A poco más de dos semanas para la celebración de la Navidad, cuando en la ciudad se prepara el estreno de una nueva modalidad de festejo, esta vez, sin el marco de las tradicionales explosiones de pirotecnia, la que comenzó a hacer ruido es la polémica.
Alrededor de una docena de comerciantes locales, con trayectoria en el rubro, ya que lo desarrollan de forma permanente, resolvió acudir a la vía legal y buscar respaldo en la CAEFA para llevar adelante un recurso de amparo ante la Justicia en contra de la ordenanza municipal N° 5.398 que prohíbe el uso y la venta de pirotecnia y cohetería, ya que consideran que “vulnera los derechos consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional”.
Son una docena, pero a fin de año la habilitación para la venta de estos elementos solía trepar a más de 200 en la Capital, por lo que su impacto es significativo.
PROHIBIDO PROHIBIR
El titular de la CAEFA, Mario Ruschin, junto al secretario de la entidad Hernán Antonini, y un grupo de comerciantes de La Rioja, sostuvieron que “la ordenanza municipal prohíbe lisa y llanamente el ejercicio de una actividad totalmente lícita y autorizada por la ley nacional N° 20.429 (Ley Nacional de Armas y Explosivos), contrariando una ley de rango superior”.
Para los representantes, esta situación “afecta derechos constitucionales de los comerciantes, como el derecho a trabajar y ejercer una industria lícita”. Por tanto, “se está aplicando una ordenanza que es manifiestamente inconstitucional”, expuso.
Argumentaron por otra parte, que “los concejales que diseñaron y sancionaron la misma se han excedido en sus facultades, lo mismo que el Ejecutivo al haberla promulgado y estar aplicándola”. En este sentido, señalaron que una norma municipal no puede ir en contra una ley nacional, y que a la comuna le corresponden facultades de contralor, “puede regular la actividad comercial, pero de ninguna manera la puede prohibir”.
MEDIDA CAUTELAR
En diálogo con EL INDEPENDIENTE, el apoderado de CAEFA y patrocinante de los comerciantes de pirotecnia locales, Miguel Angel Zárate, precisó que “los comerciantes vienen desde hace meses atrás conversando con miembros del Ejecutivo y del Concejo; a raíz de que su planteo no fue escuchado se inició una vía legal para resolver la cuestión”.
“A través de ella buscamos resguardar los derechos de los comerciantes” -agregó-. Consultado por las expectativas de un resultado a corto plazo, dada la proximidad de las fiestas de fin de año, el abogado indicó que “la acción judicial apunta a que a través de una medida cautelar ellos puedan continuar desarrollando la actividad, posteriormente la Justicia decidirá si la ordenanza es inconstitucional o no”.
Por otro lado, el abogado explicó otro argumento técnico que avalaría el cuestionamiento sobre la validez de la norma y que está relacionado a supuestos defectos formales en la sanción, ya que no estaría asentada en los libros de actas, lo que completa el trámite de aprobación.
Hizo referencia, además, a un antecedente reciente en la provincia de San Juan, donde existió una ordenanza similar que fue declarada inconstitucional, con sentencia firme.
DEBATE ABIERTO
Zárate aseguró que “entendemos los fundamentos de la ordenanza, que tiene que ver con la molestia que puede generar en algún sector de la sociedad o en algunos animales, pero más allá de eso estamos convencidos que la actividad no puede ser prohibida afectando derechos de raigambre constitucional”, reiteró, haciendo mención a la jerarquía que rige el ordenamiento jurídico.
“No es que los comerciantes estén en contra de la molestia que la pirotecnia pueda generar, lo respetan”, aclaró en otro tramo de la entrevista, “por ello han manifestado su voluntad de poder sentarse con las autoridades, a fin avanzar en la sanción de una ordenanza que no lesione derechos, que sea trabajada, profesional, donde se convoque a especialistas en la materia”. El debate, afirman los comerciantes, es entendible, “pero no podemos llegar a un límite de prohibir una actividad o industria lícita”.
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