Herrera Piedrabuena es el juez federal que tiene a su cargo la competencia electoral de la provincia.
De acuerdo con la resolución que firmó la Cámara Nacional Electoral, incumplió la instrucción que le había dado este tribunal para que indagara en las consecuencias de estos hechos dentro del plano del derecho electoral.
Esas consecuencias podrían incluir, por ejemplo, la nulidad de mesas de votación, explicaron fuentes de la Cámara. El juez había alegado ante sus superiores que estos hechos se estaban investigando en una causa penal.
El año pasado, el gobernador de La Rioja hizo declaraciones sorprendentes que motivaron estas actuaciones: pidió disculpas por la distribución de dádivas por parte del oficialismo provincial durante la campaña electoral previa a las elecciones de octubre.
Fue en respuesta a un duro documento del obispado de La Rioja, que había cuestionado las prácticas clientelares desplegadas por el kirchnerismo días antes de los comicios.
“Coincido con el obispo en que estas prácticas deben eliminarse. Yo, cuando gané en 2011, lo hice sin entregar una sola chapa, pero ahora cedí ante el pedido de un sector de mi espacio. Ésa no es la militancia que debemos profesar. No se debe militar con dádivas dos meses nada más, sino todo el año”, afirmó el mandatario en noviembre pasado, en diálogo con la prensa de su provincia.
“Yo como católico le pido disculpas al obispo y me comprometo a que esto no vuelva a pasar en unos comicios”, insistió, aunque dijo que él no volvería a presentarse.
En su resolución, la Cámara advirtió que no desconocía la existencia de una denuncia penal, pero recordó que le había indicado al juez que investigara “si los hechos configuraban una infracción a normas electorales”, cosa que el magistrado no hizo. Por eso, los camaristas Rodolfo Munne, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via decidieron remitir el caso al Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de controlar la actuación de los jueces y sancionarlos.
Los camaristas sostuvieron que “en materia electoral los principios de inmediatez y celeridad son de insoslayable observancia”.
Pretender supeditar la investigación a los resultados de una causa penal -con los tiempos que suelen tener estos expedientes- podría demorar años una respuesta en el plano de lo electoral. Así, los casos terminan volviéndose abstractos.
Más allá de este caso, fuentes de la Cámara relataron al diario La Nación que existe una preocupación en el tribunal por hacer más eficiente el castigo contra las prácticas clientelares, en el convencimiento de que son hoy los métodos más difundidos para inclinar de forma ilegítima la voluntad de los votantes.
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