Llanos, es calificado como el presunto organizador de las estafas. A Quinteros, se le atribuye el rol de partícipe primario. La estrategia delicitiva, consistía en ofrecer adjudicaciones de viviendas sociales construidas por el Estado provincial. Los interesados, entregaban una parte del total del inmueble y quedaban a la espera de la entrega de la adjudicación, para luego re-negociar la deuda. La sumatoria de los montos de dinero que Llanos habría recibido, superarían el millón de pesos.
En algunas negociaciones, los damnificados le entregaban a Llanos 50 mil pesos para que el trámite se concrete sin demoras, pero eso nunca sucedió. Otros, reunían desde mil hasta 30 mil pesos para no quedarse fuera del negocio. La investigación, sostiene que los damnificados eran parte de adjudicaciones de viviendas construidas por la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (A.P.V.y U), quienes habrían adquirido el derecho, por un proceso de licitación.
El ofrecimiento de viviendas sociales, se produjo entre los años 2008 y 2009. Precisamente, en septiembre de 2009 se descubrió el negocio, porque los damnificados se quejaron ante la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, que en ese momento tenía como máximo referente al actual diputado nacional, Javier Tineo, que llegó a ocupar el cargo de ministro de Infraestructura.
La denuncia penal, es iniciada por María Inés Frasca, en su carácter de Directora General de Despacho, del Ministerio de Infraestructura de la Provincia.
Según la investigación judicial, “las víctimas reclamaban la entrega de una casa, diciendo que el dinero no les interesaba si tenían la vivienda, dado que ellos decían tener documentación oficial”, perteneciente a la APVyU.
En la denuncia del caso, se consignó que los damnificados “aseguraron que este tipo de operatoria y adjudicaciones, venía de larga data y que estarían en conocimiento de la misma, muchas personas.
LA ESTRATEGIA
El “modus operandi” de las estafas, consistía en presentar documentación con los sellos de Vivienda, y así garantizar que el negocio era legal. Sin embargo, se determinó que el membrete utilizado en los papeles, es anterior a la creación del Ministerio de Infraestructura. Asimismo, el sello con la firma del entonces ministro Tineo, también sería falso porque el registro utilizado por el funcionario desde la creación del Ministerio era: “Ing. Javier Tineo – Ministro de Infraestructura – Administrador Provincial V.y U. La Rioja”.-
En la documentación que entregaban los imputados, el sello del ministro tenía como leyenda: “Ing. Javier Héctor Tineo Administrador Provincial de Vivienda y Urbanismo”.
La documentación analizada, tenía como referente un programa de viviendas que habían sido entregadas en 2005.
A LA ESPERA DEL JUICIO
Llanos, permanece detenido en el Servicio Penitenciario Provincial y padece una lesión en el cuerpo, que le dificulta caminar. Quinteros, goza de prisión domiciliaria. Ambos, se verán las caras en el banquillo de los acusados. Es toda una incógnita saber si declararán en el debate o bien guardarán silencio.
El juicio, comenzará el próximo lunes, a las 16:00 horas. Ese será el horario fijo que tendrá el proceso, puesto que el Tribunal está conformado por dos jueces civiles y un juez penal. La decisión de hacer las audiencias por la tarde, responde a que los jueces civiles, no posterguen sus actividades, porque el juicio será prolongado.
EL CONTADOR QUE NO ERA
Esta causa tiene varios sucesos de relevancia, como lo fue la detención del contador Roberto Soria, quien era sindicado como presunto cómplice de Llanos en las negociaciones. Sin embargo, la investigación determinó que Soria, no era la persona que buscaban, puesto que su identidad había sido falsificada.
El juez penal, Héctor Barría, le otorgó falta de mérito, porque no había evidencias para procesarlo. La hipótesis que existe sobre contador, oriundo de Santiago del Estero, es que alguien utilizó su número de matrícula e identidad para realizar los negocios ilegales.
“El que menos conoce lo que pasó soy yo. He pasado una injusticia, una pesadilla. Salí de mi casa para cumplir con mi trabajo y me detuvieron por algo que habría cometido en La Rioja», expresó Soria cuando recuperó la libertad, en diciembre de 2009.
RECHAZAN PROBATION
Otro antecedente del caso Llanos, es que el juez penal, Mario Martínez, rechazó en septiembre de 2010, una solicitud de suspensión del debate propuesto por el abogado, Jorge Cáceres, defensor de Llanos. El imputado, se comprometía a reparar el daño causado en las presuntas estafas a unos 30 damnificados.
La Fiscalía, consideró que el pedido no era procedente, porque en este sentido, el Ministerio Fiscal en su dictamen opositor, indicó al juez que “la reiteración delictiva, el involucramiento del Estado Provincial, la explotación de una necesidad importante para las víctimas, el volumen del daño patrimonial, su calidad de empleado público, la afectación de la imagen de la administración pública y la repercusión social de esta causa; son circunstancias de pena superior a los 3 años, cuya escala es de 1 mes a 36 años de prisión, por lo cual, existe una imposibilidad objetiva de que el cumplimiento de la futura pena, sea suspendida”.
0
0
