Redacción de RiojaLibre
El año pasado la UCR enfrentó, por primera vez en más de 25 años, una elección sin tener como candidatos a sus dos máximos referentes (Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria), y los resultados fueron catastróficos: Gustavo Galván quedó a más de 35 puntos porcentuales de la disputa de las bancas en el Congreso, y Nazareno Rippa no logró ninguna de las ocho bancas que se disputaron en la Legislatura Provincial.
Es por ello que puertas adentro del partido centenario se habría tomado la decisión de ‘volver a la receta’ que le garantizó éxito durante más de dos décadas en La Rioja: Julio y/o Inés candidatos. Con Mashasha alejado de la vida política, el peso recae sobre la figura de la ex Intendenta, quien claramente recogió el guante y está dispuesta a recuperar protagonismo para posicionarse de cara a las elecciones del año que viene.
Quizás el método para hacerlo no se el ideal: show mediáticos y descaradas críticas a su sucesor en el Municipio Capitalino. Brizuela y Doria quedará en la historia reciente como la peor Intendenta de la Ciudad, o por lo menos la que logró multiplicar la cantidad de baches. Su derrota en 2023 se debe casi exclusivamente al rechazo de los capitalinos a su pésima Gestión. Por eso resulta insólito que sea ella quien cuestione la falta de bacheo:
Al desfachatado perfil crítico se le suma una deseperada estrategia por acaparar minutos de cámara, aunque ello implique impedir un operativo policial para provocar a las fuerzas policiales ya la Justicia.
El caso que involucra a la dirigente radical Inés Brizuela y Doria escaló en las últimas horas de un episodio policial en la capital riojana a un conflicto institucional de alcance nacional. La abogada, exintendenta de la ciudad de La Rioja, exsenadora y exdiputada nacional, y actual vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) nacional, denunció haber sido detenida de manera «ilegal y partidaria» durante una asamblea ordinaria del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, mientras cumplía funciones de defensora letrada de uno de los integrantes de esa entidad.
Sin embargo, según Según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal (Fiscal Luis González Aguirre) Inés Brizuela y Doria intentó impedir el avance de la justicia de manera física. “Ella obstaculizó el traslado del ciudadano detenido. Dijo que se iba a tirar sobre el móvil si se lo llevaban, empujó al móvil y antepuso su persona ante los oficiales”, relató el funcionario.
Ante la resistencia de la letrada, el Ministerio Público Fiscal debió tomar medidas para garantizar que el detenido fuera trasladado a la dependencia correspondiente. González Aguirre aclaró que, pese a los incidentes y el forcejeo reportado, la decisión no fue privarla de su libertad de forma permanente: “No se ordenó la detención de la abogada, sino que se aplicó una medida momentánea” para permitir la salida del vehículo policial.
El fiscal también se tomó un momento para responder a las versiones que sugerían una persecución con trasfondo partidario debido a la relevancia pública de los actores involucrados. Con firmeza, descartó cualquier tipo de presión externa al asegurar: “Nadie de la política me llamó, de ningún sector ni partido. Actué de modo objetivo aplicando todo lo que la ley indica”, buscando así desmarcar el caso del ámbito político-electoral.
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