En este marco, la titular del área de Mujer y Diversidad, Karen Navarro, indicó que esas acciones tienden a la “construcción de un Estado presente”, y destacó que “es histórica la cantidad de personas que deciden capacitarse”, al tiempo que remarcó que lo que se busca mediante esta legislación es “la construcción de una Rioja mejor a pesar del Estado nacional ausente, y un (Javier) Milei que dice que esto no existe”.
La referencia no es casual. Mientras el gobierno nacional se empecina en borrar del mapa todo lo que tenga que ver con las políticas de género, La Rioja avanza con firmeza en una dirección contraria: capacita a sus trabajadores y trabajadoras estatales, reafirmando que un Estado presente también es aquel que se forma para no replicar violencias y que tiene a la búsqueda de la «igualdad» como un eje fundamental.
De hecho, Navarro destacó que “en La Rioja disminuyó la tasa de femicidios en 2024, y que desde la Secretaría se trabajó en 1500 denuncias por violencia de género, que son abordadas desde las diferentes áreas provinciales”.
Es por eso que en un escenario nacional de recortes, negacionismo y discursos que deslegitiman las luchas feministas, el compromiso riojano (al igual que en tantas otras áreas) adquiere un valor aún más profundo y que, como tal, debe ser resaltado. Porque en tiempos donde se desmantelan organismos, se cierran programas y se persigue simbólicamente a quienes militan por la equidad, sostener estas instancias formativas es, sin dudas, un acto político.
Una herramienta urgente
La implementación de la Ley Micaela en la Provincia no es nueva, pero su continuidad en este contexto adquiere otro peso. No se trata sólo de cumplir con una obligación legal, sino de fortalecer un piso ético para el ejercicio de la función pública. Porque formar a quienes trabajan en el Estado sobre violencia de género no es un “adoctrinamiento”, como sugieren algunas voces desinformadas, sino una herramienta urgente para evitar que el Estado revictimice, niegue derechos o reproduzca estereotipos que pueden costar vidas. Lo que está en juego no es ideología sino humanidad. Y La Rioja, al sostener esta política, lo entiende y expresa con claridad.
Es importante destacar que estas capacitaciones no son solo simbólicas ni aisladas: forman parte de una política integral que busca transversalizar la perspectiva de género en la gestión pública. En un país donde la violencia machista se cobra una vida cada 32 horas, y donde la invisibilización vuelve a ser moneda corriente en los discursos del oficialismo nacional, resulta imprescindible que al menos a nivel local se garantice una formación que promueva otras miradas más empáticas, más justas, más informadas. No se puede proteger a quienes sufren violencia si no se comprende de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Y para eso hay que capacitarse. Siempre.
Que La Rioja siga apostando a la formación con perspectiva de género, en medio del retroceso nacional, no sólo interpela al resto de las provincias, sino que también invita a repensar cuál es el rol del Estado frente a las desigualdades. ¿Es la indiferencia una opción? ¿O debemos exigir que cada agente público tenga las herramientas para actuar con responsabilidad y compromiso? En tiempos de repliegue, defender estas políticas es resistir con conciencia. Porque no hay verdadera justicia sin igualdad. Y no puede haber igualdad sin formación.
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