Hace algunos días, Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza, buscó responsabilizar de la emisión monetaria a los jubilados, apuntando a aquellos que habían accedido a su condición a través de una moratoria, al no contar con el total de 30 años de aportes, tildando a los mismos de «jubilados ficticios».
“El kirchnerismo nos dejó una clase de jubilados creando estas jubilaciones sin aportes y todo eso en el paso del tiempo generó uno de los objetivos de la emisión monetaria. Alguien lo paga, no es gratis generar jubilados. Hay jubilados ficticios que hicieron un aporte único para generar esa jubilación”, afirmó la legisladora nacional en una entrevista con “Mejor país del mundo” (Radio Con Vos).
No dando puntada sin hilo, la diputada abría el debate para una idea en gatera de Milei, que es la de pasar a planes sociales a los jubilados de las moratorias, y que el ajuste lo sigan pagando los de abajo.
Claro que en este planteo se encuentra ausente la pregunta del por qué cientos de miles de jubilados no llegaron a completar sus años de aportes; parte de esa respuesta se encuentra, sin duda, en las décadas de contrataciones irregulares de empresarios que no le hicieron sus aportes cuando estos eran trabajadores, los declararon irregularmente o, directamente, los tenían en negro (y si el empleado chistaba buscaban otro).
Precisamente el universo Milei busca correr al Estado de su rol regulador y convertir al mundo laboral en el paraíso empresario. Como carta de intenciones basta releer el DNU 70 en la parte que frenó la Justicia Laboral donde, por ejemplo, se eliminan los artículos 8, 9 y 10 de la ley de Empleo 24.013, que agrava las penalidades al momento de indemnizar en tres casos: si el trabajador no está registrado, si está registrado después de cuando efectivamente ingresó o si tiene declarada una remuneración inferior a la real. O que también señala que los monotributistas que facturan periódicamente a una misma empresa ya no podrán aducir estar en relación de dependencia. O, porque no, la creación de la figura del «colaborador independiente», una suerte de trabajador sin relación laboral.
También hace unos días publicamos la noticia de la contratación de Martín Menem, diputado de Milei y actual Presidente de la Cámara Baja, de su sobrino, Federico Sharif Menem, de 22 años, sin título ni experiencia laboral alguna, en el Congreso con un sueldo de dos millones de pesos.
A muchos le indignó la noticia; no fue el caso de Martín Menem, que la relativizó y que no ve problema alguno en la contratación. Claro que hay un detalle: el sueldo de su sobrino no lo paga él. Como empresario del sector privado actúa bastante distinto.
Para los que no lo saben, dentro de los negocios de Martín Menem se encuentra el rubro «seguridad». El presidente de la Cámara de Diputados es dueño de TECH SECURITY SRL, con la cual, además, obtiene suculentos contratos con el Estado. Como ya hemos contado desde Noticias La Insuperable, Menem le vendió servicios millonarios a Horacio Rodríguez Larreta en el gobierno de la Ciudad, a Jorge Macri en Vicente López, a María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires y a Mauricio Macri durante su presidencia.
Y como la idea es seguirle facturando al Estado, el mes pasado TECH SECURITY SRL publicó en el Boletín Oficial una transferencia de acciones de Martín Menem a su hermano, el exdiputado Adrián Menem, buscando escaparle a cualquier «conflicto de intereses» que pueda surgir.
Como ya hemos contado más arriba, parte de los negocios de TECH SECURITY SRL se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires, Con María Eugenia Vidal y Jorge Macri.
Vaya uno a saber si por eso, o tal vez casualidad, los socios de la empresa la manejaban con cierta flexibilidad a la Hora de contratar a sus vigiladores. Eso parece haberse modificado con la llegada de Axel Kicillof a la gobernación, donde, en una inspección de rutina, se llevaron una sorpresa.
Una de las tantas contrataciones del gobierno con TECH SECURITY se llevaba desde hace años en el Hospital Municipal «Prof. Dr. B. A. Houssay», en Vicente López. A unos meses de asumido el nuevo gobierno, el 19 de mayo de 2020, una inspección se presentó en el lugar y constató la presencia de varios «vigiladores privados de la prestadora de servicios de seguridad TECH SECURITY S.R.L., cumpliendo tareas de seguridad y vigilancia, protegiendo y custodiando los bienes del lugar». Al hacer las verificaciones, encuentran que dos de ellos no se encontraban dados de alta. Asimismo se encontraban prestando un servicio de seguridad con un equipo de comunicaciones que no se encontraba debidamente declarado.
Ante esto, el Director Provincial para la gestión de la Seguridad Privada les labró la multa correspondiente.
Pero este comportamiento empresarial no era una excepción. Idéntica situación y con idéntico resultado se había producido meses antes, en enero de 2020, en el Estadio Racing Club, donde un vigilador de TECH SECURITY se encontraba desempeñando su puesto sin estar declarado ante el Organismo de Contralor y con equipo irregular.
Por eso, fundamental a la hora de ver y entender las propuestas libertarias, es preciso conocer a los actores que las generan.
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