Fue en una resolución firmada este martes por todos los ministros del tribunal: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
En ese marco, el presidente de la Corte, Lorenzetti, había convocado a representantes de poderes judiciales federales y del Ministerio de Seguridad de la Nación para que se discuta la adopción de medidas de cooperación para el control de la situación delictiva en la zona norte del país.
Fue en un encuentro, que se realizó el 18 de septiembre pasado, en el Palacio de Tribunales, y al que asistieron Graciela Fernández Vecino, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Jorge Luis Villada, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; Miguel Medina, juez federal de Salta, y Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, entre otros.
Tras esa reunión, el 24 de octubre último, el Máximo Tribunal recibió un informe sobre esta problemática con respecto a la jurisdicción Salta-Jujuy, firmado por los jueces de la Cámara Federal de Salta Jorge Luis Villada y Roberto Loutayf Ranea; mientras que al día siguiente fue girado a la Corte el documento referido a la provincia de Tucumán, suscripto por Daniel Bejas y Fernando Poviña, jueces federales de esa jurisdicción.
A su vez, el pasado 31 de octubre la Corte libró oficios al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde les había solicitado que arbitren las medidas que fueran necesarias para combatir la grave problemática denunciada por los jueces federales del norte del país, «sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos».
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