Cuántos pobres hay en la Argentina sigue siendo una incógnita, al menos si se espera a tener datos oficiales. El nuevo índice de precios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no se conoce aún, y de esa variable depende en parte la medición de la realidad social, ya que la tasa de pobreza indica qué porcentaje de personas vive en hogares donde los ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica.
En base a encuestas telefónicas y al valor de un conjunto de bienes básicos que a diciembre pasado costaban, en promedio, $ 14.285 para una familia, la consultora mendocina Evaluecon estimó la cantidad de personas pobres por provincias. Con el 54,2% de su población bajo la línea de pobreza, Chaco encabeza ese nada envidiable ranking, según indica La Nación.
En el “mapa federal” le siguen Santiago del Estero, con 50,3% y Jujuy, con 48,5 por ciento. Los lugares donde la situación es más aliviada son la ciudad de Buenos Aires, con 16,6%; Tierra del Fuego (18,9%) y Santa Cruz (21,9%). La pobreza promedio para todo el país que estima Evaluecon es de 35% para el año 2015.
Los índices se elaboran teniendo en cuenta una encuesta telefónica en grandes centros urbanos, rurales y suburbanos, hecha a personas mayores de 18 años de todas las provincias del país (150 utilizables por jurisdicción).
El mencionado valor de la canasta básica usado para el cálculo (se cruzan datos de ingresos con ese costo) es el que Evaluecon considera el “mínimo e indispensable que necesita una familia tipo para vivir dignamente, en base a los niveles de consumo alimentario nutricionales mínimos requeridos”.
José Vargas, director de la consultora, agrega que la construcción del índice es multifactorial, porque toma en cuenta si los encuestados tienen trabajo formales o no, cómo es su vivienda, su nivel educativo y el ingreso per cápita familiar.
Los precios surgen de relevamientos en supermercados, almacenes, verdulerías, farmacias y negocios de indumentaria, y los datos de los ingresos familiares (tanto formales como informales), de las encuestas.
Catamarca (con una tasa de 45,4%), Corrientes (43,3%), Misiones (41%) y La Rioja (40,4%) son las otras jurisdicciones en las que cuatro o más de cada diez habitantes no tienen condiciones dignas de vida.
Por sobre el nivel de 30% y siempre según el trabajo de Evaluecon están: Tucumán (38,9), Salta (37,5), Entre Ríos (36,6), Buenos Aires (36,1), San Juan (35,7), Río Negro (34,8), Mendoza (33,5) y Santa Fe (32,3). Perforan ese piso San Luis (29,9), Córdoba (27,2), La Pampa (24,9), Chubut (22,2) y Neuquén (22,1).
Para los próximos días está prevista la difusión de otro índice de pobreza: el calculado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que para 2014 había estimado que 28,7% de la población era pobre. Con el empleo estancado y un elevado nivel de inflación, las expectativas de lo que puede haber ocurrido el año pasado no son favorables. Para Agustín Salvia, director del Observatorio, cuando se observa esta problemática según jurisdicciones puede analizarse que los gobiernos provinciales pueden intervenir en dos de los factores que determinan la pobreza medida por ingresos: los precios y el nivel de actividad económica, que se traduce en demanda de empleo.
Evaluecon describe que en los últimos tres años, en la mayoría de las provincias la cantidad de trabajadores estatales creció por sobre los del sector privado:
Desde el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) -que elabora un índice de precios barrial-, Pablo Gallo estima que con la dinámica de los precios en los últimos meses, la pobreza a nivel país debe estar en los mismos niveles de 2014, alrededor del 30% de la población, “con lugares donde se agudiza el problema”.
En Córdoba, provincia productora de alimentos, la canasta es $ 300 más cara que en Salta: “La brecha se relaciona con el sistema impositivo; la presión tributaria cordobesa se duplicó en términos del producto en la última década”, dice Gallo.
El Cippes es autor de la idea sobre la que se basa el proyecto de ley para devolver 15 puntos del IVA de los productos de la canasta básica a quienes cobran la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan Progresar.
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