Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien sostuvo que La Rioja «no crece por una cuestión ideológica», instalaron un debate que excede la coyuntura política. Porque la pregunta ya no es solamente qué piensa cada dirigente sobre el rol del Estado, sino qué muestran los hechos.
Pero los hechos, cuando se analizan a partir de datos oficiales, ofrecen una perspectiva diferente.
Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, La Rioja atravesó uno de los períodos más complejos de la historia reciente. A pocos meses de iniciada la gestión del gobernador Ricardo Quintela, la provincia debió enfrentar primero la epidemia de dengue y, casi de inmediato, la pandemia de COVID-19, una crisis sanitaria sin precedentes que paralizó la economía mundial y obligó a redefinir las prioridades de todos los gobiernos.
Sin embargo, aun en ese contexto extraordinario, el Estado provincial no limitó su acción únicamente a administrar la emergencia. Paralelamente desplegó un proceso de inversión pública, fortalecimiento de los servicios esenciales y desarrollo de infraestructura que quedó documentado en el Balance de Gestión 2019-2023. Ese documento, elaborado por la propia Provincia, constituye hoy una radiografía de las políticas implementadas durante esos cuatro años y permite evaluar con datos concretos el rumbo que siguió La Rioja.
El punto de partida
El propio Balance recuerda cuál era el escenario con el que comenzó la gestión en diciembre de 2019.
Describe una provincia afectada por la paralización de la obra pública nacional, el deterioro del empleo, el incremento de la pobreza y el aumento del costo de los servicios públicos. Sobre ese diagnóstico se definieron tres prioridades que atravesarían toda la gestión: pan, techo y trabajo.
No fue solamente una definición discursiva.
Las primeras medidas apuntaron a sostener el consumo interno mediante programas de precios, fortalecer la asistencia alimentaria, recuperar obras paralizadas, proteger el empleo industrial y poner nuevamente en funcionamiento proyectos que habían quedado detenidos.
En materia tarifaria, por ejemplo, la Provincia implementó una moratoria energética que permitió regularizar la situación de más de 2.000 familias y restablecer el servicio eléctrico a hogares que habían quedado excluidos. También creó una tarifa diferencial destinada a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, buscando amortiguar el impacto de los incrementos tarifarios.
Al mismo tiempo comenzaron a reactivarse obras estratégicas para el desarrollo provincial.
Entre ellas se destacan la continuidad del gasoducto Casa de Piedra-Chamical, la Línea de 132 kV entre Chamical y Chepes, la conexión vial entre la Capital y Chilecito, el camino Capital-Sanagasta mediante túneles y la continuidad del Paso Internacional por Santo Domingo, infraestructura concebida para mejorar la integración territorial y potenciar el desarrollo productivo.
Gobernar en medio de una pandemia
Pero apenas iniciado ese proceso apareció un hecho inesperado. Primero fue el dengue. Luego, el coronavirus.
La Rioja debió reorganizar completamente su estructura sanitaria mientras el mundo se paralizaba.
El Balance de Gestión muestra que durante la epidemia de dengue el Gobierno desplegó campañas de fumigación, descacharreo, educación comunitaria y prevención que permitieron controlar el brote y evitar que la enfermedad interrumpiera el funcionamiento de la provincia. Entre mayo de 2021 y fines de 2022 no se registraron casos confirmados de dengue, luego de que en 2020 se hubieran contabilizado 5.607 casos confirmados sobre un total de 5.973 notificaciones.
Poco después llegó la pandemia de COVID-19.
Mientras gran parte del país permanecía bajo aislamiento, la Provincia organizó un operativo sanitario de enorme escala.
Los equipos territoriales recorrieron más de 100.000 hogares en toda La Rioja.
Ese trabajo permitió detectar más de mil personas sintomáticas, activar rápidamente los protocolos de aislamiento y organizar un sistema permanente de seguimiento domiciliario para reducir la propagación del virus.
Paralelamente se creó la línea telefónica 0800 COE, se puso en funcionamiento el Sistema C-19 para centralizar la información sanitaria, se organizaron brigadas de atención domiciliaria conocidas como «Coronataxis», se fortalecieron los Comités de Emergencia en todos los departamentos y se conformó un equipo específico de salud mental para asistir a la población durante el aislamiento.
La respuesta no fue solamente sanitaria. También fue económica.
Durante la emergencia se creó un Fondo Solidario Provincial financiado con aportes de funcionarios, se suspendieron los cortes de los servicios públicos por falta de pago, se declaró la emergencia económica para los sectores más afectados y se implementó el programa Asistencia Solidaria Riojana, mediante el cual trabajadores de la economía informal, taxistas, remiseros, guías de turismo, gimnasios y otras actividades recibieron una ayuda extraordinaria de 5.000 pesos para afrontar el período de paralización.
Mientras tanto, la provincia comenzaba a preparar el proceso de vacunación masiva.
Un Estado que siguió invirtiendo
Lo más llamativo del Balance de Gestión es que, aun atravesando la emergencia sanitaria más importante del último siglo, el Gobierno provincial no detuvo la ejecución de políticas estructurales. La pandemia obligó a redefinir prioridades, pero no paralizó el proyecto de infraestructura.
De hecho, mientras el sistema sanitario enfrentaba el COVID-19, la Provincia continuaba avanzando en la expansión de redes de agua, en obras energéticas, en la construcción de viviendas, en la recuperación del empleo privado, en el fortalecimiento de empresas públicas y en la ejecución de proyectos destinados a ampliar la matriz productiva.
Esa combinación entre gestión de la emergencia e inversión para el desarrollo constituye uno de los rasgos centrales del período 2019-2023 y será el eje de los capítulos siguientes.
Porque una vez superada la crisis sanitaria comenzó a consolidarse un proceso que el propio Balance resume en cientos de indicadores: crecimiento del empleo privado registrado, miles de soluciones habitacionales, expansión del sistema de salud, cientos de obras hídricas, fortalecimiento de la educación, desarrollo energético, recuperación del transporte público, impulso a la producción, inversiones en turismo, cultura, deporte, ambiente y el inicio de nuevas áreas estratégicas como el cannabis medicinal y la minería.
Es precisamente sobre esos datos donde aparece el principal interrogante que abre este informe: si entre 2019 y 2023 La Rioja desarrolló políticas públicas en prácticamente todas las áreas de gobierno, ¿es posible explicar su situación actual únicamente por una cuestión ideológica? ¿O resulta necesario analizar qué ocurrió a partir del cambio de política económica nacional iniciado en diciembre de 2023?
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