primer paso que dan quienes son víctimas de hechos violentos.
Pero en medio de una pandemia y una desigualdad estructural, con un fuerte componente cultural, el desafío parece ser la asistencia para que esos casos no tengan una escalada, correr detrás de la liebre vamos a decir. Trabajar con los varones que agreden sigue siendo un debate que genera más dudas que certezas, pero una arista que no se puede obviar si entendemos que ellos son parte del problema.
Envuelto en polémicas por la forma en la que se comunicó, la Dirección Mujer, Género y Diversidad de Catamarca habilitó en plena cuarentena un dispositivo para trabajar con los varones y reavivó el debate: ¿qué hacer con ellos?
En la secretaría provincial no descartan implementar esta política (que ya se estuvo analizando meses atrás) pero argumentan que aún falta capacitación y una estructura más sólida que permita hacerlo seriamente. Está claro que no hay recetas exitosas y que el punitivismo solo no alcanza. Las experiencias de Córdoba, Rosario y recientemente la vecina Catamarca muestran que el camino se hace al andar, con aciertos y errores, pero con la decisión política de sumar otro abordaje de prevención más integral.
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