El titular de la cartera de seguridad aclaró que la justicia no requiere que exista un peligro real o un artefacto explosivo para actuar contra los responsables. Según explicó, la ley es clara al sancionar la alteración del orden público: «No necesitamos un resultado material para que se materialice el delito, solo basta con generar desorden y temor». Hasta el momento, los peritajes se centran en teléfonos celulares secuestrados para determinar el alcance de las comunicaciones.
Uno de los puntos más firmes de su declaración fue la responsabilidad económica que recaerá sobre las familias de los implicados. Zárate propuso que los progenitores asuman los costos operativos que estos incidentes demandan al Estado. «Los padres son responsables civiles de los daños que puedan generar las acciones de sus hijos; ayer propuse que los padres puedan responder por los daños que realicen los alumnos», afirmó.
En cuanto a la prevención, el ministro instó a los tutores a involucrarse activamente en el comportamiento digital y social de los menores. El funcionario subrayó que, más allá de las causas judiciales, el entorno familiar es la primera barrera contra estas conductas. «Los padres deben poder hablar mucho sobre estos temas con sus hijos», enfatizó, al tiempo que recordó que cualquier ciudadano tiene la facultad de denunciar estos hechos.
Finalmente, se informó que las autoridades educativas ya analizan los pasos a seguir con los alumnos identificados, aplicando protocolos interdisciplinarios que podrían derivar en severas sanciones disciplinarias. Por ahora, las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevos allanamientos mientras se procesa la información de los dispositivos móviles incautados.
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