La concentración se realizará en la Universidad Nacional a las 17, y se espera una afluencia masiva, tal como sucedió la semana pasada con el abrazo simbólico al edificio.
Los manifestantes recorrerán la avenida Carlos Menem hasta dirigirse hacia Perón, luego se dirigirán por calle Vélez Sarfield para caminar por Irigoyen en dirección a la plaza 25 de mayo. Posteriormente se concretará la lectura de documentos para finalizar la actividad.
A continuación el escrito que difundieron desde la Casa de Altos Estudios:
En defensa de la Universidad y la Educación Pública, Gratuita, Laica e Inclusiva
Los/as docentes de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), del Colegio Preuniversitario Gral. San Martín y del Hospital de Clínicas de Fátima abajo firmantes venimos llevando a cabo, desde hace cuatro semanas consecutivas, un plan de lucha en defensa de la Universidad y la Educación Pública, Gratuita, Laica e Inclusiva como respuesta al ajuste que aplica el Gobierno Nacional sobre nuestros salarios y el presupuesto del área. Hemos decidido, en asambleas, realizar como medida de fuerza un paro activo, por lo que proponemos a diario actividades, charlas, clases públicas, entre otras acciones, para acompañar la medida y visibilizar la crisis en el sector. Reclamamos actualización de nuestros salarios acorde a la inflación y todos los puntos reivindicados por las Federaciones docentes a las que pertenecemos, incluido un mayor presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Técnica.
En los últimos días, asistimos a una virulenta campaña de desprestigio de nuestra lucha, basada en mentiras y tergiversaciones sobre la información real, que realizan voceros/as locales y nacionales del Gobierno en pos de estigmatizar, deslegitimar y desvirtuar nuestro reclamo. En lo local, desde perfiles truchos en redes sociales, y en nombre de nuestros/as estudiantes, difunden datos erróneos y descontextualizados que, de forma directa, nos atacan. Esto tiene consonancia con discursos de legisladores y representantes de la alianza que nos gobierna. Por ello, nos vemos en la obligación de aclarar ciertos aspectos y datos alterados por el gobierno y sus cómplices. A la mentira, le respondemos con información contrastable.
Somos más de 50 Universidades Nacionales las que estamos en conflicto y en crisis. Este problema que enfrentamos, por lo tanto, no es solo local, sino nacional.
Uno de los puntos que se ha puesto en cuestión aquí, en nuestra provincia, pero también en otros lugares del país, para deslegitimar la lucha docente, está relacionado con la distribución y transparencia en la aplicación del presupuesto universitario. En este sentido, es preciso aclarar que la responsabilidad por el presupuesto de las Universidades y la negociación de salarios docentes la tiene exclusivamente el Gobierno Nacional. Las casas de altos estudios, lo que hacen, mediante sus órganos colegiados, es aprobar la distribución del monto que se les asigna en el presupuesto general de la Nación. En nuestro caso, la distribución del presupuesto 2018 se aprobó en el Consejo Superior, por mayoría, mediante las ordenanzas 642/17 y 654/18. Además, cabe resaltar que, en cualquier caso, existen organismos específicos de contralor de la legalidad de la ejecución presupuestaria, y no somos los/as docentes encargados/as de ello.
En la misma línea, se ha difundido que el presupuesto de la UNLaR aumentó un 170 por ciento de 2015 a 2018. Hay que destacar que la inflación en el mismo periodo es del 145 por ciento, la devaluación del dólar 244 por ciento, a lo que se suman los tarifazos, entre otros rubros, en la energía eléctrica de 1700 por ciento promedio y el gas en 1400 por ciento (solo por poner ejemplos), por lo que cualquier intento de enunciar este ajuste presupuestario como aumento es mentiroso y engañoso. A esto se debe agregar que una cosa es el presupuesto que se aprueba para cada año, y otra muy distinta es lo que el Poder Ejecutivo envía durante el año para su ejecución, que nunca coincide con lo que establece la Ley de Presupuesto, y de esta forma incumplen también, quienes nos gobiernan, con los deberes de funcionarios públicos. La versión tergiversada, lamentablemente, ha sido reforzada, incluso por legisladores nacionales por nuestra provincia, nos referimos al Senador de la alianza Cambiemos Julio Martínez, quien ha manifestado en medios locales que “el presupuesto de la UNLaR está mejor que antes”. Falso.
Otro de los asuntos que se nos endilga es el exceso de docentes y, acorde a lo afirmado públicamente por el diputado nacional por Entre Ríos, representante de la alianza Cambiemos, Albort Cantard, se indica en diversas publicaciones locales que en nuestra UNLaR sobrarían docentes. Los datos que usan para sostenerlo son, al menos, falsos y sin sustento estadístico. En nuestra institución, como en el resto de las casas de altos estudios de este país, la planta docente cubre no solamente el dictado de clases frente a alumnos (1 docente cada 10 estudiantes -10,5 para ser exactos-) sino también actividades y proyectos de Extensión Universitaria e Investigación. Vale esclarecer, además, que para todas las ofertas de formación que viene garantizando esta institución de estudios superiores debe haber dos profesores/as en cada propuesta curricular, sean 10 o 290 los anotados/as a las mismas, es decir, la información de relación estudiante-docente no es generalizable en ningún caso.
Circula, en el mismo tenor y con el objetivo de desvirtuar las demandas, que la responsabilidad de lo que los aliados de Cambiemos consideran gasto innecesario, se debe a la incorporación de estudiantes extranjeros/as en nuestras aulas. Eso es falso también, por lo menos, en dos sentidos. Uno es de orden constitucional, dado que todas las personas que habitamos este país tenemos derecho a la educación pública, laica y gratuita. Otro, tiene que ver con la escasa representación de extranjeros/as frente a la matrícula general: representan sólo el 1.2 por ciento. La inclusión de estudiantes de otros países es por nosotros/as celebrada, no solo porque su participación y vida en nuestras comunidades activan el circuito económico y el desarrollo local de la provincia y municipios donde habitan, sino también porque comparten con nosotros/as su cultura, sus formas de entender y transitar la vida y, en definitiva, enriquecen la diversidad cultural en nuestras aulas, clases, propuesta y proyectos.
Nosotros/as somos trabajadores/as del sistema público educativo de este país. No podemos dejar de observar con preocupación los cuestionamientos maliciosos que emergen de voceros/as del Gobierno Nacional que pretenden negar nuestro derecho a un salario digno, actualizado al escenario inflacionario librado al azar que se nos presenta en la actualidad, como tampoco podemos permitir que se nos obligue a trabajar en condiciones de precariedad producto del ajuste que aplican en el presupuesto universitario, dado que nuestras tareas, sin recursos, se ven restringidas y limitadas.
Exigimos una pronta resolución del conflicto y respuestas a nuestras demandas. Como indica el pedagogo brasileño Paulo Freire, en la obra Cartas a quien pretende enseñar, la tarea de enseñar no es un quehacer de seres pacientes, dóciles, acomodados, portadores de una misión tan ejemplar que no se puede conciliar con actos de rebeldía, de protesta, como las huelgas – por ejemplo- a las que, de hecho, reivindicamos. “La de enseñar es una tarea profesional que exige amorosidad, creatividad, competencia científica, pero que rechaza la estrechez cientificista, que exige la capacidad de luchar por la libertad sin la cual la propia tarea perece”, subraya el maestro. En este sentido, no renunciamos, y reclamamos nuestro derecho a una vida digna, a un trabajo en condiciones óptimas. La docencia no es voluntariado, como se ha pretendido instalar desde el aparato gubernamental en el último tiempo, es un trabajo y, por estos días, un trabajo mal pagado.
El único responsable del vaciamiento y el desfinanciamiento de las Universidades es el Gobierno Nacional. Empecemos a llamar a las cosas por su nombre y a poner las responsabilidades en su lugar.
Junto a nuestra comunidad, ratificamos el plan de lucha acordado y enfatizamos que no vamos a ceder, que no vamos a soportar callados/as nunca más la violación de nuestros derechos y la afrenta sobre el derecho a la Educación pública, gratuita, laica e inclusiva de toda la sociedad argentina. La Educación y la Universidad Pública no se negocian, se defienden.
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