El material del programa 678 recorre las consecuencias de la megadevaluación llevada a cabo por el Gobierno de Mauricio Macri, que desreguló la economía, pero ahora dice confiar en el empresariado, para que no aumente los precios.
Mientras tanto, el 80 por ciento de los empresarios, según Perfil, pasa la devaluación a los precios, contradiciendo al ministro Alfonso Prat-Gay, ya que de acuerdo a un sondeo, la mayoría de las firmas tomaba como referencia el dólar oficial, y no el contado con liqui.
Mientras tanto, los medios funcionales a Macri y su megadevaluación, se sumaron a la iniciativa del presidente y le piden a las empresas que “retrotraigan los precios a conciencia”.
CRÍTICAS DE CARRIÓ
La diputada oficialista anunció un proyecto de ley para evitar la designación de jueces vía decreto, como intentó hacer Macri en la Corte Suprema.
El dicho popular reza que no hay peor astilla que la del mismo palo. Ayer, la diputada Elisa Carrió –una de las referentes de Cambiemos– anunció, mediante un comunicado, el envío al Congreso de un proyecto de ley para impedir que los jueces puedan ser nombrados vía DNU, tal como hace una semana hizo su aliado, el presidente Mauricio Macri.
En una jugada que cristalizó el malestar interno entre los aliados del partido gobernante luego del intento de evitar al Congreso para la cobertura de dos vacantes en la Corte Suprema, fue la respuesta de Carrió a la controversia constitucional que generó la designación «en comisión» de Horario Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal. La eventual aprobación de sus pliegos quedó en suspenso, dado que el peronismo avanza en una firme decisión de rechazarlos.
«Lo más importante hoy es escoger el camino más republicano posible, y dejarlo establecido por ley para el futuro; a dichos fines promovemos la modificación de la ley de organización de la Justicia Nacional», señaló la iniciativa.
En sus fundamentos, aseguró que el fin de la norma es evitar «designaciones que pudieran ser tachadas como de dudosa constitucionalidad, como lo son todas aquellas que omiten la intervención de alguno de los órganos o poderes llamados a intervenir por la Constitución Nacional», tal como lo que sucedió con el intento del macrismo.
«La modificación que venimos a proponer resulta necesaria a fin de dejar previsto por ley, el único procedimiento de selección de jueces legalmente válido, en los términos de una interpretación restrictiva de las cláusulas constitucionales y el debido respeto a los tratados internacionales de Derechos Humanos», puntualizó Carrió, quien redactó el proyecto junto a los diputados de su bloque, Fernando Sánchez, Alicia Terada y Leonor Martínez.
Así la modificación apuntaría a reglamentar el inciso 19 del artículo 99 de la Carta Magna, el subterfugio utilizado por Macri que cosechó rechazos desde al ámbito político y académico por igual.
Según la propuesta, la nueva redacción impediría que fuera interpretada en el sentido en el que el gobierno la usó. «Los jueces son nombrados por el presidente con acuerdo del Senado y, salvo los jueces integrantes de la Corte Suprema, con la debida intervención del Consejo de la Magistratura. La compensación será uniforme para todos los jueces de una misma instancia, cualquiera sea el lugar donde desempeñe sus funciones», resumió la norma.
Por si faltara aclaración, Carrió argumentó que los jueces deben gozar de «absoluta independencia» del Ejecutivo «desde el inicio», algo que: «entiendo no ocurre con las designaciones ‘en comisión’ realizadas en forma unilateral por el Poder Ejecutivo», dijo.
Sin sesiones extraordinarias en el Congreso en vista, el proyecto ingresaría formalmente este verano, momento en el cual el bloque peronista se apresta a rechazar los pliegos que no fueron sujetos a una negociación previa, que aguardaba desde la propuesta de nombres por parte de la oposición hasta la expansión de la Corte en su número de miembros, idea que no quedó del todo descartada, menos después de la polémica.
Con la marcha atrás parcial, el sector al que responde el ideólogo de los nombramientos por decreto, Fabián Rodríguez Simón y el grupo de abogados del PRO como José Torello o el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, quedó en desventaja en la puja interna con el ministro de Justicia, Germán Garavano, uno de los que advirtió los riesgos de la aventura jurídica de usar ese recurso, que podría quedar empantanado en la discusión parlamentaria.
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